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Las enérgicas palabras que el obispo de Caacupé, Mons. Ricardo Valenzuela, dedicó en su homilía a la desastrosa administración de Justicia, recogidas por los fieles con fuertes aplausos, reflejan cabalmente el hartazgo de nuestra sociedad ante la iniquidad institucionalizada. Su legítima indignación, como la de todas las personas honestas, responde a un estado de cosas cada vez más intolerable. Como bien dijo, “el pueblo está cansado de la injusticia” que implica, en suma, la impunidad de los corruptos vinculados al poder político.
Se corre el riesgo, en efecto, de que los buenos, que hoy se sienten impotentes ante tantos atropellos a la ley y a la moral, sientan la tentación de hacer “justicia por mano propia”. Si se llegara a tal extremo, la culpa recaería sobre quienes, a lo largo de los años, han envilecido el Poder Judicial desde la magistratura, desde el Congreso y desde el Palacio de López. Al incurrir en tamaña infamia, han borrado de hecho el principio de igualdad ante la ley, en favor de unos pocos y en perjuicio de la enorme mayoría.
Nada puede ser más ultrajante para el natural sentido de justicia. Para peor, los beneficiados por esa doble vara suelen ser quienes se enriquecen ilícitamente a costa del interés general, mediante el tráfico de influencias, el soborno o la malversación lisa y llana. La ley no rige para ellos, sino solo para sus víctimas. El obispo instó con toda razón a mirar la Casa de la Justicia y a no permanecer impasibles ante “la desvergonzada corrupción e impunidad a la que se ha llegado”. En verdad, esa casa parece más bien un establo, en el que se prevarica abiertamente, se venden sentencias, se cobran viáticos por viajes no realizados y, de paso, se practican el nepotismo y el prebendarismo.
En última instancia, los responsables de que el Poder Judicial y el Ministerio Público sean una calamidad son los políticos, por así llamarlos, pues “tienen sometidos a los jueces y fiscales mediante organismos manejados por ellos mismos”, como también señaló Mons. Valenzuela. Por mandato constitucional, algunos legisladores integran el Consejo de la Magistratura, que elabora las ternas de candidatos para los nombramientos, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que juzga a los jueces y a los agentes fiscales, increíblemente hoy dirigidos por dos cuestionados hermanos, Claudio y Enrique Bacchetta, respectivamente. No son la mayoría de los miembros de esos órganos, pero los controlan de hecho, en la medida en que los ministros de la Corte Suprema de Justicia, así como los abogados y los profesores de Derecho, fueron elegidos según su filiación partidaria. Para ilustrar a qué grado de podredumbre se llegó en el Consejo y en el Jurado basta con recordar que, hasta el año pasado, el primero llegó a estar integrado por el senador liberal Enzo Cardozo, procesado por el delito de lesión de confianza, y que el segundo fue empleado por su presidente, el exsenador colorado Óscar González Daher, para el tráfico de influencias puro y duro. Si se conforman las ternas según los colores partidarios y se ejerce el chantaje sobre jueces y fiscales es porque el deterioro moral de la “clase política” ha tocado fondo.
Hace poco, el juez en lo laboral Tadeo Zarratea afirmó, seguramente con conocimiento de causa, que “los patrones del Poder Judicial son los políticos”. El problema empieza ya en la Corte, en cuya conformación intervienen decisivamente los legisladores, primero cuando el Consejo propone las ternas de candidatos y luego cuando el Senado los designa, con acuerdo del Poder Ejecutivo. Para el efecto, importan menos los méritos y aptitudes de los postulantes que el respectivo carnet partidario. El “cuoteo” en su máxima expresión, es decir, una distribución proporcional de cargos en la máxima instancia judicial. De ella depende también que los ministros sean o no depuestos mediante un juicio político, aunque hayan desempeñado mal sus funciones o hayan cometido delitos en su ejercicio. Aunque estas causales de remoción sean evidentes, quienes estén incursos en ellas pueden seguir ensuciando el cargo durante años mientras no haya un acuerdo para la “repartija” entre sus reemplazantes, lo que implica necesariamente influir luego en el Consejo para que la terna de candidatos responda al contubernio.
Por ese motivo, quienes cohonestaron la inconstitucional candidatura a senador del presidente de la República Horacio Cartes siguen tan campantes, al igual que los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral Jaime Bestard y Alberto Ramírez Zambonini, que prevaricaron antes en la misma cuestión. A ellos se sumó ahora María Elena Wapenka, en el sonado caso de la usurpación de la facultad que tiene la Junta Municipal de Ciudad del Este de aceptar o rechazar la renuncia de la intendenta. Si los senadores aún no han convenido quiénes serán los sucesores de estos impresentables magistrados, es de temer que se mantengan en sus cargos. Algunos políticos y legisladores han admitido desembozadamente que para el reemplazo de los mismos debería haber un acuerdo político, e inclusive, el senador del Frente Guasu Hugo Richer, ya reclamó un cupo para su partido.
Este es el duro cerrojo que debe romperse para que en el Paraguay reinen la paz y la igualdad que dispone la Constitución. Debe haber Justicia, no una condicionada por los colores, sino a cargo de magistrados justos y valientes. Los ciudadanos y las ciudadanas no deben abandonar sus movilizaciones para reclamar el cese de tan deplorable situación actual y el advenimiento de una nueva época en la Justicia Ordinaria y en la Electoral.