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05 de Febrero de 2018

 

Los últimos golpes “antes de partir”

La ciudadanía se apresta a monitorear la campaña electoral con vistas a los comicios generales del 22 de abril. Esta expectativa es el escenario brillante del tiempo político que vive el pueblo paraguayo, gracias al marco constitucional democrático establecido al amparo de la libertad restituida a la nación por los militares en febrero de 1989. Pero detrás de este lado auspicioso de la expectativa política nacional se esconde un tenebroso escenario montado por delincuentes empotrados en los altos cargos del Estado que, como ratas, se mueven con prodigiosa habilidad y rapidez royendo cuanta carroña encuentran en el barco que, sabiendo que se va a hundir, abandonarán precipitadamente llegado el momento. El capricho del destino dio a Horacio Cartes la oportunidad de reencauzar el rumbo del país hacia un horizonte de orden y prosperidad –como en efecto lo prometió– pero, lamentablemente, defraudó la confianza pública con una gestión de Gobierno corrupta, como la de sus predecesores. La ciudadanía debe poner un ojo sobre el escenario oscuro de la administración del Estado calamitosamente conducida por una caterva de concusionarios y ladrones de cuello blanco, manteniéndose alerta para denunciar a quienes, antes de partir, quieran llevar a su casa algún jugoso “recuerdo”.

La ciudadanía se apresta a monitorear la campaña electoral con vistas a los comicios generales del 22 de abril, centrada en la elección del próximo presidente de la República, y, concomitantemente, de senadores, diputados, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, a más de los zánganos del Parlasur. Aunque nominalmente existen varios candidatos a la Primera Magistratura de la República, solo dos tienen posibilidad de ganar: Mario Abdo Benítez, por la ANR, y Efraín Alegre, por la Alianza del PLRA. Este último, como vértice central que cierra el triángulo conformado por la derecha e izquierda tradicionales del espectro político paraguayo.

Esta expectativa es el escenario brillante del tiempo político que vive el pueblo paraguayo, gracias al marco constitucional democrático establecido al amparo de la libertad restituida a la nación por los militares en febrero de 1989. Pero detrás de este lado brillante de la expectativa política nacional se esconde un tenebroso escenario montado por delincuentes empotrados en los altos cargos del Estado que, como ratas, se mueven con prodigiosa habilidad y rapidez royendo cuanta carroña encuentran en el barco que, sabiendo que se va a hundir, abandonarán precipitadamente llegado el momento.

El capricho del destino dio a Horacio Cartes la oportunidad de reencauzar el rumbo del país hacia un horizonte de orden y prosperidad –como en efecto lo prometió– pero, lamentablemente, defraudó la confianza pública con una gestión de gobierno corrupta, como la de sus predecesores. Es más, intentó usurpar el poder mediante una ratificación plebiscitaria que le posibilitara la reelección, pasando por encima de una expresa prohibición constitucional. Si Cartes se hubiera salido con la suya, lo que no ocurrió gracias a la oportuna reacción popular, el actual escenario electoral hubiese sido sombrío, como en los tiempos del dictador Alfredo Stroessner, quien se hacía elegir y reelegir rellenando a su gusto las urnas.

Sin embargo, la ciudadanía no debe dormirse sobre sus laureles. El hecho de haber desbaratado el inconstitucional intento de reelección del Presidente de la República y el entusiasmo por la jornada electoral que se avecina no le deben impedir poner un ojo sobre el escenario oscuro al que hemos hecho alusión, metamorfoseando la administración del Estado, calamitosamente conducida por una caterva de concusionarios y ladrones de cuello blanco; los mismos a quienes el presidente Cartes amenazó con cortarles las manos, pero que tras casi cinco años continúan medrando a costillas del erario y de las riquezas naturales del país, a través de la tradicional “vaca lechera” del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo del ministro Ramón Jiménez Gaona; o de Petropar, bajo la batuta del ministro de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Leite, y de su adlátere, el ingeniero Jorge Méndez, presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC); o el Indert, el MAG, la Aduana, y suma y sigue la lista de las reparticiones públicas convertidas en coto de caza de sus administradores y allegados. A los que pueden sumarse el proyecto del metrobús, la reconversión del área del Puerto capitalino, o el proyecto hidroeléctrico Aña Cua, pensados más para conseguir ventajas para los participantes antes que obras que beneficien a la sociedad en su conjunto.

El primero de los funcionarios citados clavó con fuerza sus colmillos en los proyectos de Alianza Público-Privada y en los de “llave en mano”, así como en las sobrefacturaciones de los contratos viales y en la amañada contratación de consultoras, tanto extranjeras como nacionales. Una de ellas, la más mimada, Deloitte, a la que el ministro pagó un adicional de 20.000 millones de guaraníes (45% por encima del monto original del contrato), es la misma contratada entre bambalinas el año pasado por Petropar, supuestamente para evaluar las acciones de la empresa privada Axion Energy Paraguay, cuyo paquete accionario pretende comprar la petrolera estatal pagando US$ 60 millones. Este sería el último “negocio” redondo de la camarilla del gobierno mercantilista del presidente Horacio Cartes.

Lo que al parecer se les estaría escapando de las manos al ministro Jiménez Gaona y a sus compinches es el premio mayor de la lotería a que han estado apostando todo este tiempo: la concesión de la explotación del Aeropuerto Silvio Pettirossi al consorcio liderado por la cuestionada empresa española Sacyr. El negociado de la compra del paquete accionario de Axion por Petropar sería el premio consuelo por no poder engullir la apetitosa presa del aeropuerto capitalino.

La jauría de depredadores del patrimonio público no estaría completa sin la mención de los políticos y altos funcionarios que desde el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Justicia Electoral se han enriquecido mamando de las tetas del Estado o de particulares mediante el tráfico de influencias y cohecho pasivo en el estercolero de la corrupción a escala integral en que todos están revolcados, y del que dentro de seis meses tienen que salir precipitadamente para no irse a pique con el barco que se hunde. Podríamos nombrar a Javier Díaz Verón, Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, José María Ibáñez, Óscar Venancio Núñez, Víctor Bogado, Enzo Cardozo, Carlos Portillo, Fernando Nicora, Carlos Núñez Salinas, Basilio “Bachi” Núñez, Milciades Duré, Aldo Vera, Enrique Salyn Buzarquis, Luis Canillas, Alberto Ramírez Zambonini, Darío Filártiga y muchos otros inescrupulosos que hasta ahora han esquivado el bulto a la justicia con chicanas y tráfico de influencias.

La corrupción incubada durante el gobierno de Horacio Cartes ha sido tanta y tan desembozada que ha llegado a privar a los ciudadanos de ingentes recursos para su desarrollo. Por esa razón, resulta auspiciosa la reacción que están demostrando actualmente los paraguayos y las paraguayas ante los escándalos de corrupción destapados a través de la difusión de audios. Este despertar ético de la población debe ser tenido en cuenta por los candidatos a cargos electivos a fin de que los mismos diseñen la clase de agenda política y cultural que pueda sanar las heridas del país, y la ciudadanía votarlos en consecuencia. De lo contrario, correrán el riesgo de formar parte del grupo de políticos y gobernantes que, más temprano que tarde, rendirán cuentas de sus fechorías ante la Justicia y recibirán el castigo que se merecen.

Mientras tanto, los ciudadanos y las ciudadanas deben estar alertas para denunciar a quienes, antes de partir, quieran llevarse a su casa algún jugoso “recuerdo”.

 
 

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