El inicio del año lectivo es ocasión propicia para instar a las comisiones de padres y madres de los centros educativos oficiales del interior del país a que controlen la calidad, la cantidad y la variedad del almuerzo y de la merienda escolares, que las municipalidades y los gobiernos departamentales deben brindar a los alumnos de lunes a viernes.
Son numerosas las denuncias que se han venido haciendo con respecto al incumplimiento de las exigencias legales por parte de las firmas proveedoras y la corrupción rampante en las entidades públicas. Hay fundadas sospechas de que demasiadas veces no se cumple con la exigencia de la Ley N° 1443/99, y de que el sistema de complemento nutricional incluya la provisión de leche enriquecida y un alimento sólido rico en proteínas, con refuerzo de vitamina A y D, hierro y yodo. ¿Realmente se verifica la composición y calidad de los almuerzos y de las meriendas, de tal modo que no solo sirvan para llenar el estómago, sino, sobre todo, también para fortalecer a quienes los consumen?
Más allá del aspecto nutricional de los alimentos, aparentemente también se los ha venido robando en forma descarada, como lo ejemplifica el hecho de que el último 19 de febrero, en un allanamiento practicado en la vivienda de Ramón Franco Acosta, un funcionario del gobierno departamental de Canindeyú, se hallaron 15 cajas de leche destinadas a la merienda escolar. Las cajas habrían sido sustraídas del depósito de la Gobernación ya en octubre de 2015, es decir, antes de que terminaran las clases, sin que nadie se diera cuenta.
Es de suponer que fechorías similares se han venido cometiendo a lo largo y ancho del país, en actos que generan gran repudio porque se están robando productos alimenticios destinados a niños escolares. Esta práctica repugnante tiene que ser combatida con firmeza y erradicada; para que esta cruzada tenga éxito será muy importante la vigilancia que ejerzan los padres y las madres, reclamando su participación en el control de la recepción y el manejo de los insumos.
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En numerosas localidades ni siquiera se ha servido el almuerzo escolar porque supuestamente los recursos del Fonacide previstos para el efecto eran “insuficientes”, pese a que su ley de creación N° 4758/12 ordena que las municipalidades destinen para el efecto el 30% de los ingresos percibidos. Por ejemplo, las del departamento del Alto Paraguay no lo proveen, aunque el año pasado recibieron en promedio unos 500 millones de guaraníes por localidad, lo que obliga a preguntarse qué hicieron con los 150 millones de guaraníes que cada una de ellas debió destinar para que los niños de la educación inicial y de la escolar básica sean alimentados, como mandan las dos leyes citadas.
La respuesta solo puede suponerse, ya que ninguno de los cuatro intendentes que no cumplieron con su obligación –Saúl Bernal (Bahía Negra), Domingo Duarte (Carmelo Peralta), Sergio Cuéllar (Fuerte Olimpo) y Bernardino Garcete (Puerto Casado)– tampoco rindió cuentas a la Contraloría General de la República (CGR), en el último cuatrimestre de 2015. Evidentemente, los pobladores ignoraban que las municipalidades habían recibido tales recursos del Fonacide. En la misma ignorancia estuvo sumida la enorme mayoría de sus compatriotas y, en consecuencia, a las autoridades comunales les resultó muy fácil robar los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda. No solo se dejó de construir y equipar aulas, lo que es malo, sino también de brindar el almuerzo y la merienda escolares, lo que es mucho peor.
Por lo tanto, las comisiones de padres y madres, que a estas alturas ya saben que las municipalidades reciben mucho dinero del Fonacide, deben exigir con firmeza a las autoridades comunales que informen sobre los montos recibidos y los que serán empleados para el almuerzo escolar, para que no vayan a parar otra vez a los bolsillos de las autoridades locales corruptas o sean utilizados para fines ajenos a los previstos en la ley. En esta cuestión están en juego tanto el buen uso de los fondos públicos como la salud de sus hijos e hijas.
Si bien la Contraloría General de la República debe velar por el buen uso de los recursos del Fonacide y el Ministerio Público perseguir a quienes lo malversan, los padres tienen la obligación moral de preocuparse personalmente de que los niños reciban el almuerzo y la merienda escolares, en las condiciones de cantidad y calidad pactadas de acuerdo a la ley en los contratos respectivos. Para muchos alumnos, la alimentación que reciben en los centros educativos oficiales resulta imprescindible para evitar la desnutrición y, desde luego, para aprovechar mejor las enseñanzas impartidas. Por eso, resulta aún más indignante que proveedores privados inescrupulosos, en complicidad con gobernadores e intendentes corruptos, estén proveyendo alimentos nada nutritivos o en mal estado, hasta el punto de que en algún caso estén agusanados, como lo estuvieron algunas galletitas que la Gobernación de Misiones proporcionó el año pasado a un colegio de San Ignacio.
Esto demuestra que sería un error confiar del todo en que el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) efectúe el control de calidad como corresponde, o en que las municipalidades y las gobernaciones verifiquen el fiel cumplimiento de los contratos, o que los alimentos proveídos sean adecuadamente conservados antes de ser consumidos. Por propia iniciativa, los padres y las madres deben poner bajo la lupa todo lo relativo a la adecuada nutrición de sus hijos, ya que de ello depende en gran medida su adecuada formación. Es preciso, pues, que ellos y ellas se involucren sin falta en esta cuestión fundamental, por el bien de los niños y por el manejo honesto de la cosa pública. En algunos lugares, las propias madres intervienen en la cocción de los alimentos, en tanto que en otros esa actividad está a cargo de personas sin responsabilidad que ni siquiera están empleadas en las empresas proveedoras. De hecho, no existe así una práctica uniforme, aparte de que la ley permite que haya una superposición de funciones entre los gobiernos departamentales y las municipalidades, en la medida en que ambos pueden brindar el almuerzo y la merienda escolares.
Para los padres y madres, más allá de los manejos administrativos, lo prioritario debe ser que sus hijos reciban cada día una ración distinta, que se ajuste siempre al contenido nutricional exigido por la ley, que esté bien preparada y sea suficiente. Para que eso ocurra, deben estar muy atentos e involucrarse en todo el proceso, informándose, de entrada, de los fondos disponibles para el almuerzo y la merienda escolares, del proceso licitatorio, y de que quienes ganan las licitaciones no sean vulgares testaferros de capos escondidos en las alturas del poder.
De su estrecha vigilancia dependerá que sus hijos y sus hijas tengan la atención que se merecen.