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Javier Zacarías Irún, “asesor político” del presidente Horacio Cartes, esposo de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y hermano del gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, no ceja en su empeño de que se concrete el descarado negociado urdido en torno al inmueble de casi doce hectáreas, valuado en alrededor de 185 millones de dólares, propiedad de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Es decir, insiste en que el empresario venezolano-israelí Simón Falic –amigo íntimo de Horacio Cartes–, mediante una concesión de treinta años, explote allí un hotel casino de la franquicia Hard Rock Cafe.
Para que el escandaloso despojo se consume, entre otras cosas, hace falta que se convoque a un remedo de licitación pública, cuyo pliego de bases y condiciones fue elaborado a medida por una Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) cómplice y aprobado por el Decreto Nº 6865/17. Mientras ese escenario para la comedia se prepara, el jefe del poderoso clan esteño ya está seguro de a quién le será otorgada la concesión, según se desprende de las declaraciones que, tratando de volverla cómplice, formuló durante una pausa de la última sesión ordinaria de nada menos que la Junta de Gobierno de la ANR, que integra, y que aquí se transcriben literalmente: “Queremos esta cadena de hoteles (N. de la D: Hard Rock Cafe), que todo el mundo quiere tener en su ciudad. Nosotros vamos a tener para que el turista pueda gastar su dinero en Ciudad del Este y pueda venir a quedarse, dormir, y podamos tener y pueda beneficiar al comercio real y formal”.
Este descarado anticipo revela que se montó una farsa para darle un cariz formal a lo que ya se había acordado con el señor Falic en octubre de 2013, durante una visita oficial hecha a Israel por el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y el gobernador Justo Zacarías Irún.
Todo ese proceso está viciado de entrada, pues se recordará que el fraudulento operativo, siguiendo el plan, se inició formalmente el 24 de febrero de 2015, cuando la Municipalidad de Ciudad del Este “declaró” que la propiedad de la ANNP era un “área para el desarrollo de un polo turístico”, como si tranquilamente pudiera ordenar a un propietario lo que debe hacer con ella, según lo señaló el procurador general de la República, Roberto Moreno. Luego, el Directorio de la ANNP –cómplice– violó su ley orgánica, que le prohíbe “comprometer directa o indirectamente los intereses” de la entidad “en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto”, al autorizar a su presidente a suscribir una “comunicación” al titular del Poder Ejecutivo para que allí se inicien “las gestiones relacionadas al Diseño y Ejecución de un Proyecto en Ciudad del Este”.
Hecha la “comunicación” respectiva, en virtud de una resolución irregular, el Decreto N° 6131/6 autorizó a varios organismos a “desarrollar un proyecto turístico y de inversiones” dentro del referido inmueble de la ANNP. El Decreto N° 6865/17 “aprobó” el proyecto, así como el llamado a licitación pública y el pliego de bases y condiciones para concesionar la explotación de un casino, bajo la condición de que se construya un hotel integrado al mismo. Ambos actos administrativos son nulos, pues lo que no podía haber hecho el Directorio de la ANNP, tampoco podía hacerlo el Poder Ejecutivo.
A lo antedicho, cabe agregar lo señalado por el procurador general de la República en un dictamen relacionado con el contrato de alquiler con la firma Suisse Investment Corp SA, suscrito en 2013 por el entonces presidente de la ANNP, Fernando Nicora: el acuerdo “fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra en la zona primaria aduanera, sin autorización de la autoridad de aplicación, esto es, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)”. Este organismo tampoco intervino en esta nueva sucia maniobra, pese a que el predio que la ANNP posee en Ciudad del Este también se halla en la zona primaria aduanera. Por eso, resulta decisivo, para poner fin a la expoliación proyectada, que el procurador general de la República haya afirmado en una nota dirigida a nuestro diario, en julio último, que “la opinión ya vertida por esta representación constitucional no ha sufrido ninguna variación, por lo que, de existir un proceso de contratación que incumpla con dichos lineamientos, el mismo será nulo”. Más claro, agua.
Siendo así, resulta llamativo que Javier Zacarías Irún siga intentando que llegue a término un procedimiento nulo, que podría implicar que el ministro Gustavo Leite, autorizado a firmar el contrato, sea imputado por el delito de estafa, tal como lo fue el expresidente de la ANNP Fernando Nicora en el caso referido. La persistencia solo puede explicarse porque hay mucho dinero en juego, tanto que el prepotente sujeto no se detiene ni ante una opinión calificada y ratificada por Roberto Moreno, que fue nombrado por el propio presidente Cartes para defender los intereses patrimoniales de la República. Si Zacarías Irún cree que los integrantes de su banda y sus socios son más fuertes que la ley, es porque a los “políticos” de su calaña el país les importa un bledo: lo único que les encandila es su billetera, aunque para ello deban comprometer al titular del Poder Ejecutivo.
Confiamos, empero, en que este sepa resistir la embestida, y que no solo mantenga congelado el repugnante negociado, sino que le ponga punto final, revocando los decretos mencionados por ser irregulares y haber sido inducidos para que se perpetre un pillaje colosal. Si llegara a consumarse, el responsable final será el presidente Cartes, manipulado por su extremadamente voraz “asesor político” Javier Zacarías Irún.