Cargando...
Un nuevo rubro que los políticos de la administración pública, el Poder Legislativo y el Judicial han venido explotando ágil y astutamente son los contratos de seguros médicos y odontológicos. Los legisladores, ministros, magistrados y funcionarios superiores, a pesar de que saben muy bien que en el cálculo de sus emolumentos oficiales están siempre comprendidos los rubros que hacen a todos sus gastos personales, se las arreglan para que, poco a poco, también esas cargas sean endilgadas al erario sin afectar a sus retribuciones.
De este modo, van incrementando incesantemente lo que perciben cada mes en concepto de retribuciones, ganando cada vez más, sin necesidad de hacer mucho ruido y, sobre todo, sin que la gente perciba que sus senadores, diputados, ministros del Ejecutivo, ministros del Poder Judicial, presidentes y directores de algunos organismos estatales, etc., de a poco, calladamente, pasito a pasito, se están convirtiendo en millonarios, succionando sin piedad ni término al erario.
Resulta, entonces, que los contribuyentes no solo debemos solventar las remuneraciones de estas “autoridades”, sino que también hay que pagarles sus expendios de consumo y servicios personales. Y no hablamos solamente de que al trabajador común se le hacen pagar los sueldos de las niñeras de las hijas del senador colorado Víctor Bogado y los de los cuidadores de la granja del diputado José María Ibáñez, del mismo partido, sino también de una multitud de funcionarios avivados que se hacen pagar sus gastos de seguro médico y odontológico, que entre las personas comunes es una carga personal que cada quien asume, si desea o no, y si puede solventar o no.
Estos capitostes del Gobierno que se apoderaron del botín del Estado no entienden –o no quieren entender– que asegurarse a sí mismos y a sus familias en empresas médicas debe ser un asunto privado de cada uno de ellos, que deben costearse a sí mismos con sus salarios normales, como hacen con el supermercado o la peluquería, y no gastos que endilgar a las fuentes públicas. Resulta así que no son ellos quienes deben sufragar sus seguros, sino nosotros, los ciudadanos comunes, trabajadores y contribuyentes.
¿Alguien puede explicar la razón de que los legisladores y muchos otros funcionarios del Estado tengan estos privilegios que los ubican por encima del común de los paraguayos? Entonces, son ciudadanos de primera en comparación con el común de los mortales de este país. Como tienen la sartén por el mango, a la hora de beneficiarse no les importa que haya o no haya una ley que lo permita, ya que, en última instancia, la van a interpretar como mejor les convenga.
Véanse algunos números. Los funcionarios del Banco Central del Paraguay, por ejemplo, están cubiertos por una empresa aseguradora privada –pagada con dinero del contribuyente– que le cuesta al erario 2.367.350 guaraníes mensualmente, por cada empleado. Estos son los más privilegiados. Cada funcionario del Banco Nacional de Fomento está cubierto con un plan de 2.026.500 guaraníes mensuales.
La lista de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y sus respectivos salarios revela que estas personas bien podrían pagarse su seguro médico, pero no lo hacen. Luis M. Benítez Riera gana G. 42.314.119; Antonio Fretes, G. 52.354.919; Óscar Bajac, G. 51.996.342; Alicia Pucheta, G. 52.603.650; Raúl Torres Kirmser, G. 61.433.478; Miryam Peña, G. 46.899.450; Gladys Bareiro, G. 38.763.265; César Garay Z., G. 43.345.525; y Sindulfo Blanco, G. 41.304.395.
Según informaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el monto de la licitación llamada por la Corte Suprema de Justicia para el seguro médico es de G. 1.021.074.984, lo que representa G. 113.452.776 por cada ministro. Aparte, los 10.000 funcionarios del Poder Judicial tienen un seguro médico que le insume al erario 88.000 millones al año.
En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se está resolviendo si dar o no como ganadora a la empresa que presentó la propuesta más baja para cubrir los seguros médicos de los funcionarios, que fue de 37.486 millones de guaraníes.
Pero no todos son agraciados con las mismas mieles del poder y los beneficios de la influencia partidaria. Nótese que los funcionarios de la Secretaría de Acción Social (SAS) se manejan actualmente con un plan de apenas G. 399.500 al mes, y el Instituto Paraguayo de Artesanía cuenta con uno de G. 425.000 por cada empleado. Como puede notarse, existe una fuerte discriminación en cuanto a los privilegios del seguro médico entre las propias instituciones del Estado. El Poder Legislativo tiene presupuestado para el próximo año el equivalente a unos 6,8 millones de dólares solo para el pago de seguro médico VIP a sus funcionarios.
Una sola empresa privada de seguros médicos, Santa Clara SA, logró los siguientes contratos en los últimos tres años: Cámara de Senadores, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Consejo de la Magistratura, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Instituto Nacional de Cooperativismo, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Congreso Nacional, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Ministerio de Industria y Comercio.
Estamos a favor de que la gente tenga buenas coberturas para su salud y bienestar. Es de desear que todos los paraguayos y las paraguayas tengan seguros de salud. Pero mientras la mayoría de los que lo pagan de su propio peculio se rompen el lomo para hacerse atender su salud, los privilegiados funcionarios públicos disfrutan de las mejores coberturas y atenciones pagadas justamente con dinero de ese sufrido contribuyente.
Esta es la indignante realidad de nuestro país, en donde los que están en el poder –cualquiera sea el partido político– acumulan cada vez más privilegios a costa del pueblo en general. De una vez por todas, el elector debe elevar su airada protesta contra este abuso descarado de la clase política contra la ciudadanía indefensa.