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Como no hay bastantes agentes de policía para proteger a la población, el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez; el ministro del Interior, Francisco de Vargas; y el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, se reunieron para deliberar sobre la conveniencia de reducir o no el número de custodios que tienen los legisladores o si es preferible aumentar el de ingresantes en la Academia de Policía. Aún no han tomado ninguna decisión al respecto, pero la ciudadanía puede preguntarse por qué es preciso, por ejemplo, que el presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez (ANR), sea protegido por cuatro agentes de policía, los diputados Víctor Ríos (PLRA), Asa González (PLRA), Celso Kennedy (PLRA) y Celso Maldonado (PLRA) por tres; los diputados Amado Florentín (PLRA), Eusebio Alvarenga (PLRA), María Carísimo (PLRA), Ramón Duarte (Frente Guasu), Alsimio Casco (ANR) y Clemente Barrios (ANR) por dos; y los diputados Enrique Pereira (ANR), Walter Harms (ANR), Purificación Morel (ANR) y Celso Troche (ANR), por uno. ¿Por qué ellos gozan del privilegio de tener guardaespaldas uniformados, y por qué unos más que otros? Cuesta creer que la seguridad de sus personas y de sus bienes se halle más amenazada que la de sus colegas y que la del común de los ciudadanos. Sin contar que, según asiduos asistentes de las Cámaras, estos policías –muchos de ellos oficiales de carrera– son utilizados como simples ordenanzas por los legisladores, para llevarles sus portafolios, para servirles tereré, etc. ¡Una verdadera vergüenza!
Se ignora el criterio de la asignación de los guardias, así como la razón por la que algunos cobran de la Cámara Baja una bonificación por “servicios especiales”, previa solicitud escrita del diputado protegido. Pero, sobre todo, lo que cabe preguntarse es si realmente los legisladores requieren contar con una protección especial. Tal vez sea necesaria en casos excepcionales, pero la asignación de uno o más agentes de policía no puede depender del mero pedido del interesado. El ministro del Interior dijo que “en el futuro hay que trabajar probablemente por un protocolo (sic)”, lo que significa que hoy no existe ninguna normativa que rija la cuestión. Los parlamentarios ya tienen demasiados privilegios como para que sea necesario poner a su servicio a guardias uniformados, que deberían estar más bien en las calles para defender a la gente y perseguir a los malhechores. Si creen que su vida y su patrimonio están en peligro, que contraten una seguridad privada con los voluminosos recursos que perciben del Estado como dieta.
Y aquí cabe indagar también si la Cámara de Diputados necesita la custodia permanente de noventa agentes de policía. Se trata de una de esas prerrogativas irritantes que quiebran el principio de igualdad.