Durante la noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16 pasados, un grupo de personas invadió casas construidas por Senavitat en un predio adquirido por esta entidad estatal en el distrito de Ciudad del Este para el cumplimiento de su programa de vivienda social. Los invasores están sindicados como protegidos del “clan Zacarías”, conocidos políticos colorados de la zona, quienes fueron complicados en esta acción por una operadora del clan citado, Aída Molinas, exempleada doméstica del matrimonio Zacarías Irún-McLeod. Esta señora hoy funge de “asesora adjunta” de la Municipalidad esteña, cuya titular, Sandra McLeod, es la esposa del influyente político Javier Zacarías Irún, quien anteriormente implicaba al presidente Horacio Cartes en el narcotráfico y actualmente es su amigo íntimo.
“La misma ministra de Senavitat tiene la potestad de tomar el teléfono y ordenar el desalojo”, declaró el profesional que representa a los antiguos propietarios (que todavía no terminaron de cobrar el precio de la venta del predio). Pero, en definitiva, quien tiene dicha potestad y debe tomar la iniciativa es el presidente Cartes. No lo hará, seguramente, ya que se trata de un ilícito cometido por gente que dentro de muy poco tendrá que votarle y que, además, responde a su “cuate” íntimo... del momento.
La ocupación de espacios públicos viene convirtiéndose en uno de los recursos más explotados por los caudillejos políticos, que ven en los inmuebles estatales o municipales un recurso al cual tranquilamente pueden echar mano para alimentar el clientelismo y el prebendarismo. Agudizado gravemente en épocas de campañas electorales, este mal dejó a nuestro Estado y a nuestras municipalidades de todo el país casi sin inmuebles.
Llevar a la gente sin recursos, “sin tierras”, “sin techos”, etc. (y también a algunos que poseen terrenos o viviendas alquiladas), a ocupar por la fuerza un predio fiscal o municipal, es presentado por los políticos envueltos en ello como un procedimiento social legítimo y justo. La falacia que preside esta barbaridad consiste en que, como se dice que todos tienen derecho a una fracción de suelo y a un techo digno, tal principio debe encarnarse en esas personas específicas, esas que el “líder” escoge, conduce y dirige para perpetrar los actos ilícitos de usurpación.
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La franja de dominio del ferrocarril “Carlos Antonio López”, por ejemplo, fue ocupada en largas extensiones mediante este mismo método y con ese mismo pretexto. Ahora el Estado tendrá que “indemnizar” a los usurpadores si pretende recuperarla, porque eso es lo que tales abusivos ocupantes exigen para desalojar. Y resulta que se debe recuperar dicho bien precisamente para ponerlo a libre disposición, uso y goce de toda la sociedad. De este modo, por esa distorsión grotesca de ideas que elabora el populismo, resulta que, en estos casos concretos, un puñado de personas pasa a tener más derechos y privilegios que todo el resto de la sociedad.
Con la Franja Costera asuncena está ocurriendo exactamente lo mismo: el modelo de ocupación y posterior chantaje se reproduce con precisión. A medida que avanzan las obras de relleno y desecamiento, los invasores van penetrando y ocupando los predios aledaños. Lo más sorprendente de este caso es que son los mismos políticos de la Municipalidad de Asunción los que se encargan de rifar los bienes de la institución que deben proteger.
Según declaró el presidente de la Comisión de Franja Costera, el concejal Federico Franco Troche, ciento cincuenta familias fueron instaladas en el predio comunal por la Dirección General de Gestión de Riesgos y Desastres, un organismo que, al parecer, asumió la determinación de declarar la zona “área de refugio”, lo que presuntamente va a evitar que los “damnificados” por las crecientes regulares del río vayan a ocupar plazas, paseos y veredas.
Como estas ocupaciones proliferan y se tornan inatajables, se le preguntó al concejal Franco si la Municipalidad los desalojaría a fin de poder proseguir con el programa de recuperación de dichos espacios y su aprovechamiento para bien general que se presentó en el momento de solicitarse los recursos económicos para financiar tales obras. El interrogado declaró que “ no es política de la Municipalidad los desalojos violentos”.
Es muy interesante esta respuesta porque sintetiza muy bien el oportunismo populista de los políticos en general, pero particularmente cuando hay una campaña electoral de por medio. Según se deduce de esta respuesta, los desalojos ordenados en el marco de la ley y del procedimiento regular, que además están justamente provocados, son actos “violentos”, y –al contrario– ¡las ocupaciones de predios públicos son actos “pacíficos”!
Naturalmente, con esta clase de falacias los pocos predios estatales y municipales que subsisten están destinados a desaparecer. En lo sucesivo, cada obra pública que comprometa bienes inmobiliarios del dominio estatal o municipal –repetimos, obras proyectadas para bien general y financiadas con dinero de todos los contribuyentes–, tendrá que enfrentar los actos ilícitos, violentos y extorsivos de grupitos de aprovechados, generalmente comandados por dirigentes políticos inescrupulosos que costean sus propias campañas electorales con bienes ajenos. Las autoridades de las instituciones públicas tendrán que pagar –otra vez con dinero del pueblo– el precio exigido para cesar esos actos ilegales, que también son profundamente insolidarios con la sociedad a la que los usurpadores dicen pertenecer.
La franja de dominio del ferrocarril, las viviendas de Senavitat de Ciudad del Este, los predios municipales de la costanera norte de Asunción son casos que suceden y se publicitan hoy. Ayer fue el Botánico, al que amputaron un pedazo enorme para construir otro barrio más para “formalizar” ocupaciones. Anteayer fue la legalización oficial que hizo la Junta Municipal asuncena de las ocupaciones en el Bañado Sur que están por debajo de la cota natural del río. De esta manera, la dilapidación de los espacios públicos es el recurso más fácil y más impune de la politiquería populista y de sus campañas electorales.
Estos populistas están comprometiendo gravemente el futuro; rifan los bienes que deben reservarse para nuestros descendientes (incluidos los suyos y los de los ocupantes), pero les importa un bledo. Entretanto, continúan siendo reelectos. La gente con conciencia debe mencionarlos, señalarlos, fijar sus nombres en la memoria y en el papel, para tenerlos presentes y no votar por ellos en las próximas elecciones.