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En su discurso de toma de posesión de cargo, el 15 de agosto de 2013, el presidente Horacio Cartes prometió acabar con el azote del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que su predecesor, Federico Franco, había también prometido falsamente “traerlo del jopo”. Para el efecto, el Congreso aprobó con inusitada diligencia la modificación de la Ley Nº 1337 “De defensa nacional y seguridad interna” solicitada por el flamante Primer Mandatario a los efectos de poder cumplir su promesa, supuestamente, con más efectividad. Hacía más de diez años que la banda criminal organizada como grupo terrorista mantenía en zozobra a las poblaciones de la zona norte del país, en particular en los departamentos de Concepción y San Pedro, por lo que la promesa del Presidente de la República de que la gavilla de facinerosos no le iba a marcar la hoja de ruta a su Gobierno fue recibida con complacencia por la ciudadanía.
Sin embargo, a casi tres años y medio de gestión gubernamental, tal promesa se la ha llevado el viento. A esta altura del tiempo, el desempeño operacional de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) –el comando híbrido compuesto de militares, policías y agentes civiles de la Senad– desplegada en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay continúa siendo tan inoperante como en el principio, mientras que el EPP se muestra cada vez más fuerte y agresivo.
El fracaso de la guerra contra el grupo criminal por parte de las fuerzas de seguridad del Estado no es ficción, como quieren hacernos creer las autoridades responsables de la seguridad interior de la República. Las estadísticas lo confirman. En lo que va del Gobierno del presidente Cartes, el EPP ha asestado 59 golpes, matando a 19 civiles, 8 policías y 13 militares. Un total de 40 personas, frente a las 24 que fueron asesinadas por la gavilla criminal en los diez años anteriores.
La cruel ironía que irrita a la gente es que, pese a tan rotundo fracaso, el presidente Cartes, bajo cuyas directivas opera la FTC, no se ha inmutado en revisar su fallida estrategia de lucha contra el grupo criminal insurgente. Esto, pese a que recientemente ha dado nueva señal de su creciente poderío con el anuncio hecho por las autoridades nacionales de la aparición de un nuevo grupo criminal autoproclamado Ejército del Mariscal López (EML), supuestamente liderado por Alejandro Ramos, un conocido líder del EPP.
La aparición de esta nueva columna terrorista es la prueba de que en la zona norte del país las cosas van de mal en peor. Ínterin, el inoperante ministro del Interior, Tadeo Rojas, y los comandantes militares de la FTC se han asido a un ridículo chivo expiatorio para excusar su inutilidad: la falta de colaboración de la población de la zona para obtener información sobre los movimientos del EPP. Por debajo de este vulgar rezongo semántico subyace una gran verdad: ante la manifiesta incapacidad de la FTC para brindar seguridad a la gente del lugar, ellos han optado por la sombrilla protectora del EPP. Esta es una verdad de perogrullo.
Aparte de su inutilidad operativa, la FTC ha cometido el error estratégico de no haber procurado en su momento ganarse el corazón y la mente de la población, como condición sine qua non de éxito contra el grupo criminal insurgente. Por el contrario, desde el inicio de su actuación, los componentes de la FTC se han caracterizado por su arbitrariedad y prepotencia, irrespetando los derechos humanos de los humildes lugareños, irrumpiendo en los vecindarios y asentamientos, y golpeando sus puertas a las dos de la mañana, guiados por informaciones falsas o mal procesadas. Así es como fueron ganándose la malquerencia de la población que, a esta altura, está casi enteramente cooptada por el EPP. Y en estas condiciones, la gente cree que lo más conveniente es que el presidente Cartes desmantele la FTC, en vez de gastar tiempo y dinero inútilmente.
Pero he ahí un enigma: ¿por qué el Presidente de la República se resiste a cambiar la estrategia de su lucha contra el EPP, siendo su fracaso evidente e irreversible, dado el comprobado apoyo de la población a la gavilla criminal? O, lo que es lo mismo, ¿por qué, aparentemente, el Primer Mandatario no tiene la voluntad política de revertir su estrategia de lucha contra esta banda criminal terrorista? La “simpatía” del Gobierno hacia el EPP, recientemente insinuada por el vicario general de la diócesis de Concepción, monseñor Pablo Cáceres, podría ser parte de la respuesta. ¿Pero, por qué?
Dada la penetración que tiene la “narcopolítica” en el gobierno de Cartes, no sería extraño que, mediante una estrategia político-criminal de aproximación indirecta, los narcotraficantes y otras gavillas del crimen organizado transnacional, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), que operan en Brasil y tienen sus tentáculos en Paraguay, estén financiando la actividad criminal del EPP a cambio de protegerlos de las fuerzas de seguridad del Estado, como sucedía en Colombia hasta el acuerdo de paz de las FARC con el Gobierno.
De hecho, es de conocimiento público que la Senad ha constatado que en la zona de influencia del EPP existen decenas de pistas clandestinas que sirven como puntos de destino intermedio de toneladas de cocaína provenientes de Bolivia y Perú, y hasta de Colombia. Con el correr del tiempo, dueños de tales establecimientos forestales y ganaderos se han hecho inclusive de flotas de avionetas dedicadas al transporte de drogas desde los citados países hasta las pistas ubicadas en sus propiedades, lucrando así por partida doble: haciendo flete aéreo y alquilando sus pistas y depósitos a los cárteles de las drogas.
Siendo la inseguridad pública una creciente preocupación de la ciudadanía y la penetración del crimen organizado en nuestro país una comprobada realidad, y dada la indiferencia del Gobierno para tomar las medidas que corresponden, se hace necesario que, como Poder de contrapeso del Ejecutivo, el Congreso tome la iniciativa de interesarse en el tema, conformando una comisión bicameral encargada de investigar exhaustivamente lo que está sucediendo realmente en el norte del país. Para el efecto, debe centrar su foco en el desempeño operacional de la FTC, en la actividad criminal del EPP y el crimen organizado transnacional, así como en la actitud de las poblaciones del norte del país de cara al drama de inseguridad que sobrellevan.
Lo cierto y concreto es que el EPP, con el apoyo de los narcotraficantes, está ganando terreno, y antes de que todo el país caiga en sus garras, los ciudadanos y las ciudadanas deben exigirle al Gobierno medidas concretas y enérgicas que tiendan a su erradicación.