El exsenador colorado Óscar González Daher, confortablemente recluido con su hijo Rubén González Chaves en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, pidió que el agente fiscal René Fernández sea investigado porque, según la denuncia, proporcionó a la prensa el informe de la Seprelad que lo involucra en el manejo irregular de casi ocho billones de guaraníes, así como otros documentos relativos a sus bienes. Es comprensible que el quejoso exlegislador –imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa– tenga mucho que ocultar tras haber ejercido un notable poder político durante largos años. Las declaraciones juradas de bienes y rentas que debió haber presentado a la Contraloría General de la República estarían muy lejos de reflejar el volumen real de su patrimonio, así que no es de extrañar que lo revelado hasta ahora lo tenga bastante preocupado y molesto.
Está acostumbrado a la prepotencia pura y dura y no puede admitir que la gente se entere, entre otras cosas, de que solo tenía una cuenta bancaria en la que se depositaba su dieta como legislador. Entonces, trata de atemorizar, como bien cree el Ministerio Público, confiado acaso en que la Justicia siga respondiendo al poder político y que la causa sea finalmente desestimada.
Al señor feudal luqueño, que manejaba a su gusto la Dinac, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Municipalidad de Luque y tentáculos en el Senado y en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), y pagaba sumas irrisorias en concepto de impuesto inmobiliario, le resulta inconcebible que, de pronto, tenga que rendir cuentas de sus presuntas inversiones encubiertas por testaferros. En 2010, un diario colega reveló que el entonces presidente del Senado evadía el pago del impuesto inmobiliario por unas cincuenta propiedades en Luque. Luego de que se destapara el apestoso asunto y realizara el pago que ¡ignoraba que debía efectuar!, según alegó, el intendente César Chiola le devolvió casi 23 millones de guaraníes, que supuestamente le cobraron en forma errónea.
Al confirmar su prisión preventiva, así como la de su hijo, los magistrados Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez afirmaron que esa medida es “indispensable a fin de que el órgano investigador siga colectando los medios de prueba que considere útiles para la búsqueda de la verdad real”. En efecto, se trata de conocer la realidad de los hechos y no simplemente la que aparece, por ejemplo, en los papeles de la inmobiliaria “Príncipe Di Savoia”. Los hechos punibles que se le atribuyen están relacionados entre sí: en el caso de que sus declaraciones juradas de bienes y rentas hayan sido incompletas o no hayan contenido datos ciertos, el enriquecimiento ilícito pudo haberse ocultado mediante el lavado de dinero.
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Los camaristas referidos también señalaron que los procesados tienen posibilidades reales de obstruir la investigación, lo cual apunta, sin duda, al poder económico e incluso al político que aún puede tener quien fue privado de su investidura en diciembre de 2017 por “uso indebido de influencias” desde el JEM. Se recordará que en la causa que hoy nos ocupa invocó sus fueros, antes de renunciar a su banca, para impedir el allanamiento de su mansión con orden judicial.
Por de pronto, como ya lo hizo en el caso de los audios, está incidentando las actuaciones, tal como procedió en los últimos cinco años el senador Víctor Bogado, quien también denunció a los agentes fiscales intervinientes.
Está pendiente de resolución, por parte del Tribunal de alzada, el pedido de la defensa que sea excluido de la calificación el delito de enriquecimiento ilícito, cuya expectativa de pena llega a los diez años, con el pretexto de que los imputados no manejan fondos públicos. Los abogados de González Daher ya presentaron también una excepción de inconstitucionalidad contra el art. 245 del Código Procesal Penal, que regula las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, y una recusación contra el agente fiscal Fernández y su colega Liliana Alcaraz. Ambas chicanas deben ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia, siendo de esperar, para despejar dudas, que ella se expida cuanto antes y que sancione el ejercicio abusivo del derecho a la defensa, que hasta ahora ha venido tolerando descaradamente. Debería abandonar su actitud complaciente y acompañar el alentador esfuerzo de los agentes fiscales y de los magistrados que intervienen en esta causa.
Está visto, pues, que el proceso será entorpecido sistemáticamente por quien nunca se consideró “gente común” o sometido a la ley como cualquier otro ciudadano. Le estará costando mucho entender que, aparentemente, ya no manda como antes y que la libertad de prensa reinante permite que las operaciones financieras subterráneas salgan a la superficie. Asimismo, le debe de resultar muy difícil tolerar que hoy la gente honesta salga a las calles y repudie a facinerosos de marca mayor que estaban habituados a la impunidad total.
Nunca se habrá imaginado que alguna vez estaría preso por la aparente comisión de delitos comunes. Fue uno de los principales allegados al presidente Horacio Cartes, y llegó a presidir el órgano encargado de juzgar a los jueces y a los agentes fiscales, amenazando con la destitución a funcionarios que no apoyaban a los candidatos del oficialismo colorado en las elecciones internas de ese partido.
González Daher tiene mucho que explicar, pero lo más seguro es que trate de embarrar al máximo la cancha, por lo que este proceso constituye una prueba de fuego para la Justicia, que tendrá la oportunidad de demostrar su fortaleza o si los agentes fiscales y jueces continúan siendo peones de los poderosos.