¿Malversaciones, o simple “lata pararã”?

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, reveló, a poco de iniciar su gestión, haber encontrado 194 órdenes falsificadas de compra de remedios, diez toneladas y media de fármacos vencidos y un faltante de 11.100.000 dólares en los fondos previstos para cubrir las necesidades hasta fin de año. Hasta ahora, ha denunciado ante el Ministerio Público solo el primero de los delitos mencionados. A su vez, el titular de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, descubrió también, de entrada, que esa institución tenía 1.200 “planilleros”, entre los que figuran reclusos, políticos y hasta difuntos, pero hasta hoy solo se refirió al caso de estos últimos en una presentación hecha ante el órgano encargado de investigar hechos punibles. Han habido otros casos parecidos, en los que tampoco se dio aún intervención al Ministerio Público. El sacar a luz en forma rimbombante estos escándalos responde a la práctica de tratar de demostrar, luego de un cambio de Gobierno, que las nuevas autoridades tienen supuestamente el mayor interés en depurar las instituciones. Pero para conseguirlo, no llegan a dar los pasos necesarios a fin de que los autores y encubridores de las presuntas fechorías sean convocados por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción a los efectos, al menos, de prestar una declaración testifical.

Cargando...

El ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, reveló, a poco de iniciar su gestión, haber encontrado 194 órdenes falsificadas de compra de remedios, diez toneladas y media de fármacos vencidos y un faltante de 11.100.000 dólares en los fondos previstos para cubrir las necesidades hasta fin de año. Hasta la fecha, sin embargo, solo ha denunciado ante el Ministerio Público el primero de los presuntos delitos mencionados.

El de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, descubrió también, de entrada, que el órgano que dirige cuenta con 1.200 “planilleros”, entre los que figuran reclusos, políticos y hasta difuntos, pero hasta hoy solo se refirió al caso de estos últimos en una presentación hecha ante el órgano encargado de investigar hechos punibles.

La Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en tres licitaciones públicas de la Dinac, relativas a la provisión e instalación de equipos de señalización aeroportuaria, a la compra de luces de pista portátiles y a la adquisición de luces portátiles para los aeropuertos de Fuerte Olimpo y Vallemí, sin que aún haya dado intervención al Ministerio Público.

El sacar a la luz en forma rimbombante estos escándalos responde a la práctica de tratar de demostrar, luego de un cambio de Gobierno, que las nuevas autoridades tienen supuestamente el mayor interés en depurar las instituciones. Pero para conseguirlo, no llegan a dar los pasos necesarios a fin de que los autores, cómplices y encubridores de las presuntas fechorías sean convocados por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción a los efectos, al menos, de prestar una declaración testifical.

Es probable que, a medida que se acentúe la disputa entre el Gobierno y el “cartismo”, surjan nuevas revelaciones, tanto o más graves que las referidas, y no precisamente para que los culpables vayan a la cárcel y reparen el daño causado sino, sencillamente, para demeritar a los críticos de la oposición y dar la impresión de que se combatirá con energía la corrupción en los entes públicos. Pero esta es una historia ya demasiado conocida en nuestro país, con resultados –o con la falta de ellos, el oparei– repetidos cada cinco años, cuando comienza un nuevo periodo gubernativo.

Si se abre la caja de Pandora de la corrupción, se debe ir hasta las últimas consecuencias, promoviendo las acciones pertinentes. De lo contrario, se podría suponer que las nuevas autoridades carecen de elementos probatorios suficientes para que los responsables sean sancionados, o que solo buscan mostrar que la herencia recibida ha sido de lo más deplorable para justificarse por adelantado ante las críticas que podrían recibir por su gestión.

En una reciente entrevista de prensa, el ministro Mazzoleni se negó a acusar a nadie con respecto al enorme volumen de los medicamentos vencidos, que estarían en depósitos, en hospitales o en “regiones” sanitarias. Debería saber que quienes le precedieron en el cargo habrían cometido, entonces, el delito de lesión de confianza y que el art. 286, inc. 3º, del Código Procesal Penal le obliga a denunciarlos. De lo contrario, sus denuncias aparecerán como un vulgar “lata pararã”. Si no se anima a dar nombres, que presente una denuncia contra personas innominadas. Lo peor que puede hacer, al igual que su colega Petta, es abstenerse de cumplir con su deber legal.

Para evitar aparecer como un vulgar charlatán, el ministro Mazzoleni debe concretar las denuncias sobre sus graves revelaciones. Pero, aunque no las haga, el Ministerio Público, que es el órgano que representa a la sociedad ante la Justicia, está obligado a intervenir de oficio, pues el art. 5º de su ley orgánica dispone que “la persecución penal (...) será promovida inmediatamente después de la noticia sobre la comisión de un hecho punible”. Si la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se informa también a través de la prensa, debería actuar de oficio y no limitarse a esperar las denuncias ministeriales sobre los hechos punibles más graves, hasta ahora solo revelados ante los medios de comunicación.

Lo mismo cabe decir con respecto a las corruptelas descubiertas por la Contraloría en las licitaciones públicas de la Dinac, que casualmente acaban de revelarse luego del 15 de agosto. En ellas estaría involucrado el exdirector Jerónimo Viveros Cartes, primo del expresidente de la República Horacio Cartes y socio comercial del exministro Juan Carlos López Moreira.

La Dirección Nacional de Aduanas es otro ejemplo de las denuncias efectistas que suelen aparecer con cada cambio de Gobierno, mediante anuncios de un crecimiento fenomenal de las recaudaciones a partir de la asunción de nuevas autoridades en esa institución. Pero tales auspiciosos anuncios muy pronto pasan al olvido y las recaudaciones vuelven a su cauce normal, seguramente porque los “maletines” que proveen los jefes regionales y vistas de aduanas pronto llegan a nuevos destinos, luego del reacomodo de los “padrinos” políticos.

Que los hospitales están desabastecidos pese a los presupuestos que se asignan para medicamentos e insumos es una realidad. También lo es que gobernadores departamentales e intendentes municipales han desviado millonarios fondos destinados a la educación, de los cuales muchos de ellos, violando la ley, ni siquiera rinden cuentas.

Lo raro es que todo esto se ve solo al comienzo de la gestión de los nuevos Gobiernos. Por eso, es preciso que el presidente Mario Abdo Benítez inste con firmeza a sus funcionarios a que concreten sus denuncias, les hagan un seguimiento y que el Ministerio Público procure que los bandidos vayan a la cárcel y luego se recupere lo robado. De lo contrario, él y sus colaboradores pasarán a engrosar la lista de charlatanes de los que ya hay a montones.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...