Después de publicarse los contenidos de la discusión sostenida por los convencionales constituyentes que elaboraron la Constitución de 1992 sobre la senaduría vitalicia y la prohibición a los expresidentes para postularse a senadores con voz y voto –suponiendo que los candidatos Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos y los magistrados que intervienen en la causa no los conocieran–, era de esperar que estos dieran marcha atrás a tan descarada pretensión de violar groseramente nuestra Ley Fundamental. Pero no. Continuaron y continúan con su malévola pertinacia, con lo que queda claro que tales magistrados y sus patrones están dispuestos a avasallar todo, como una aplanadora que derriba un bosque, con tal de conseguir su cochino objetivo.
De esta forma, los responsables directos de los disturbios que podrían ocurrir debido a la indignación popular –como ya ocurrió anteriormente– serán los firmantes de los escandalosos fallos como también sus beneficiarios directos, el presidente de la República, Horacio Cartes, y su antecesor en el cargo, Nicanor Duarte Frutos. Los prevaricadores que, violando groseramente la Constitución, los habilitaron para ser candidatos a senadores solo han demostrado, una vez más, que la magistratura está esclava del poder político. Está acostumbrada a dar el gusto a quienes desean satisfacer sus ganas de enriquecerse en un cargo público o simplemente de seguir mandoneando, de modo que las sentencias de la Primera Sala del Tribunal Electoral de la Capital y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no resultan sorprendentes, como tampoco resultará sorprendente un fallo confirmatorio de la Corte Suprema de Justicia, cuyos ministros han demostrado ser tan serviles como los magistrados de instancias inferiores.
Los autores de las aberrantes sentencias hicieron lo que de ellos esperaban quienes los instalaron en la judicatura o los mantienen en ella, aunque carezcan de méritos y de aptitud moral suficiente para dar a cada uno lo suyo. Como son muy dóciles, Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes no tenían motivos para dudar de que ignorarían el art. 189 de la Constitución, según el cual “los expresidentes de la República, electos democráticamente, SERÁN senadores vitalicios de la Nación...”. Tan seguro estaban que, aún antes de conocerse el fallo final de la Corte, los boletines de voto ya fueron impresos por el TSJE con el nombre y la foto del presidente Horacio Cartes encabezando la lista de senadores de la ANR.
En las dos instancias los magistrados electorales ladinamente invocaron el art. 197 de la Constitución, que no incluye a los expresidentes de la República entre quienes no pueden ser candidatos a senadores. Pero se cuidaron de mencionar los argumentos del doctor Federico Callizo, miembro de la Convención Nacional Constituyente, reproducidos en las actas de las sesiones: “Si no hubiéramos votado que el Presidente electo democráticamente fuese senador vitalicio, posiblemente hubiéramos tenido que incorporar en esta cláusula al presidente de la República como inhábil para ser candidato a la Presidencia, a la senaduría o al Congreso”. Otros convencionales abonaron la misma tesis, como para que no duden quienes se propusieran juzgar de buena fe: “Al presidente de la República no hay necesidad de incluirlo, porque ya hemos aprobado la senaduría vitalicia...” (Luis Lezcano Claude); “El presidente ya no puede ser candidato, porque quedó como senador vitalicio...” (Eusebio Ramón Ayala). Pero aquí no se trata de buena fe, sino de buscar torcidas opiniones para justificar a dos insaciables ambiciosos a quienes les importa un bledo la legalidad con tal de conseguir sus demenciales propósitos.
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Abundando en las opiniones de los convencionales, cabe recordar que otro de ellos, Carlos Romero Pereira, creyó conveniente que los expresidentes de la República debían tener la posibilidad de postularse como senadores activos, pero su moción fue derrotada, según lo confirmó él mismo. Los prevaricadores convalidaron así la violación del art. 189 de la Ley Suprema, interpretándola arteramente, contra los dichos de quienes lo aprobaron.
Resulta, además, que los dos desvergonzados fallos de la Justicia Electoral arrojan una inaceptable consecuencia. En efecto, ahora ocurre que, de acuerdo al art. 198, “los ministros del Poder Ejecutivo, los subsecretarios de Estado, los presidentes de Consejos o administradores generales de los entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o multinacionales, los de empresas con participación estatal mayoritaria y los gobernadores o intendentes” no podrán ser electos senadores si no renuncian a sus respectivos cargos y se les aceptan las mismas al menos noventa días antes del día de las elecciones, pero no así el jefe del Poder Ejecutivo, quien podrá continuar en el Palacio de López hasta el 22 de abril y más allá. Es decir, el absurdo total de que Horacio Cartes hará su campaña electoral amparado por todo el poder del cargo que ostenta. Un acto de matonismo político que lo descalifica de por vida como ciudadano paraguayo.
A estas alturas ya resulta ocioso insistir en las razones que impiden que Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes se salgan con la suya, pero no así reiterar que ellos son los principales culpables de la creciente y peligrosa “crispación” que se está incubando. Como señalamos en un editorial anterior, “le están tocando la oreja” al pueblo. Ambos tienen mala experiencia en la materia, pues al intentar ser reelectos como presidentes de la República mediante la vía irregular de la enmienda constitucional ya generaron anteriormente masivas protestas ciudadanas que sirvieron para frustrar sus planes, incluso al precio de la vida del joven Rodrigo Quintana, en el caso de Horacio Cartes.
Estos dos impresentables deben saber que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar pacíficamente que el ansia de poder de algún pichón de dictador prevalezca sobre la ley. Ejerciendo la libertad de la que goza, saldrá a las calles, como en otras ocasiones, para defender el imperio de la Constitución, y las consecuencias negativas que pudieran derivar de esa firme actitud ciudadana serán de exclusiva responsabilidad de estos dos prepotentes y sus lacayos instalados en la Justicia.