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El actual contralor general de la República, José Enrique García, anteriormente ocupaba el cargo de director jurídico de la Municipalidad de Asunción, o sea, el de asesor legal, un alto funcionario bajo cuya dirección actúan, en condición de subalternos, numerosos profesionales abogados y funcionarios administrativos, con la tarea de atender los múltiples asuntos judiciales y conflictos internos de la institución.
Hay que entender bien este caso. No se trata de un bufete particular de unas pocas personas en el que un caso aislado o un plazo podrían eventualmente olvidarse o extraviarse, sino de una enorme oficina llena de funcionarios y comisionados, archivos y recordatorios. Para que allí suceda el insólito hecho de que se deje transcurrir un plazo y vencer un término procesal debe suponerse que se lo hace en forma premeditada, adrede. No hay posibilidad de pensar otra cosa, pues no cabe admitir una circunstancia fortuita en un tema tan importante con tanta gente trabajando en el departamento.
En el conflicto judicial con la empresa Ivesur, la Municipalidad de Asunción se jugaba unos cuatro millones de dólares, cifra cuantiosa que convierte al asunto en un caso especial, prioritario, requeridor de la máxima atención. No se puede, por consiguiente, dar por creíble la posibilidad de que alguien se olvidó de apelar el fallo que condenaba a la Comuna capitalina a indemnizar a Ivesur nada menos que por 3,6 millones de dólares y unos 600.000 más en concepto de honorarios y accesorios legales.
Cualesquiera hayan sido las circunstancias en que este hecho sucedió, el responsable de la falencia mayúscula fue el asesor legal, García, del que bien podría suponerse entró en colusión dolosa con su contraparte, suposición que ya fue admitida formalmente por una mayoría de la Junta Municipal asuncena, que nombró una comisión de investigación del caso, cuyas conclusiones deberán ser remitidas al Ministerio Público, por decisión del mismo cuerpo.
Más allá de la responsabilidad penal que le corresponda al abogado García por su negligencia o lo que fuere que cometió, el daño político alcanza de lleno al intendente Mario Ferreiro. Este es quien recibe el golpe directamente, por cuanto García no es un actor político y él sí. Puede anticiparse, por lo tanto, que, en el futuro, cuantas veces Ferreiro dé un paso en la política, alguien le reprochará esta grave falla cometida bajo su administración, como se hizo repetidamente con otros intendentes en el pasado.
Lo más probable es que el intendente Ferreiro no tuviese la más mínima idea de la terrible omisión que se estaba cometiendo en su Asesoría Legal. De haberlo previsto, parece obvio pensar que hubiera intervenido para evitarla.
Pero Ferreiro cometió un error político personal inexcusable, a estas alturas ya insanable: con motivo del escándalo producido por la omisión negligente o culposa de García, asumió la falla saliendo a reiterar su confianza y obsequiando gratuitamente su apoyo a su exasesor. En una institución pública no se debe mantener confianza por afinidades políticas, porque a la larga la mala actuación de uno arrastra por el fango a los protagonistas, aun al inocente.
En resumen, la gran pifia política del intendente asunceno consistió en salir a defender a un director que no merecía ser defendido; al menos no antes de una minuciosa investigación y deslinde de responsabilidades.
Esta actitud responde a ese vicio tan equivocado que se tiene en el Paraguay desde la época de la dictadura, de que el superior está obligado a defender a un subalterno correligionario si comete una irregularidad, aun si los hechos lo muestran con evidencia.
En vez de precipitarse a intentar cubrir a García como lo hizo, el intendente Ferreiro debió haber tomado la iniciativa de promover una investigación esclarecedora del suceso, lleve esta acción a las consecuencias que llevare.
Lamentablemente, en este caso que comentamos no se hizo de esta manera sino de la forma contraria; se apaña al amigo, al “correlí”. Si este antiguo vicio político pernicioso continúa, nuestro país está condenado al fracaso. La corrupción que está pudriendo nuestros sucesivos gobiernos nunca será derrotada, ni siquiera debilitada, porque con estas actitudes se expande y se confirma el sofisma de “todos somos iguales de corruptos”, según se escucha repetir constantemente en las declaraciones de los políticos que tuvieron aventuras delictuosas y pretenden continuar en carrera.
Este repudiable modo de pensar resume el resultado del drama electoral que nuestro país sufre periódicamente cuando vemos que, en cada elección, gran parte de los ladrones vuelven a ser reelectos por sus mismas víctimas.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben exigir a los políticos que cambien esta grave deformidad cultural del “compincherismo”, y la mejor forma de lograrlo es repudiando públicamente en los lugares a donde concurren a los políticos que se cubren sus fechorías los unos a los otros.