Los ministros de la Corte Suprema de Justicia –Luis María Benítez Riera (presidente), Antonio Fretes, Óscar Bajac, Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta, Miryam Peña, Raúl Torres Kirmser, César Garay Zuccolillo y Gladys Bareiro de Módica– se niegan a confirmar en el cargo de agente fiscal a Luis Piñánez, de extensa e impecable trayectoria en el Ministerio Público. La unánime renuencia, aún no formalizada mediante un acta, responde a que dicho agente fiscal imputó el 25 de abril de 2016 al ministro Blanco por el delito de prevaricato, que habría cometido en 2014 al admitir ilegalmente, al igual que su excolega Víctor Núñez, un recurso de casación planteado ante la máxima autoridad judicial, apartándose de lo que él mismo sostuvo en 123 casos similares anteriores.
Se puede entender que el ministro Blanco pretenda vengarse del autor de la imputación, pero de ninguna manera se puede aceptar que sus colegas compartan su mezquindad, empezando por la ministra Pucheta, quien había rechazado el citado recurso de casación, como correspondía. Pasa que los ministros de la Corte tienen un espíritu de cuerpo tan fuerte que no admiten que alguno de ellos –como cualquier otro ciudadano– pueda ser imputado por la comisión de un hecho punible, aunque eso no impediría que siguiera en funciones ni implique su inmediato procesamiento. Los nombrados creen que pueden ser imputados por el Ministerio Público solo tras haber sido destituidos al cabo de un juicio político por haber delinquido en el ejercicio del cargo o fuera de él. Pero, justamente, para eso es que haría falta una imputación fiscal previa, salvo que los diputados deban investigar por sí mismos los hechos y la participación del sospechoso. Si los ministros de la Corte creen que el agente fiscal Piñánez se excedió en el ejercicio de sus funciones, deberían haberlo denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en vez de incurrir en la ruindad de negarle la confirmación en el cargo.
Los máximos jueces se creen intocables. Por eso, puede pensarse que la represalia también es un “sosegate” para fiscales impertinentes, ya que estos podrían encontrarse con otros casos de prevaricato e imputar. Al defender a su colega Blanco, castigando a quien tuvo el coraje de imputarlo, también se están defendiendo a sí mismos, siguiendo aquello de “hoy por ti y mañana por mí”, propio de las organizaciones mafiosas. Quieren que el Ministerio Público y, por extensión, la ciudadanía toda sepan que un ministro de la Corte está por encima de cualquiera mortal, es decir, pueden delinquir dentro o fuera del cargo sin que nadie tenga derecho a investigar; el principio de igualdad ante la ley no rige para ellos. Si ante una simple imputación que afecta a uno se preocuparon tanto en defenderlo, se puede pensar que es porque tienen mucho que ocultar.
Si se concretara tan tremenda canallada en perjuicio del agente fiscal Piñánez, solo cabría concluir que los ministros de la Corte están confabulados con el presunto autor del delito de prevaricato. Otro indicio de que buscan protegerlo es que hasta hoy no han nombrado al juez penal de Garantías que debe remitir a la Cámara Baja el acta de imputación contra el ministro Blanco, si es que halla méritos para ello.
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Estos ministros tan solidarios entre sí y tan inicuos con el agente fiscal son los mismos que en 2014 confirmaron a la jueza Graciela Flores y al juez José Insfrán, denunciados por la propia Corte ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por haber otorgado medidas alternativas de prisión a un procesado por tráfico de cocaína, y que en 2015 también confirmaron a la agente fiscal Mirta Ortiz antes de que la propia Corte resolviera un recurso de casación planteado en el juicio al que fue sometida por quebrantamiento de depósito y tentativa de apropiación. Son también los mismos ministros que se muestran complacientes con los magistrados que toleran las chicanas sistemáticas interpuestas por legisladores y políticos procesados para que ni siquiera se pueda iniciar el juicio oral y público.
Con una Corte Suprema tan desvergonzada como esta, nunca en el país habrá seguridad jurídica para nadie. Solo la tendrán sus propios miembros y quienes estén vinculados con ellos o con el poder político.
Ninguno de esos “intocables” merece seguir formando parte de la máxima autoridad judicial, porque, por acción u omisión, atentan contra la administración de justicia. Los ciudadanos y las ciudadanas también deben poner sus ojos en ellos, y escracharlos como a los políticos caraduras que tanto dañan al país.