“Marito” deberá dar el ejemplo

El gobierno de Horacio Cartes, que termina el 15 de agosto próximo, se va inmerso en un mar de negociados oscuros que demuestran la espantosa corrupción que nos esclaviza. Por tal motivo, más que cualquier otra cosa, lo que el Paraguay necesita es una firme política anticorrupción y de reformas pragmáticas cuidadosamente diseñadas para permitir que el país progrese a través de una administración pública honesta y eficiente. 

Como legado de la dictadura stronista, el Paraguay tiene un sistema económico opresor oligárquico, producto de una profunda y extendida corrupción del sector público, y una masiva evasión fiscal en las actividades privadas a través de una economía informal estimada en un 40 por ciento del PIB oficial, con una inseguridad jurídica y un sistema judicial bajo la bota del poder político.

La causa básica del fracaso del esfuerzo anticorrupción es la engañosa creencia de que la clave del cambio son las personas y no las instituciones. Una reforma sistémica como la que necesita el país es un sistema altamente dependiente del funcionamiento de las instituciones tanto como del cambio de los funcionarios que la encabezan. En otras palabras, todo será igual si se cambian solo las personas pero las instituciones continúan con su estructura obsoleta y su renqueante marcha. La ciudadanía sufre las consecuencias de que, pese a los casi 30 años transcurridos en democracia y los pocos esfuerzos hechos para desafiar al viejo y corrupto desorden político prevaleciente, la situación general del país en cuanto a moralidad pública ha ido más bien empeorando antes que mejorar, como puede constatarse bajo el gobierno de Horacio Cartes, con los numerosos fatos que han salido y siguen saliendo a la luz.

Todos los gobernantes que se han turnado en el poder desde el derrocamiento de la dictadura emocionados prometieron una gestión honesta y patriótica, pero fue solo de boca para afuera, pues sus palabras en tal sentido nunca hasta ahora se han correspondido con la acción. Esto, porque la camarilla que al asumir cada presidente lleva consigo al poder, lo primero que hace es posicionarse en los atracaderos de la corrupción para seguir medrando a costa del Estado, con igual o mayor voracidad que sus predecesores, sin el menor ánimo de administrar con honestidad y ética de responsabilidad las reparticiones públicas puestas a su cargo. 

Las consideraciones precedentes vienen a propósito de lo que la gente espera del gobierno de Mario Abdo Benítez tras asumir el poder el próximo 15 de agosto, habida cuenta de la situación de inmundicia moral generalizada implantada por el Presidente de la República saliente, cuyo corolario es su febril pretensión de dar una patada final a la Constitución en su intento de jurar como senador activo, en vez de acatar hacerlo como vitalicio, como ella manda. 

En ese sentido, ante la gran estafa intelectual perpetrada al pueblo paraguayo por el Gobierno del “nuevo rumbo”, la ciudadanía está expectante en cuanto a la calificación moral de los colaboradores que tendrá el nuevo presidente. 

Como la lucha contra la corrupción y la impunidad no terminará con la salida de Cartes del poder, se entiende la inquietud de la gente acerca de la calidad de colaboradores que “Marito” llevará consigo al poder. La ciudadanía tiene la certeza de que el éxito o el fracaso de su Gobierno no va a depender tanto de los “buenos amigos” que ponga en los diferentes cargos de la administración pública, sino de la honestidad y sensatez que ellos, a su vez, tengan para elegir a sus colaboradores y asesores. Si coloca a un amigo que también coloca a otro amigo, le pasará lo que a Cartes: tendremos un gobierno de ladrones, y, para más, inútiles. Esto equivale a decir que el gobierno de “Marito” no debe incurrir en las malas prácticas del de Cartes ni dejarse arrastrar por la rapaz lógica que caracterizó a todo el equipo de su administración. Si quiere construir un Paraguay mejor, debe primero desarticular la endémica y repugnante corrupción que heredará, que se extiende desde el Palacio de López a todo el aparato estatal en el país, con profusas ramificaciones en el sector privado. 

Afortunadamente, está surgiendo una creciente reacción pública generalizada contra este mal, caldo de cultivo para la proliferación de la inseguridad, la violencia, la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, la reciente inexplicable negativa del contralor general de la República, Enrique García, de dar a conocer, como corresponde, la declaración jurada de bienes de los altos funcionarios públicos que dejarán próximamente sus cargos, es una cabal demostración de que la cacareada “transparencia” de la que se jacta el gobierno de Cartes se convierte en una farsa con este tipo de protección a los violadores de esa ley. 

Para reformar el comportamiento de los funcionarios de su gobierno, Mario Abdo Benítez debe proyectar una imagen inspiradora de arriba para abajo, predicando con el ejemplo, de modo de tener autoridad moral para cortarles las manos a los ladrones, promesa formulada por Horacio Cartes que se olvidó de cumplir, tal vez porque iba a llenar de mancos su gobierno. 

Para no caer en esta misma incongruencia y perder credibilidad, debe desmontar de su administración las bases de soporte personal a los concusionarios que roban los caudales públicos en colusión con empresarios corruptos, como viene ocurriendo impunemente en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y otras reparticiones estatales bajo el actual Gobierno. 

Si así procede, el nuevo gobernante puede tener por seguro que tendrá el apoyo incondicional de todos los paraguayos y las paraguayas de bien.