En la noche del 10 de abril pasado, el abogado Antonio Álvarez Núñez agredió física y verbalmente a policías que le detuvieron por circular a gran velocidad y haber rozado a un motociclista en una calle de Asunción. Luego se dio a la fuga, llevando consigo la radio de uno de los intervinientes, no sin antes amenazar de muerte a los uniformados y avisarles que influiría en el comandante de la Policía Nacional, comisario general Críspulo Sotelo, para que sean trasladados al Chaco. En el incidente, cuyo video –difundido por las redes sociales– causó indignación ciudadana, también intervino, intentando golpear a los agentes, el hermano del agresor, abogado Andrés Álvarez Núñez, el mismo que en 2006 irrumpió en la sala de redacción de nuestro diario para atacar a un periodista.
Sin embargo, insólitamente, quienes por último acabaron presos en el Departamento Judicial de la Policía Nacional, por orden del juez penal de Garantías Julián López, fueron los policías agredidos, tres de los cuales fueron imputados por coacción grave y lesión corporal, y dos por la presunta sustracción de un teléfono móvil. La imputación, formulada casi tres meses después de los hechos, corrió a cargo de la fiscala Stella Mary Cano, quien no agregó como prueba el video mencionado ni tuvo en cuenta los certificados médicos de los agredidos. Por de pronto, dejó impune a Antonio Álvarez Núñez, quien estaba por ser imputado por el fiscal Emilio Fúster cuando este, llamativamente, fue apartado de la causa, pese a que la recusación planteada contra él había sido rechazada.
Todo apunta a que estamos frente a otro aberrante abuso de poder, semejante a los que se cometían con frecuencia en la época de la dictadura stronista.
Las repudiables actuaciones del Ministerio Público y la censurable prepotencia con que actuaron los hermanos tienen que ver con que ellos son hijos del exdiputado colorado y actual miembro del Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Paraguarí, Antonio Álvarez Alvarenga. Su condenable comportamiento es propio de la cultura del mbarete y del privilegio, en la que se ignora el principio de igualdad ante la ley. La típica expresión que refleja esa clásica actitud prepotente de los mbarete, “¡No sabés con quién te metiste!”, fue justamente la que empleó Antonio Álvarez Núñez ante el agente policial que lo detuvo. Dado que esa mentalidad sigue muy arraigada entre muchos de los mandamases y sus allegados, no debe sorprender que agentes de policía, fiscales y jueces se muestren renuentes a cumplir y hacer cumplir las normas, ante el temor de ser sancionados –como en este caso– por afectar los intereses de uno de esos intocables.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
¿Fue invocado falsamente el comandante de la Policía Nacional? Aunque así haya sido, el hecho de nombrarlo para amenazar a sus subordinados revela que aún hay personas para quienes es de lo más normal recurrir a contactos reales o supuestos con el fin de amedrentar.
Los agentes de policía intervinientes deben ser aplaudidos por haber desoído la torpe amenaza, y desagraviados si, como afirmó el oficial primero Sebastián Espínola, fueron tratados “como criminales”. Los mismos fueron llevados, esposados, al Palacio de Justicia para asistir a una audiencia preliminar de revisión de medidas. Allí, uno de los abogados de la Policía Nacional, Rolando Cáceres Salvioni, afirmó que se trata de un caso de tráfico de influencias del padre de los agresivos hermanos que habían sido denunciados por sus víctimas debido a su “resistencia”. La intención anunciada de recusar a la fiscala y denunciarla ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por su “mala actitud” y parcialismo, sería la consecuencia lógica de esa opinión. Al cabo de la audiencia, el juez López otorgó a cada uno de los agentes la libertad, bajo fianza de veinte millones de guaraníes. Entretanto, el JEM y la Corte Suprema de Justicia abrieron de oficio investigaciones para esclarecer el caso.
Es obvio que los policías deben actuar en todo momento en el marco de la ley, pero también lo es que deben hacer respetar la autoridad que ejercen sin hacer distinción alguna entre los particulares, tengan el padre o el respaldo que tengan. Si es necesario que de cometer arbitrariedades reciban siempre la condigna sanción, también lo es que la violencia física y los insultos que sufran en su labor conlleven el castigo legal pertinente, sin importar la índole de los victimarios ni sus relaciones de parentesco. Es deplorable que la triste experiencia haga que quienes intervienen en un procedimiento policial no puedan gozar de entrada de la presunción de inocencia.
El incidente comentado demuestra que, si bien la dictadura fue derrocada hace ya casi tres décadas, siguen existiendo los “hijos prepotentes del poder”, ante quienes se siguen prosternando algunas autoridades.
Como ninguna agresión debe quedar impune, quienquiera sea su autor, la ciudadanía debe participar activamente para apoyar a quienes buscan justicia aplicando la ley, y repudiar –a través de las redes sociales o públicamente donde se los encuentre– a quienes quieren torcerla apelando a su poder o al de sus padrinos.