15 de Noviembre de 2017

 

Los partidos políticos se convirtieron en parásitos del pueblo

En los últimos tres años, las ocho organizaciones políticas representadas en el Congreso recibieron de los contribuyentes, en concepto de aporte estatal, un total de 110.000 millones de guaraníes (casi 20 millones de dólares). Este descomunal monto, según la ley, debe destinarse a actividades específicas bien determinadas, pero de las que la ciudadanía no tiene la menor noticia. No es aventurado afirmar que casi un tercio del dinero público que va a parar a los partidos no es empleado para las actividades de formación, capacitación e investigación ordenadas por el Código Electoral, sino que se agrega a la suma destinada a mantener el aparato o termina en bolsillos privados. En efecto, mientras no se conozca el destino que se da al dinero de todos, la ciudadanía tiene derecho a presumir que una parte considerable –si no todo– del aporte estatal está siendo malversada. Dado lo poco o nada que hacen para cumplir con los fines que les indica la Constitución, los partidos resultan así unos onerosos parásitos. Juan Pueblo no tiene por qué seguir cargando con el financiamiento de unas entidades que solo sirven de trampolín para que muchos sinvergüenzas accedan a jugosos privilegios. 

En los últimos tres años, las ocho organizaciones políticas representadas en el Congreso recibieron de los contribuyentes, en concepto de aporte estatal, un total de 110.419 millones de guaraníes (casi 20 millones de dólares). Este descomunal monto debe destinarse, según la ley, a dar a conocer a los ciudadanos sus programas, propuestas, principios y valores; capacitar a sus simpatizantes y afiliados para el ejercicio de funciones ligadas a los fines de los partidos; investigar la realidad nacional; y solventar sus necesidades operativas y administrativas. El Código Electoral dispone además que al menos el 30% del aporte estatal sea destinado a las tres primeras actividades mencionadas, de cuya realización la ciudadanía no tiene la menor noticia.

Para empezar, ¿está enterado el común de los paraguayos del ideario de aunque sea una sola de las entidades políticas que tienen una banca o de las que no la tienen, pero lograron al menos el 2% de los votos y también reciben el aporte estatal? La respuesta es obvia, pues no se puede informar a la población de algo inexistente de hecho, porque nuestros políticos no tienen ideales sino ambiciones. El ideario-programa del PLRA, por ejemplo, data de 1965 y alude a la desaparecida Alianza para el Progreso –un programa de ayuda de Estados Unidos a América Latina que estuvo en vigencia entre 1961 y 1970–, sin que a sus dirigentes se les haya ocurrido aún actualizarlo, acaso porque el “internismo” no les da tiempo para pensar. Los partidos no se distinguen por sus ideologías, sino por la tradición o el mero deseo de tener uno propio, aunque sus adherentes quepan en un tranvía.

Si son veintisiete los registrados en la Justicia Electoral, las eventuales diferencias ideológicas entre la gran mayoría de ellos serían sumamente sutiles. Esta es la razón por la que los beneficiarios del dinero público tengan serias dificultades para cumplir con lo que manda el Código Electoral en lo que a esta primera cuestión respecta.

En cuanto a la segunda, estrechamente ligada a ella, la Constitución dice que los partidos deben “concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”. ¿Está alguien enterado de que los simpatizantes y afiliados de los partidos sean capacitados por ellos para postularse a cargos electivos, concebir políticas públicas y transmitir a sus compatriotas lo que la Carta Maga dispone sobre los derechos y deberes políticos? De nuevo aquí, es imposible transmitir aquello de lo que se carece, porque no se lo estima relevante: en el Paraguay de hoy, para ser candidato no es necesario saber algo acerca del Estado, pues basta con tener el dinero suficiente para comprar un buen lugar en una “lista sábana”. Los partidos no están interesados en orientar la política nacional sino en proveer de cargos públicos a la clientela de sus dirigentes.

Tampoco les importa mucho que los ciudadanos valoren las instituciones, sino en todo caso que voten, aunque para ello haya que “arrearlos”, según admitió el diputado liberal Sergio Rojas. 

Y en lo que a investigar la realidad nacional respecta, no se conocen publicaciones de los partidos sobre la salud y la educación públicas, sobre la economía y la seguridad, o sobre la política energética y las comunicaciones, entre otras cosas. ¿Para qué investigar esas cuestiones si lo decisivo es llegar al Palacio de López o al Legislativo? Después se podrá improvisar, en el mejor de los casos.

En síntesis, no es aventurado afirmar que casi un tercio del dinero público que va a parar a las organizaciones políticas no es empleado para las actividades de formación, capacitación e investigación ordenadas por el Código Electoral, sino que se agrega a la suma destinada a mantener el aparato o termina en bolsillos privados. 

La ley establece que el aporte estatal será pagado íntegramente solo si, el año anterior, la asignación por parte de los partidos respondió a sus exigencias. Para que la opinión pública quede tranquila, la Justicia Electoral debería brindar un detallado informe acerca de las labores realizadas en los últimos años por cada uno de los beneficiarios del aporte estatal, en lo que hace a los asuntos aquí referidos. Si no lo hace, la Contraloría General de la República podría –o debería– suplir la omisión, suponiendo que está al tanto del uso que se le ha dado al dinero de todos en lo que atañe a las actividades encargadas por el Código Electoral. Mientras ello no ocurra, la ciudadanía tiene derecho a presumir que una parte considerable –si no todo– del aporte estatal está siendo malversada, ya que no ha tomado estado público lo realizado por las organizaciones políticas en materia de formación, capacitación e investigación. Se trata de justificar de cara a los contribuyentes al menos el empleo del 25% (unos 33.125 millones de guaraníes) cobrados por los partidos con representación parlamentaria desde 2015 hasta 2017, sin incluir los gastos irrogados por sus necesidades operativas y burocráticas.

Sería importante conocer estos detalles a más tardar antes de los próximos comicios generales, ya que el Senado está por aprobar un aumento del presupuesto de la Justicia Electoral, en el que está incluido el aporte estatal. Como es de suponer, este es un tema en el que coinciden todos los partidos, incluso los más pequeños, algunos de los cuales podrían haber sido creados solo para percibir ese dinero aportado por los contribuyentes. Nuestro diario se ha venido oponiendo al financiamiento público de los partidos, que también corre por cuenta de quienes no están adheridos a ninguna agrupación, y sostiene que estas organizaciones deben ser sostenidas por sus propios afiliados, así como por los donantes que estén dispuestos a ello hasta el monto previsto en la ley.

Dado lo poco o nada que hacen para cumplir con los fines que les indica la Constitución, los partidos resultan así unos onerosos parásitos. Juan Pueblo no tiene por qué seguir cargando con el financiamiento de unas entidades que solo sirven de trampolín para que muchos sinvergüenzas accedan a jugosos privilegios.

 
 

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