Los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac no se cansan de prevaricar. Esta vez, el agraciado fue su correligionario Víctor Ríos, diputado nacional y rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), quien había promovido una acción de inconstitucionalidad contra sendos artículos de la Ley de Educación Superior y de la Resolución Nº 191/2015 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). En el ejercicio de la facultad otorgada por esa ley, el Cones dispuso que los senadores y los diputados “no podrán ser electos, designados, nombrados o ejercer el cargo de Rector (...) de Universidades (...), mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones...”.
Y bien, los complacientes ministros, junto con el camarista Carlos Escobar, suspendieron los efectos de las normas atacadas con respecto al accionante, que venía percibiendo en total casi 70 millones de guaraníes mensuales como legislador y al mismo tiempo como rector, investigador especializado, docente y miembro del Consejo Superior Universitario de la UNP.
Víctor Ríos es rector desde 2005 y diputado desde 2008, cuando regía una disposición de la carta orgánica de la UNP que declaraba que el cargo de rector es una función docente y compatible con otro cargo público. Es claro que el rector ejerce sobre todo funciones administrativas, como son las de nombrar y remover al personal administrativo del Rectorado y a los funcionarios de las facultades, remitir a la autoridad nacional competente el presupuesto de la Universidad, elevar al Consejo Superior Universitario las cuentas de inversión del ejercicio fiscal y disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad. Como ordenador de gastos, Víctor Ríos ejecuta su presupuesto, aprobado luego por el Congreso que integra. Su ejecución es verificada por la Contraloría General de la República, cuyas máximas autoridades son designadas precisamente por la Cámara de Diputados. En el negado caso de que el cargo de rector fuera docente, no es ejercido a tiempo parcial como para que sea compatible con la función legislativa. De modo que queda claro que la pretensión del diputado-rector Ríos de seguir disfrutando del doble zoquete es totalmente ilegal.
La codicia del citado político atenta no solo contra la Constitución y las leyes, sino también contra la moral pública y la formación de los jóvenes universitarios, para quienes constituye un pésimo ejemplo. Es indignante que quien preside el gobierno de una Universidad sea tan inescrupuloso como para no advertir que el mensaje que su inconducta transmite a los estudiantes es que hay que sacarle a como dé lugar el jugo al Presupuesto nacional en beneficio propio, sin tener en cuenta las incompatibilidades ni el conflicto de intereses.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Al otorgar al Cones la atribución de fijar el régimen de incompatibilidades e inhabilidades para ocupar los puestos directivos de las universidades, la Ley de Educación Superior dejó sin efecto las disposiciones contrarias de los estatutos de las Universidades Nacionales. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dispuso una medida cautelar en beneficio del diputado-rector, quien hace casi dos años justamente se había opuesto a que los ministros Blanco y Bajac fueran acusados ante la Cámara Alta por el mal desempeño de sus funciones. Para que el apoyo brindado en aquel entonces fuera bien “retribuido”, el diputado-rector logró que siete ministros de la Corte se apartaran de entender en su acción de inconstitucionalidad y que se conformara un órgano a su medida, con los ministros Blanco y Bajac y con el camarista Escobar, ninguno de los cuales es miembro de la Sala Constitucional. Estas “coincidencias” son las que demuestran que a los legisladores les conviene tener colgada constantemente la espada de Damocles sobre la cabeza de los ministros de la Corte, sin definir nunca el juicio político que pesa sobre algunos de ellos, para poder “apretarlos” en el momento oportuno y conseguir fallos favorables para sí mismos o para sus allegados. El juicio político de los ministros se halla paralizado en la Cámara Alta y puede proseguir en cualquier momento si es que no satisfacen ciertos “pedidos”. En realidad, deberían proseguir cuanto antes y concluir con la destitución de los magistrados nombrados, pues quienes retribuyen un favor con fallos judiciales no merecen continuar en el cargo que deshonran. El compadrazgo político-partidario, tan descarado en este caso comentado, es incompatible con la correcta administración de justicia.
Hay que poner fin a tanta desfachatez. El diputado Ríos debe renunciar a una de sus funciones y devolver a las arcas del Estado lo percibido en forma ilegal por tanto tiempo. Su impudicia corre pareja con la de los ministros Blanco y Bajac, ofendiendo la conciencia jurídica y moral de la Nación.
Si los ciudadanos y las ciudadanas del departamento de Ñeembucú valoran la educación de sus hijos, deben movilizarse con energía y perseverancia para reclamar que se ponga fin a esta descarada violación de la ley por parte nada menos que del rector de la Universidad Nacional en esa región del país y, al mismo tiempo, “representante” del pueblo en el Congreso como diputado nacional. Y, de paso, pedir también que termine el contubernio político-judicial, tan manifiesto en este escandaloso episodio.