La amañada licitación pública del Instituto de Previsión Social (IPS), por la que dos firmas del exdiputado José Chamorro fueron adjudicadas –una vez más– con multimillonarios contratos, tuvo en los últimos días dos notables resultados, que se suman a la “suspensión” del proceso irregular que ordenó el jefe del Poder Ejecutivo, a la pesquisa que el mismo encargó al respecto a su asesor en Transparencia e Integridad, Carlos Arregui, y a la pérdida de investidura del autodenominado “líder emergente” Dionisio Amarilla (PLRA), dispuesta por una amplia mayoría del Senado. Primero, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio para determinar si se cometió el delito de lesión de confianza, motivo por el que la agente fiscal Josefina Aghemo pidió al presidente de la entidad previsional, Armando Rodríguez, copias autenticadas de documentos tales como el pliego de bases y condiciones, el listado de las empresas oferentes y la resolución por la que se adjudicaron los contratos. La segunda consecuencia nueva es que el primer mandatario, Mario Abdo Benítez, instruyó al jefe del Consejo de Administración del IPS que los funcionarios de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) sean sumariados y le mencionó las medidas que debieron tomarse para evitar el monopolio del servicio de seguridad privada por parte de las empresas Security Service Technology SA (SST) y Bullers SA.
En su admonitoria nota, el Presidente de la República señaló en concreto que el pliego de bases y condiciones debió haber especificado las características técnicas o los programas informáticos compatibles con otros de origen distinto, para que haya más oferentes y no se dependa de un solo proveedor. Dicho documento, mediante el que se direccionan las licitaciones públicas a cambio del soborno de rigor, es elaborado por la UOC, de modo que se impone inquirir las actuaciones de sus miembros y, dado el caso, aplicarles las sanciones penales y administrativas de ley. No podrían excusarse con haber recibido indicaciones del Consejo de Administración –organismo títere e inservible– o de su presidente, Armando Rodríguez, allegado al ministro de Hacienda, Benigno López –hermano del Jefe de Estado y extitular del IPS–, pues el art. 57, inc. d), de la Ley de la Función Pública, les exime del deber de acatar las instrucciones que sean “manifiestamente contrarias a las leyes y los reglamentos”.
Mario Abdo Benítez también censuró en la misiva que en el portal web del IPS falten datos sobre las licitaciones públicas y por concurso de ofertas, como los nombres de quienes integran los comités de evaluación y el proceso de toma de decisiones. La ciudadanía tiene derecho a conocer esos datos, que constituyen una información pública. Si el direccionamiento atenta contra el principio de “igualdad y libre competencia”, las omisiones referidas lo hacen contra el de “transparencia y publicidad”, también consagrado en el art. 4° de la Ley N° 2051/03. Sobre el punto, es bueno que el Jefe del Poder Ejecutivo haya instado al IPS a revisar los pliegos de bases y condiciones con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y con la sociedad civil, la que podría aportar datos sobre quienes intervienen en los procesos licitatorios. Bien se sabe que el secretismo es un gran caldo de cultivo de la corrupción. El Presidente de la República no se ocupó del sobreprecio denunciado, que viola el principio de “economía y eficiencia”, también establecido en la norma antes citada. Es de recordar que, conforme a un reciente contrato, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) pagó a SST 6.200.000 guaraníes por cada guardia de seguridad, mientras que la entidad previsional estuvo dispuesta a abonar 9.200.000, acaso para compensar la coima desembolsada.
De lo antedicho se desprende que, si tuvieran una pizca de decoro, el presidente y los consejeros del IPS deberían renunciar, incluso antes de que concluya la investigación dispuesta por quien los nombró en muy mala hora. En el mejor de los casos, no se dieron cuenta de nada, incurriendo en una negligencia culposa, si no son directamente cómplices en el entuerto. Cuando el Jefe de Estado le ordenó a Rodríguez que suspendiera la ejecución del negociado, obedecieron mansamente quienes lo consintieron antes, cuando que era un secreto a voces que en el IPS se venían cocinando de antaño nauseabundos “negocios” a costa de los aportes de los asegurados y de los empleadores. No creyeron oportuno enterarse tan siquiera de los antecedentes de las firmas en cuestión –no hacía falta investigarlos mucho–, con respecto al cumplimiento del Código del Trabajo y de la propia Carta Orgánica del IPS. “Hicimos todo bien”, se permitió afirmar el eterno representante de los trabajadores, Juan Torales, lo que plantea la pregunta de por qué entonces aprobó la cancelación del proceso licitatorio. La respuesta es que carece de dignidad, lo que a su vez remite a la interrogante de qué tanto les preocupa a las centrales sindicales y demás entidades representadas la gestión de sus consejeros. Esta debería ser una buena ocasión para removerlos y designar en su reemplazo a personas que no sean solo calientasillas, sino que se preocupen de precautelar los intereses de los aportantes. La Feprinco se rasgó las vestiduras ante un editorial donde exigíamos precisamente mayor atención sobre el desempeño de los consejeros en las licitaciones. Nos preguntamos ahora, ante la mugre que sale a la luz, cuánto podrían haber ahorrado a los asegurados y al país mismo si hubieran ejercido sus deberes con celo implacable, en las últimas décadas.
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El presidente y consejeros deben ser apartados de sus cargos para que las pesquisas tengan alguna esperanza de éxito. No se debe permitir que los zorros sigan cuidando el gallinero si se quiere limpiar el IPS de la corrupción que permea todas sus instancias.
