El resultado de la reunión cumbre de los Poderes del Estado no podría haber sido más decepcionante. Dadas las circunstancias que la generaron, y cuando la ciudadanía esperaba que de la misma saliera una enérgica decisión con directivas precisas de acciones institucionales dirigidas a combatir la corrupción incubada al interior de los propios estamentos del Estado, y que constituye el caldo de cultivo del crimen organizado transnacional que se ha consolidado en el país en los últimos tiempos, lo resuelto en ella no pasa de ser un mero recuento de líricas promesas a las que los Poderes del Estado tienen acostumbrada a la ciudadanía cada vez que aflora un escándalo que desnuda sus falencias jurisdiccionales, como ha sido esta vez el alevoso asesinato de nuestro compañero de tareas Pablo Medina y su acompañante.
En vez de discutir formas de impulsar con firmeza el Estado de derecho, iniciando de inmediato y con firmeza una investigación de los funcionarios públicos sospechados de corruptos, así como de las autoridades políticas presuntamente catapultadas a los cargos públicos por la narcopolítica, los presidentes de los Poderes del Estado, como gran cosa, han resuelto traer todas las causas contra los narcos a tribunales de la capital de la República. Una medida que probablemente irá a beneficiar más a los mafiosos y fortalecerá el poder de sus padrinos empotrados en los altos cargos de los tres Poderes del Estado, como se ha visto en estos días tras la muerte de Pablo Medina.
Efectivamente, la protección que intentó brindar al presunto mandante del crimen del periodista de nuestro diario la diputada por el departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, ha puesto al descubierto la perversión del poder político cooptado por el crimen organizado que opera en vastas zonas del país, sobre todo a lo largo de la frontera seca con Brasil.
Obviamente, ella no es la única que detenta un cargo político electivo y que parece ligada a la narcopolítica. Según los senadores Robert Acevedo (liberal), Mario Abdo Benítez (colorado) y Desirée Masi (demócrata progresista), se tiene identificados con nombres y apellidos a varios senadores y diputados que accedieron a sus cargos de la mano de la mafia fronteriza, pero las autoridades que debieran investigarlos no se atreven a hacerlo, empezando por sus colegas del Parlamento, quienes prestamente se abroquelan para protegerlos a como dé lugar.
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Al igual que las autoridades políticas electas, existen numerosos funcionarios del Gobierno y de la Justicia que se han enriquecido meteóricamente protegiendo a mafiosos que han caído en las manos de la justicia por sus fechorías, pero que merced a jueces venales han salido absueltos de los cargos por los que se los imputó.
Dada la perversidad de la narcopolítica y la corrupción inherente a nuestro sistema de justicia, poca o ninguna diferencia va a haber si el narcodelincuente es juzgado por sus fechorías en un Juzgado de Curuguaty, de San Pedro, o de Asunción. En realidad, ser traídos a la Capital para ser juzgados podría significar más bien una ventaja para los facinerosos del crimen organizado, dado que los protectores nacionales de sus protectores locales se encuentran aquí, en Asunción. Un político manipulador confeso de la Justicia paraguaya al más alto nivel es el senador Juan Carlos Galaverna, quien en una oportunidad fue sorprendido por la opinión pública bajando “criterio político” al entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fernández Gadea, a los efectos de un fallo que el mismo estaba a punto de emitir.
Además, la experiencia nos indica que formar comisiones para enfrentar crisis resulta siempre en fracaso, al punto que cuando tal cosa ocurre, como resolvieron ahora los presidentes de los tres Poderes del Estado, la gente ya barrunta que la intención que conlleva la comisión es ir por el camino del “oparei”. Vale decir, que se trata de un recurso burocrático para disfrazar la falta de voluntad política para resolver un determinado problema.
Acostumbrada como está a las falsas promesas de los gobernantes de turno de cara a los crónicos problemas del país, la gente no cree en absoluto que esta vez los Poderes del Estado vayan a emprender realmente acciones decisivas contra la narcopolítica y el crimen organizado, que se han hecho con el control de la vida y hacienda de los indefensos habitantes de las comunidades de los departamentos fronterizos con el Brasil.
Lo que corresponde es que los aliados de los bandidos, sean funcionarios públicos, miembros de la Corte, jueces o fiscales, sean investigados, procesados, depuestos de sus cargos y castigados con la cárcel. Pero como el Paraguay está catalogado como un Estado mafioso, donde hay delitos pero no hay delincuentes, el simple traslado de los expedientes a Asunción será más de lo mismo: cambiar para no cambiar nada.
Las vagas promesas gubernamentales no van a recuperar credibilidad creando comisiones, pronunciando discursos ni adoptando decisiones de cosmética, sino aplicando con decisión y coraje las leyes punitivas existentes contra quienes, sean quienes sean, delinquen y siembran zozobra en la ciudadanía.