La convención del PLRA decidió que los senadores que pertenecen a ese partido se opongan a la destitución de los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay, acusados por la Cámara Baja, el 10 de diciembre de 2014, de mal desempeño de funciones. Si los senadores obedecieran el mandato, no se alcanzaría la mayoría absoluta de dos tercios que se requiere para que el juicio político culmine con la condena. La decisión pondría así fin al chantaje al que durante tanto tiempo estuvieron sometidos los ministros y al que aludió una vez el presidente de la Cámara acusadora, Hugo Velázquez.
En efecto, la prolongada indefinición del juicio político exponía a los magistrados a fuertes presiones para obtener algún fallo de favor, en beneficio de los propios senadores, de sus allegados o de sus correligionarios. Pero es notorio que la decisión institucional de los liberales obedece más a motivos políticos que a un interés en sanear nuestra putrefacta Justicia.
En efecto, es curioso que el tema haya sido tratado en un ámbito ajeno al Congreso, y que se haya emitido al respecto una resolución que omitió cualquier alusión a la inocencia o la culpabilidad de los enjuiciados políticamente. Ella se fundó en que, según el diputado y rector de la Universidad Nacional de Pilar, Víctor Ríos, hay que encarar una “reforma integral y completa” del Poder Judicial, que incluya la remoción de los nueve ministros de la Corte y de los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). A criterio de los dirigentes liberales, la remoción de los ministros Blanco, Bajac y Garay solo serviría para que el Presidente de la República cope la máxima autoridad judicial con los reemplazantes.
Una vez más, el análisis de la culpabilidad o la inocencia de los ministros de la Corte indiciados de mal desempeño, escapa a toda consideración jurídica. La razón por la que hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre los mismos es que no se llegó a ningún acuerdo entre todos los partidos para la consabida repartija de cargos, lo que desde luego también se buscaría en el improbable caso de que se realizara la vasta recomposición pretextada por el PLRA para desestimar la acusación formulada por una gran mayoría de diputados, incluidos veinte legisladores de ese partido.
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El “cuoteo” tiene que ver con el control que los políticos ejercen sobre los magistrados, dado que ni la honorabilidad ni la idoneidad son los factores decisivos a la hora de que el Senado designe a los ministros de la Corte y a los miembros del TSJE, con acuerdo del presidente de República. Lo determinante es la filiación partidaria, y esto lo sabe el Consejo de la Magistratura, integrado también por un diputado y un senador, que elabora las ternas de candidatos. Quien sea nombrado debe ser consciente de que sus méritos y aptitudes pesaron mucho menos que su carnet partidario y de que, por lo tanto, debe retribuir oportunamente el favor recibido de los políticos que negociaron la composición de los referidos órganos jurisdiccionales. Algo similar ocurre con la designación de los camaristas, de los jueces y de los agentes fiscales, con el agregado de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que cuenta entre sus miembros con dos diputados y dos senadores, puede actuar de oficio para castigar a aquellos que se atrevan a afectar los intereses de los políticos y de sus allegados.
De hecho, el Ministerio Público y la magistratura están sometidos al Congreso y al Poder Ejecutivo, pese a que el art. 3º de la Constitución habla del equilibrio y del control recíproco entre los Poderes del Estado. Conste que el diputado Ríos no se limitó a proclamar la necesidad de la “reforma integral y completa” del Poder Judicial, sino que también incluyó en el futuro cuoteo al Ministerio Público. Precisamente, el mandato del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, vence en noviembre próximo, de modo que su apetecible cargo puede ser una de las tantas monedas de cambio, entre las que también figuran la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Entretanto, los ministros Blanco, Bajac y Garay pueden seguir torciendo la ley y la moral, gracias a que los convencionales liberales y los senadores que les acaten, prefieren no arriesgar el espacio de poder que tienen en la Corte. Acaso los líderes del PLRA también consideraron que los tres ministros podrían brindar, en señal de agradecimiento, cierta protección judicial al senador procesado Enzo Cardozo y al exministro imputado Salyn Buzarquis, lo mismo que a otros dirigentes que hubieran cometido hechos de corrupción.
La “partidocracia” socava el Estado de derecho en la medida en que pervierte su funcionamiento de acuerdo a los intereses políticos. La convención del PLRA fue una expresión cabal de la aberrante influencia político-partidaria en las instituciones republicanas, algo que también practican los demás partidos.
Los ciudadanos y las ciudadanas –sobre todo los jóvenes– deben tomar conciencia de esta viciosa manera de manejar la política y la Justicia, y deben comenzar a salir a las calles a exigir que los dirigentes de todos los partidos dejen de tener de rehenes a los integrantes de la Justicia y del Ministerio Público.