Según el último censo de 2012, en el Paraguay viven 117.150 indígenas, que conforman 19 etnias. Están diseminados en 13 departamentos y en Asunción. Estos nativos –de acuerdo a la misma fuente– tienen 960.000 hectáreas de tierras tituladas y cerca de 150.000 hectáreas reivindicadas como territorio ancestral, cuya titulación reclaman.
Unos 3.000 se han instalado en Asunción y sus alrededores y son conocidos hoy como “nativos urbanos”. Son los que han abandonado sus comunidades por la presión campesina, la agricultura mecanizada y por disputas entre los mismos nativos, como cuando un líder alquila la tierra y solo un grupo se beneficia con el dinero que ingresa a la comunidad, mientras el resto abandona su hábitat para refugiarse en ciudades como Asunción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación o Caaguazú.
El mayor drama de los indígenas es no saber aprovechar la tierra. Hay comunidades con más de 1.000 hectáreas y con menos de 20 familias, y que al tener tantas tierras improductivas, las alquilan, lo que está prohibido por la misma Constitución.
Los gobiernos de turno nunca tuvieron una política eficiente para que estos nativos aprovechen las tierras que están a su nombre. Falta una política con proyectos para aprender la agricultura o alguna otra actividad, y vivir de su trabajo. Esto ha llevado a nuestros nativos a ser mendigos en su propia tierra. Puede recordarse que el expresidente Fernando Lugo afirmó en su oportunidad que los niños de la calle y los indígenas iban a merecer su atención prioritaria, pero en el tiempo en que estuvo en el poder no se vio acción alguna que permitiera pensar en la sinceridad de su promesa.
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En cuanto al drama de la presencia de los nativos en nuestra capital, el 28 de julio del año pasado unos 200 de ellos, de la comunidad Mondaymi, ocuparon la Plaza Uruguaya para exigir que Senavitat culmine la construcción de las 42 viviendas que la entidad estatal les había prometido, según la versión de uno de ellos que invoca la representación del grupo. Ocupando la plaza, gestionan ante Senavitat, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Algunas versiones indican que ciertas autoridades hasta les proveen regularmente de dinero para su subsistencia a fin de que no les causen tantos problemas en sus oficinas.
En noviembre pasado, otras familias nativas (mbya guaraní), originarias del distrito de San Joaquín, desembarcaron también en la plaza citada, para reclamar al Gobierno que les adquiera 1.406 hectáreas –valuadas en cerca de 8 millones de dólares– y la titulación para algunos que ya tienen sus terrenos. Encabeza este grupo el “clan Domínguez”, cuyos miembros son considerados oportunistas, ya que teniendo tierras propias aparecen como gestores para la compra de esa propiedad por parte del Estado.
En la plaza Independencia, frente al Congreso, hace ya muchos meses acamparon alrededor de medio centenar de nativos de la comunidad ava guaraní de Tacuara’i. Estos reclaman la renuncia de la directora del Indi, Ana María Allen, y mantienen bloqueada la entrada del local. Ocasionalmente salen a realizar manifestaciones en las calles céntricas, creando el caos que es ya bien conocido por los asuncenos. Otros dos contingentes, de 12 comunidades de Caaguazú y 10 de Canindeyú, se instalaron también en la Plaza Uruguaya a fin de reclamar 900 y 472 hectáreas, respectivamente. Pero actualmente no pueden realizar sus trámites en el Indi porque su local ¡está bloqueado por los otros nativos! Por tal motivo, este ente estatal está funcionando en una dependencia militar sobre la calle Artigas, ante la evidente indiferencia de las autoridades que deben hacer respetar las leyes.
A fines del 2011, la citada plaza fue enrejada por disposición municipal, repitiendo la experiencia exitosa con la plaza Italia, de pocos años atrás. En el momento en que se inició esta obra, también había indígenas instalados allí, a los que ¡hubo que pagar para que despejaran el sitio! Al año siguiente, con auxilio policial, se desalojó a otros nativos ocupantes. Y así sucesivamente, se repite el mismo cuento, ya largo y agobiante, además de muy oneroso para el habitante de Asunción.
Que los indígenas de cualquier lugar vengan a acampar en esas dos plazas asuncenas es ya, evidentemente, parte de una estrategia asumida, comandada por gestores especializados en estas operaciones. Traen especialmente a mujeres con sus hijos pequeños en deplorable estado de suciedad y desorden, se instalan las precarias tiendas, improvisan sanitarios en cualquier parte y se asean, mal que mal, en los grifos de las calles.
Despertar la compasión –el aichejáranga– de las personas caritativas es parte de la estrategia. Exhibiendo su lastimosa precariedad, reciben asistencia solidaria. De este modo se van acostumbrando viciosamente a esta deprimente forma de vida. De personas pobres pero dignas en sus lugares de origen, vienen a la capital a convertirse en mendigos.
Pero las cosas se vienen desbordando y, en este mismo momento, algunos de los grupos indígenas han comenzado a realizar actos violentos, como bloquear el tránsito o el ingreso a algunos de los organismos públicos involucrados en la problemática. Hoy son el Indi, el Indert; mañana podrá ser cualquier otra institución.
Simultáneamente, en un lugar del distrito de Carlos A. López se enfrentan un empresario agrícola, quien afirma ser propietario de las tierras que explota, y la comunidad ava-guaraní Makutinga, que reclama para sí una parte de ese mismo inmueble. En este caso, como en muchos otros similares, el conflicto no hubiera surgido si los títulos de propiedad fuesen indubitables.
En fin, estos problemas, que ya tienen larga data, suman y siguen, sin que se avizoren soluciones.
¿Tendremos alguna vez una política indigenista realmente eficaz, equitativa y practicable, capaz de resolver, de una vez por todas, la ya vieja e insostenible situación de las comunidades nativas con problemas legales, dificultades económicas y de muchas otras índoles, a las que se sumó, en los últimos años, el vicio de la mendicidad, del clientelismo político y algunos más? No lo sabemos, porque las actuales autoridades parecen continuar con la larga siesta y la indiferencia que caracterizaron a las anteriores.
El Gobierno de Mario Abdo Benítez parece que tampoco incluyó en su agenda la problemática indígena, por lo que probablemente tendremos muchos años más a los indígenas en nuestras plazas y calles.