Todo autoofrecimiento es descarado, pero el que formuló recientemente el gobernador de Misiones, Arturo Martínez Jara (ANR), para ocupar nada menos que la titularidad de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es asombroso, y demuestra cuán lejos está aún la clase política de nuestro país de manejar con seriedad los altos intereses nacionales, sobre todo en una materia de tanta sensibilidad como los recursos hidroeléctricos.
En un acto reciente para conmemorar el Día del Agricultor, el ejecutivo departamental presentó su buena relación con todos los sectores sociales y organizaciones campesinas de la región como un argumento contundente para que el presidente Horacio Cartes, tras asumir funciones el próximo 15 de agosto, lo designe director de la EBY.
Sin ningún empacho y haciendo gala de una mentalidad completamente bolichera, Martínez sostuvo: “La gente que me conoce quiere que yo sea director de la EBY y honestamente yo quiero ser director de Yacyretá. Reúno las condiciones y la capacidad, soy político y economista, me dedico a la política partidaria, conozco mi trabajo como político, y como economista conozco mucho de administración de proyectos y elaboración de presupuestos”.
Todos los argumentos del gobernador saliente de Misiones son irrelevantes. Para el descomunal desafío que supone dirigir la EBY, no se requiere tener apoyo ciudadano, ser político, administrar proyectos ni elaborar presupuestos, sino saber manejar recursos hidroeléctricos, y contar con experiencia y competencia en la materia, además de tener un amplio respaldo político y, sobre todo, una gran solvencia en materia de negociación internacional.
El próximo director de Yacyretá debe ser una figura de un gran nivel profesional. En marzo del próximo año vence el plazo para negociar un nuevo tratado, que reemplazará al que Paraguay y Argentina firmaron en el año 1973, y que supuso para nuestro país un lamentable entreguismo que limitó de gran manera el aprovechamiento de los recursos generados por la hidroeléctrica.
En particular, debe encararse la renegociación del “Anexo C” del tratado, concerniente a las Bases financieras y de Prestación de los Servicios de Electricidad, apéndice cuyo fenecimiento y consiguiente revisión se dará el 27 de marzo de 2014, luego de 40 años de entrada en vigor. Uno de los puntos centrales que deberán considerarse es la revisión de la pesada deuda de la entidad, estimada en US$ 18.000 millones.
Si se observa cómo se han comportado en estas cuatro décadas los gobiernos de la Argentina y el Brasil en el manejo de las hidroeléctricas que construimos con ambas naciones, veremos que siempre han nombrado directores con gran capacidad técnica y un perfil adecuado a los retos que implica el cargo que debían desempeñar.
Esta norma de conducta ha sido puesta en práctica fundamentalmente por el Brasil. Lamentablemente, el hecho de que los gobiernos paraguayos hayan designado a gente incapaz o improvisada para los altos puestos directivos de las binacionales y sus respectivos consejos, fue la principal causa de haber defeccionado en tantas ocasiones en la defensa de los altos intereses nacionales.
La preparación profesional y la astucia diplomática de nuestra contraparte, y la facilidad con la que nuestros representantes se dejan seducir por las prebendas y los altos sueldos percibidos en las entidades binacionales, son los principales motivos de los magros logros obtenidos por los sucesivos gobiernos paraguayos en la reivindicación de nuestra soberanía hidroeléctrica.
El presidente electo, Horacio Cartes, no debe tener en cuenta ni un segundo el autoofrecimiento del gobernador de Misiones, seguramente más preocupado por conseguir un nuevo zoquete para continuar obteniendo pingües beneficios personales en el próximo quinquenio que por cualquier otra cosa.
Si se tiene visión de estadista, estos cargos deben ser ofrecidos a profesionales competentes, a ciudadanos que hayan dado probadas muestras de transparencia, conocimiento cabal de los asuntos hidroeléctricos, y la solvencia diplomática necesaria para lidiar con la proverbial angurria de nuestros dos vecinos, siempre empeñados en robarnos a vil precio la energía que de manera conjunta generamos en las represas binacionales y a impedir un manejo democrático de las mismas.