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Es lamentable, pero nada asombroso, que diez reos de la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyú hayan sido asesinados por otros, miembros de la organización criminal brasileña Primer Comando da Capital (PCC). Es indignante, pero tampoco insólito, que cuatro condenados –dos narcotraficantes con sus respectivos “secretarios”– vivieran en plena libertad en una “granja” aledaña a dicho penal, disponiendo de una antena satelital y de un vehículo, así como de uniformes policiales y proyectiles, entre otras cosas. Y es intolerable, pero en absoluto extraño, que las autoridades y los funcionarios competentes, empezando por el ministro de Justicia Julio Javier Ríos, hubieran ignorado lo que venía ocurriendo en la prisión. Lo que allí acontecía, como en otros sitios, es que la prisión estaba en manos de bandas que se disputaban su control y que algunos de ellos eran privilegiados. Si el citado ministro, e inclusive el del Interior, Juan Ernesto Villamayor, no lo sabían, es porque, o son unos reverendos incompetentes o, hasta puede pensarse, no están ajenos a las millonarias recaudaciones “extras” en las cárceles. La exdirectora de Institutos Penales, abogada Olga Blanco, calculó en su momento que solo en la cárcel de Tacumbú había negocios turbios subterráneos que movían alrededor de 1.500 millones de guaraníes mensuales.
En efecto, la violencia y el dinero sucio que reinan en los penales son atribuibles a la ineptitud y, sobre todo, a la corrupción de los guardiacárceles y de sus jefes, tanto mediatos como inmediatos. En el editorial del 13 de marzo de este año, dijimos que los motines desatados días antes en Concepción y en Coronel Oviedo mostraban que el PCC se estaba apoderando de los centros penitenciarios, que “el problema de fondo radica en la corrupción fomentada por el crimen organizado” y que podían esperarse “más acciones delictivas y motines carcelarios”. Dicho y hecho. Los únicos que no percibían esta realidad eran los citados ministros y demás autoridades encargadas de la seguridad. El editorial del 18 de mayo, publicado luego de que dos reclusos murieran y uno quedara gravemente herido, tras atacarse con armas blancas en el presidio de Tacumbú, concluía así: “...las cárceles se están convirtiendo en polvorines que pueden estallar en cualquier momento (...) se trata de un problema cuyo tratamiento ya no admite demoras, sino su inmediata atención, para no reaccionar recién cuando se produzca alguna tragedia que se podía evitar”. Es exactamente lo que ocurrió ahora.
El ministro Villamayor dijo, con razón, que el Ministerio a su cargo no es responsable de las cárceles. Pero, nos preguntamos, ¿no pudo el servicio de inteligencia del Estado, si es que está activo, “oler” por lo menos algo de lo que estaban tramando los del PCC? Por supuesto, luego de concretarse la masacre, llegan las promesas “a posteriori” y las consabidas excusas de que falta esto o aquello para enfrentar el problema del crimen que jaquea a nuestro país.
Para peor, la última tragedia fue evitable, pero nadie hizo algo, repetimos, por negligencia o por venalidad. Inclusive, el ministro Ríos reveló que se sabía de los motines planeados por el PCC, agregando que no pudieron ser impedidos, “a pesar de los esfuerzos”. ¿Qué esfuerzos? Tanta inutilidad es inadmisible.
A sabiendas de todo esto, vale la pena preguntar: ¿Qué sigue haciendo el ministro de Justicia en el Gabinete del presidente Mario Abdo Benítez? Si el Jefe de Estado no puede discernir las cosas, o cambiar a sus colaboradores por compromisos políticos o falta de coraje, el futuro del Paraguay se presenta negro. Más aún, Ríos admitió que la corrupción en el sistema penitenciario favoreció el último alzamiento, lo que induce a preguntarle qué ha hecho hasta hoy para eliminarla. Reaccionó destituyendo al director general de Establecimientos Penitenciarios, Blas Martínez, y al director del penal afectado, Wilfrido Quintana (“Por su permisividad, no pudimos evitar lo que ocurrió”), a quien había nombrado por recomendación de “dirigentes de San Pedro, todas las autoridades de la zona, gobernador, todos...”. Agregó que así ocurrió en casi todas las penitenciarías. ¿De qué podemos quejarnos, entonces, si de nuevo importantes cargos públicos son utilizados como moneda de cambio para pagar favores electorales? No prevalecieron ni la idoneidad ni la honestidad de los nombrados, sino su carnet partidario y el respaldo de los capitostes locales. Lo mínimo que se espera, entonces, es la renuncia del insensato ministro –si es que Marito no lo echa antes–, ya que fue incapaz de frustrar unos motines de cuyo planeamiento tenía conocimiento.
También el titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Esteban Aquino, informó que el Consejo de Seguridad ya sabía que el PCC reclutaba en las penitenciarías y planeaba motines, pero agregó que la seguridad en ellas compete al ministro de Justicia. Como siempre, los incompetentes funcionarios “se tiran la pelota” para eludir sus responsabilidades. ¿No le preocupa a Marito esta descoordinación o falta de cooperación entre sus altos funcionarios?
Si el PCC ya está en guerra con el clan Rotela por el dominio del mercado del microtráfico en las cárceles, es porque ya está sólidamente instalado en todo el país, en las narices de los funcionarios que se lavan las manos. ¿Seguirá manteniendo Marito a estos “representantes de la ley”?
Así las cosas, los paraguayos y las paraguayas solo pueden esperar el aumento de la delincuencia, de los ajustes de cuentas y de la inseguridad en sus hogares y en las calles. Por tanto, deben manifestarse en los lugares públicos exigiendo garantías para sus vidas y sus bienes, para lo cual, en primer lugar, necesitan que haya funcionarios competentes y honestos, y que los inútiles, los averiados e inescrupulosos vayan a sus casas.