Mago de las finanzas

Desde que en octubre de 2013 fue nombrado jefe del Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos, de Aduanas, el funcionario Luis Roberto Pintos acumuló bienes por valor de 2.700 millones de guaraníes, que incluyen una fábrica de hielo, cinco vehículos lujosos y un spa ubicado en una de las zonas más caras de la capital. Según anunció, a ellos se sumará en breve una casa que elevará su patrimonio a nada menos que 3.700 millones de guaraníes. Lo que cobra en salarios y multas por haber denunciado violaciones al Código Aduanero representa solo el 43% de su patrimonio. Es decir, el señor Pintos no puede justificar la notable diferencia que hay entre lo que hoy posee y lo que registra su historial en materia de ingresos. Este verdadero mago de las finanzas, de 30 años de edad, es hijo de Ángel Pintos Balbuena, director de Correos y operador en la campaña electoral del presidente Horacio Cartes. Mientras las recaudaciones impositivas continúan quedando en los bolsillos de funcionarios deshonestos, el Gobierno está en frenética campaña de endeudar al país de forma peligrosa. Alguna vez habrá que limpiar las Aduanas de tantos malandrines, y esta es una buena ocasión para comenzar esa higiénica tarea.

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Desde que en octubre de 2013 fue nombrado jefe del Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el funcionario Luis Roberto Pintos acumuló bienes por valor de 2.700 millones de guaraníes, que incluyen una fábrica de hielo, cinco vehículos lujosos y un spa ubicado en una de las zonas más caras de la capital. Según anunció, a ellos se sumará en breve una casa que elevará su patrimonio a nada menos que 3.700 millones de guaraníes.

El afortunado aduanero, que asumió el cargo con un sueldo mensual de 15,5 millones de guaraníes y hoy gana 20 millones, percibió desde enero de 2014 hasta diciembre de 2016 un total de 1.169 millones de guaraníes, suma que equivale solo al 43,2% de su patrimonio y que incluye, por cierto, lo cobrado por su participación en las multas impuestas por haber denunciado violaciones del Código Aduanero. Es decir, el señor Pintos no puede justificar la notable diferencia entre lo que hoy posee y lo que registra su historial en materia de ingresos, alegando que todo lo que cobra en concepto de multas es “elevado”.

Se sabe que hacer la vista gorda es una actividad muy lucrativa en la DNA y, en general, en la administración tributaria, de modo que el raudo enriquecimiento de los funcionarios estratégicamente ubicados no puede asombrar a nadie que conozca este país. Tampoco es llamativo que muchos de ellos de inmediato hagan ostentación de sus bienes mal habidos, pues se trata de un comportamiento propio de “nuevos ricos” que, por lo demás, debería facilitar el trabajo del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, aunque ni la DNA ni el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional conozcan su domicilio real.

El señor Pintos –un verdadero mago de las finanzas, de treinta años de edad– es hijo del jefe de la Dirección Nacional de Correos, Ángel Pintos Balbuena, acusado de haber malversado unos 5.000 millones de guaraníes cuando ejerció el mismo cargo durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy. Fue coordinador capitalino del movimiento Honor Colorado, de modo que tampoco resulta asombroso que su emprendedor vástago haya pasado a ocupar una jefatura dos meses después de que Horacio Cartes –presidente de la República, de quien directamente dependen las aduanas del país– haya llegado al poder, es decir, el mismo que en febrero de 2014 instó a las autoridades de la DNA a mejorar las recaudaciones.

Luis Roberto Pintos, que carece de una formación académica conocida, no necesitó demostrar su idoneidad para ingresar hace unos diez años en la DNA ni ascender a su actual cargo por la simple razón de que tiene un papá influyente que conoce los manejos de la administración pública, y la manera de sacarle “ventajas” a su condición de seccionalero. Dado que es colorado e hijo de un dirigente colorado que apoyó a Horacio Cartes en las elecciones internas primero y en las generales después, no es descabellado imaginar que es uno de los 10 a 15 funcionarios aduaneros que, según el director Nelson Valiente, se benefician con el 50% de las multas. Es un típico exponente del funcionariado prebendario, convencido de que sería ingenuo ocupar un cargo donde se deben controlar los ingresos de las recaudaciones impositivas sin sacarle “el jugo”, y de que el “nuevo rumbo” es el mismo de siempre. Sabe que conservará sus manos, pese a la famosa advertencia de Horacio Cartes de dejar mancos a los ladrones, aunque las meta en la lata o cierre los ojos.

Como no tiene nada que temer, se exhibe con todo desparpajo, sin importarle un bledo que falte dinero para reparar escuelas o equipar hospitales, entre otras tantas cosas. De hecho, se burla de los contribuyentes que le pagan el sueldo, porque no tiene la menor idea de lo que significa fungir de servidor público. Como todos los de su calaña, él está en primer lugar al servicio de sí mismo, y hasta puede que ni siquiera deba transportar maletines llenos de billetes para algún jerarca.

Y mientras las recaudaciones impositivas continúan quedando en los bolsillos de funcionarios deshonestos y sus padrinos, el Gobierno del presidente Horacio Cartes está en una frenética campaña de endeudar al país, para peor, con el propósito de destinar gran parte de los montos obtenidos a pagar deudas vencidas, colocando al país al borde del “default” o cesación de pagos.

Hay instituciones más apetecibles que otras para hacer dinero fácil, y una de ellas es la DNA. Vale la pena recordar que un aduanero de menor rango, que venía a Asunción en 2015, falleció en un accidente de tránsito cerca de Minga Guazú, encontrándose en su maletín 1.200 millones de guaraníes en efectivo, que no figuraban como recaudación oficial del ente. Como era de esperar, nunca se aclaró el origen ni el destino de esa millonaria suma.

Si el próspero funcionario Pintos en apenas tres años incrementó su patrimonio de manera tan colosal, asusta imaginar a lo que podría llegar en los próximos años si conserva el cargo y la indudable protección política del Presidente de la República de la que goza. Cuando llegue el día en que deba abandonarlo, sería muy interesante comparar su declaración jurada de bienes y rentas con la que debió haber presentado al entrar en la función pública. Sin embargo, no hace falta esperar que se retire voluntariamente, ya que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción tiene el deber de indagar el verdadero origen de sus cuantiosos ingresos, que ya han tomado estado público.

Alguna vez habrá que limpiar la DNA de tantos malandrines, y esta es una buena ocasión para dar inicio a esa higiénica tarea. No hará falta cortarles las manos, sino que vayan a la cárcel y devuelvan lo robado.

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