Si el progreso del Paraguay dependiera de convenios, acuerdos interinstitucionales, cursos de fortalecimiento de las entidades públicas dictados por expertos y otros mecanismos de atractivos nombres, profusamente publicitados, nuestro país debería ser uno de los más eficientes y desarrollados.
Por ejemplo, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, en el contexto del “Plan Nacional de Seguridad Pública, Paraguay seguro”, impulsado por el Ministerio del Interior, se firmó un rimbombante convenio de creación de los Consejos Departamentales y Municipales para la Seguridad Ciudadana, dentro del programa “Departamentos y Municipios Seguros”. Lamentablemente, los propósitos del emprendimiento fueron a parar al basurero, al punto de que muchos referentes de la sociedad, por la ineficacia y los escasos resultados, lo denominaron “fracaso seguro”, dado que el índice de delincuencia –en auge hasta el día de hoy– no solo se multiplicó, sino que además los métodos delincuenciales se perfeccionaron hasta volverse un modus operandi al que un número cada vez mayor de malvivientes recurre con todo descaro.
Por si la experiencia de fracaso de muchos convenios no bastara, la Contraloría General de la República (CGR) y el organismo no gubernamental Centro de Estudios Judiciales (CEJ) firmaron hace poco un convenio para llevar adelante programas de formación y capacitación destinados a fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
En este mismo tenor, aproximadamente un año atrás, la Secretaría Nacional Anticorrupción suscribió un convenio con la Red del Pacto Global de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción mediante la transparencia.
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Estos son apenas algunos de los instrumentos firmados, porque hasta la propia Corte Suprema de Justicia suele suscribir documentos y auspiciar cursos a cargo de calificados expertos. Acaba de organizarse en nuestra capital la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que, según las crónicas periodísticas, los participantes formularon un fuerte llamado a la transparencia, el combate contra la corrupción y al mejoramiento de la calidad de la Justicia. Pero, nos preguntamos: los convenios y los foros ¿han reducido siquiera en un ínfimo porcentaje la delincuencia y la corrupción en nuestro país? En nada.
En efecto, mientras se viene experimentando, buscando la fórmula para contrarrestar las consecuencias virulentas de la corrupción, el Paraguay sigue figurando entre los países más corruptos del mundo y entre los peores a nivel sudamericano, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción que cada año elabora la Organización Transparencia Internacional. Así, en 2015, se ubicó en el puesto 130 de un total de 167 países estudiados.
De cara a esta realidad, la ciudadanía atenta al devenir de los acontecimientos nacionales se pregunta con legítimo escepticismo: ¿qué importancia tiene firmar tantos convenios si a la postre el Paraguay sigue revolcándose en el mismo fango de la corrupción?
En este tren de cosas, el futuro de nuestra sociedad no es nada alentador; la corrupción seguirá su curso corrosivo, afectando a los más necesitados, considerando que los fondos destinados a mejorar el bienestar de la clase menos pudiente siguen despilfarrándose. Allí tenemos el dinero público del Fonacide, que ha sido dilapidado por las municipalidades y las gobernaciones, impidiéndose así que miles de niños y jóvenes accedan a una educación digna. Además de socavar la capacidad de gestión del Gobierno, la corrupción alimenta la desigualdad, acrecienta la injusticia y desalienta la inversión.
Lamentablemente, este mal sigue siendo una parte integral del marco político, económico y social del Paraguay, donde las leyes poco o nada cuentan. Por todo ello, para hacer frente a la estructura corrupta que se ha institucionalizado en el país, debe aflorar una nueva cultura, con patriotas que recuperen valores perdidos, como la honestidad, y hagan de ella una bandera de cambio.
El pueblo paraguayo puede derrotar a la corrupción toda vez que sancione con sus votos o escrache allí donde los encuentre a quienes probadamente se han aprovechado de los recursos públicos que deberían destinarse a promover el bienestar de la población.