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El 17 de julio último, el actual ministro de Hacienda, Benigno López, miembro de la Comisión Técnica Económica Tributaria, creada para que proponga a la Presidencia de la República la modernización y simplificación del régimen tributario, desmintió “categóricamente” el rumor de que el Gobierno entrante elevaría las tasas impositivas. El 25 de julio, otro de sus integrantes, el exministro de Hacienda Santiago Peña negó que dicho aumento fuera un “tema de discusión” entre ellos. El 12 de septiembre, la Comisión presentó su informe final, en el que sugiere que en una “primera etapa” se evite subir las tasas impositivas, pero que luego el impuesto a la renta personal sea progresivo y se generalice la tasa del 10% del impuesto al valor agregado a ciertos productos exonerados o con tasas reducidas, como fármacos y los de la canasta familiar.
O sea que, pese a las enfáticas declaraciones citadas, los contribuyentes de siempre se verán forzados a sacar más dinero de sus bolsillos para sostener un elefantiásico aparato estatal que en 2019 contará con 298.627 cargos, más los correspondientes a las decenas de miles de contratados. La única incógnita es cuándo tendrán que hacerlo, pues el documento referido nada dice sobre el inicio de la temible segunda etapa. ¿Empezará dentro de uno, dos, tres o cuatro años? Es de suponer que, en todo caso, sería el actual Gobierno el que proponga al Congreso que se castigue otra vez a quienes trabajan para seguir manteniendo a un ejército de ineptos, haraganes o corruptos que pueblan la administración pública, haciendo la salvedad de que existen quienes verdaderamente cumplen con sus obligaciones en los cargos que ocupan.
Es obvio que los contrabandistas y los evasores de impuestos no tendrán por qué preocuparse, pues la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación seguirán haciendo la vista gorda, es de suponer, a cambio del soborno de rigor. Quienes sí tienen buenos motivos para inquietarse son los empresarios, los empleados, los obreros o los campesinos que trabajan duramente, es decir, la generalidad de los habitantes de este país, que reciben poco o nada a cambio de los tributos que pagan directa o indirectamente.
El propio ministro de Hacienda admitió que “es normal que el empresariado no quiera pagar más impuestos, porque no recibe un buen servicio” del Estado, para luego negar que la Comisión haya sugerido aumentos de impuestos. Pretende así borrar con el codo lo que escribió con la mano, acaso para no poner al jefe del Poder Ejecutivo en una situación embarazosa.
En efecto, se recordará que el entonces presidente electo de la República, Mario Abdo Benítez, anunció en la Expo Santa Rita 2018 que se iban a “mantener los impuestos competitivos durante los próximos años”. En el informe final de la comisión referida también se aconseja, por cierto, “revisar el tratamiento impositivo de las inversiones, así como de las deducciones de gastos”, lo que podría tener un impacto negativo precisamente en la competitividad.
Lo que se busca es recaudar más, como si el déficit fiscal tuviera que ver solo con las tasas impositivas y no con los escandalosos gastos superfluos, los delitos fiscales o el gigantismo estatal. Se estima que el próximo año las remuneraciones al personal público seguirán devorando el 73% de la recaudación, pero nada se dice al respecto, aunque se propone que una eventual recaudación adicional, por motivos no explicitados, se destine solo a “inversiones sociales prioritarias”. Aparte de que esa asignación no depende solo del Poder Ejecutivo, esas inversiones pueden ser consumidas no solo por las malversaciones acostumbradas, sino también por las mejoras salariales otorgadas graciosamente, por ejemplo, a los burócratas de los ministerios encargados de la educación y de la salud públicas, y no a los que sostienen verdaderamente a esas instituciones, que son los maestros, los médicos y las enfermeras.
Antes que recaudar más persiguiendo solo a los contribuyentes que ya cumplen con su obligación tributaria y no a los evasores, es preciso reducir el gasto público. Ahora bien, esta es cuestión que no parece interesar mucho a los que mandan, sobre todo porque ellos mismos y sus respectivas clientelas podrían ser afectados. Es lo que puede inferirse de que no haya sido conformada aún la comisión que se ocuparía de revisar el gasto público, anunciada por el ministro de Hacienda cuando asumió el cargo. Entretanto, van surgiendo nuevos ministerios que exigirán mayores erogaciones, creándose hechos consumados que no serán revertidos y para los cuales hay que conseguir presupuesto cueste lo que cueste.
Es evidente que hay mucha tela que cortar en lo que hace a los gastos superfluos. Basta echar un vistazo al Presupuesto nacional para advertir la existencia de numerosos organismos que solo sirven para instalar allí a parientes, amigos y correligionarios, sin olvidar los viajes oficiales al exterior, los vehículos lujosos ni los consabidos “bocaditos”, entre otras muchas erogaciones inútiles. En el sector público no solo se roba a mansalva, sino que también se derrocha a manos llenas, como si el dinero malgastado fuera un maná que cae del cielo. En estas condiciones, es simplemente inmoral, como bien dice la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, hablar de aumento de impuestos cuando “el Estado no da retorno al contribuyente”.
Para reducir el gasto público hace falta coraje, porque su principal beneficiario –el funcionariado– constituye un fuerte grupo de presión, al que rinde pleitesía una clase política que también se queda con una tajada. Los ciudadanos y las ciudadanas deben manifestarse públicamente para hacer saber su disconformidad de continuar financiando el carnaval en que se divierten autoridades y funcionarios públicos.