Con la franqueza que debería ser usual en el sector público, el presidente de Petropar, Eddie Jara, admitió que “hay muchísimas cosas que están mal” en dicha empresa y que la planta alcoholera de Mauricio José Troche “se encuentra en su peor momento”. También el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, está enterado de la desastrosa situación, pero prefiere ocultarla y extorsionar a los competidores de la corrupta y prebendaria empresa estatal. En vez de promover su radical saneamiento, pretende mantenerla a flote recurriendo a la arbitrariedad y acusando a sus propias víctimas ante la opinión pública.
Uno de los varios atropellos por parte del MIC consistió en haber obligado a las empresas proveedoras de combustibles a firmar “acuerdos” con Petropar, para comprarle el alcohol más caro del mercado. Semejante abuso, obviamente desprovisto de todo sustento legal y solo fundado en una supuesta “cuestión social”, obligó a los afectados a trasladar el mayor costo de compra al precio de sus productos, de modo que las consecuencias del chantaje recayeron sobre los millones de consumidores en el país. El hecho de que un ministro coaccione para que los agentes económicos se surtan de cierto proveedor es inconcebible en un mercado de libre concurrencia, pero aquí se ignoran la Constitución, las leyes y la sensatez en materia económica para intentar el salvataje de una empresa pública fallida, llena de clientela política parasitaria.
Desde su instalación en 1981, la planta alcoholera se distingue por su ineficiencia y su manejo político-partidario, lo que le impide lograr beneficios compitiendo en igualdad de condiciones. ¿Cómo podría obtenerlos si paga 160.000 guaraníes, más un IVA del 5%, por una tonelada de caña de azúcar, mientras que el precio del mercado oscila entre 110.000 y 120.000 guaraníes, IVA incluido? La evidente razón por la que abona en exceso es el populismo que busca ser recompensado con votos y que, según el actual presidente de Petropar, fue “heredado” por su administración. Es cierto que en la ruinosa planta alcoholera la irracionalidad política siempre ha prevalecido sobre la realidad económica, pero el actual Gobierno nada ha hecho para corregir –como debería– las cosas durante tres años. También habrían formado parte de la “herencia” unos 95 colorados que fueron contratados para la zafra de este año, sin concurso de méritos, lo que es atribuible a que el actual gerente, Adalberto Giret, fue nombrado gracias a la presión ejercida por legisladores colorados del Guairá, así como por la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche. O sea que para dirigir la planta alcoholera no se requiere necesariamente idoneidad, sino más bien el apoyo oportuno de dirigentes zonales, quienes son retribuidos con puestos y con cupos firmados por el gerente para entregar la caña de azúcar.
La mencionada planta industrial ha tenido otras fuentes de corrupción, como son las sobrefacturaciones en obras que incluso quedan luego abandonadas, como la planta de ósmosis inversa, levantada durante la pésima gestión de Sergio Escobar a un costo de 27.000 millones de guaraníes y hoy a cargo del dirigente de la ANR Amado Rotela. No debe extrañar, entonces, que la planta se paralice una hora de cada tres, según el presidente de Petropar, debido a las continuas averías de los molinos y de las cuchillas, presumiblemente atribuibles a la inexperiencia de los operadores políticos incorporados.
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El bajo rendimiento resultante impedirá alcanzar este año los 67 litros de alcohol por tonelada de caña de azúcar, meta fijada por la actual administración de Petropar: hoy día, solo está produciendo 60,4 litros. “Troche es un ejemplo de ineficiencia”, reconoció el presidente de Petropar, lo que sumado al elevado precio pagado por la materia prima hace que el costo de producción llegue a 8.500 guaraníes por litro, mientras el sector privado está vendiendo el producto a ¡entre 2.800 y 3.000 guaraníes! Los datos consignados y las confesiones citadas, que confirman lo que desde hace mucho tiempo ha venido denunciando nuestro diario, revelan un empleo escandaloso del dinero de todos, en función de la politiquería y del enriquecimiento ilícito.
La planta alcoholera de Mauricio José Toche es un elefante blanco que no solo devora fondos públicos, sino que también ataca, amparado por el Gobierno, a empresas mucho más eficientes y a honestos productores del sector privado.
El presidente de Petropar anuncia que se tomarán decisiones sobre el gerenciamiento y que se harán “muchos cambios estructurales”. El problema de fondo es que las empresas públicas, en general, no operan de acuerdo a los criterios por los que se rigen las privadas. Allí no importa tener empleados superfluos e ineptos, ni abonar por la materia prima un precio superior al del mercado. Tampoco importa pagar más de lo necesario por equipos e instalaciones que no serán utilizados ni realizar compras según el padrinazgo político del oferente. Los “cambios estructurales”, imprescindibles para que la planta alcoholera sea rentable, afectarán, sin duda, intereses político-económicos poderosos, como bien lo sabrá quien dice querer impulsarlos.
Habrá que esperar para ver si se concretan, pues hasta ahora ni el presidente Cartes ni el ministro Leite han manifestado la menor preocupación por tan calamitoso estado de cosas. Se limitaron a culpar al sector privado, aparte de imponerle una camisa de fuerza. La pregunta que se plantea es si el señor Jara dialogó con ellos para ilustrarlos mejor y si recibió la autorización de rigor para sanear Petropar y, en especial, para aligerar el lastre alcoholero. Por de pronto, alegra a la ciudadanía que al menos él haya reconocido que la situación es insostenible. En cuanto al ministro, es de esperar que, si va a quedarse en el país cuando abandone el cargo, se abstenga de perseguir y de denostar a los empresarios privados, si no quiere hundirse aún más en el ridículo.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben oponerse públicamente y con perseverancia a que su dinero se continúe usando para intentar reflotar empresas estatales quebradas que solo sirven para sostener a la clientela política vividora de los Gobiernos de turno.