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En una acción que debe considerarse atinada, necesaria y auspiciosa, los gobiernos de Paraguay, Argentina, Colombia, Chile y Perú decidieron esta semana solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación preliminar por los crímenes de lesa humanidad eventualmente cometidos por el régimen dictatorial encabezado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, enemigo de su pueblo. Los atropellos a los derechos humanos en la hermana nación sudamericana se han convertido en moneda corriente desde mucho antes de 2013, cuando el sanguinario gobernante asumió el poder en unas elecciones cuya legitimidad ha estado en entredicho, pero se vieron recrudecidos notablemente desde entonces. Es hora, pues, de que la desdicha de los venezolanos llegue a su fin y de que los responsables de ella paguen por sus desmanes ante tribunales internacionales.
Ya el entonces presidente Hugo Chávez (ya extinto), de ingrata memoria, inició una oprobiosa campaña de persecución y sistemática violación de los derechos humanos de connotados líderes opositores, y produjo el cierre de más de una treintena de medios de comunicación (entre radios y canales televisivos) y el progresivo cercenamiento de las libertades públicas en su país. Sin embargo, los abusos se potenciaron de manera descarada y brutal con el desembarco en el poder de su delfín Nicolás Maduro, hombre de desconocidas credenciales democráticas. Así, a comienzos del año 2014 se produjo el encarcelamiento de uno de los principales líderes de la oposición, Leopoldo López, en medio de unas manifestaciones que acabaron con la vida de docenas de venezolanos y el arresto, con fraguadas causas fiscales, de otros tantos centenares.
Lo que se ha visto desde entonces supera el límite de lo imaginable y también de lo tolerable. Al recrudecimiento de las medidas represivas, el régimen bolivariano sumó un número aún difícil de determinar de muertos en protestas a manos de elementos militares, policiales y parapoliciales. A estas acciones irracionales y atentatorias de la dignidad humana se sumó el completo desmanejo de la economía venezolana, fruto de la ignorancia de su principal dirigente, así como de los desaguisados populistas de su anterior mandamás, que dilapidó la riqueza petrolera de la nación en cortejos y compra de conciencia de líderes internacionales para armarse de un apoyo externo que permitiera al régimen continuar oprimiendo a la desamparada población de la hermana nación en un marco de absoluta impunidad.
El continente entero sufre ahora las consecuencias del desquicio madurista, debido a la migración masiva de venezolanos a distintos países de la región, en un número que, según estimaciones de organismos internacionales, alcanza ya la impactante cifra de 3.000.000 de personas. Desde luego, la generosidad latinoamericana se ha puesto de manifiesto ante esta delicada situación, pero ella no debe ser un distractivo para que los estados exijan a Maduro que ponga fin a su tiranía y al despilfarro de las riquezas de los venezolanos.
Desafortunadamente, nada puso fin a los atropellos del tirano caribeño, por lo cual, ante la grave situación que atraviesa la economía venezolana, las flagrantes violaciones a los derechos humanos y el éxodo masivo, es preciso que la comunidad internacional, y sobre todo la región a la que pertenece, reaccionen con la máxima severidad que la difícil hora actual exige. Estos desmanes ni siquiera fueron contenidos con la engañosa “mediación” del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que, al decir de políticos de una y otra parte del Atlántico, ha venido desempeñándose más como una suerte de “canciller” de Maduro que como un juez imparcial que busca el acercamiento entre dos partes.
Por lo tanto, el planteamiento ante la Corte Penal Internacional es acertado y oportuno. Paraguay, como miembro fundador de la misma, mediante la firma del Estatuto de Roma de 1998, debe elevar su enérgica voz de protesta y denunciar al dictador venezolano con contundencia de argumentos, en la línea de lo que establece el citado instrumento internacional en su artículo séptimo, en sus tres apartados y en los once incisos del primer párrafo.
Según refiere la prensa internacional, la solicitud será acompañada de un informe preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como un reporte elaborado por un panel de expertos a solicitud de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en los que se documentan las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro, y otros graves atropellos a los derechos humanos de la población de aquel país hermano.
La seriedad del planteamiento y el seguimiento del mismo deben servir para frenar los intolerables excesos del déspota bolivariano, al mismo tiempo que ejercer un saludable efecto ejemplarizador para todos aquellos tiranos que pretendan burlarse y avasallar los inalienables derechos de todos los habitantes del continente americano. Ya no debe haber en su suelo lugar para matones que pisoteen las sagradas conquistas obtenidas al precio de la sangre por los libertadores de nuestros países, y conservadas por innumerables héroes públicos y anónimos en los momentos más oscuros de las tiranías que nos asolaron a lo largo de la historia de la región.