Mercaderes de la política

“Lamento que se haya llegado a un acuerdo tan prebendario e inoportuno”, manifestó el senador Miguel López Perito sobre los nombramientos de los titulares de la Contraloría General y de la Defensoría del Pueblo, gracias a 38 diputados colorados “cartistas”, dos de la concertación Avanza País y uno del Encuentro Nacional. El nuevo contralor, José Enrique García, integra la mencionada concertación, mientras que su segundo, Camilo Benítez, es colorado. Por su parte, el flamante defensor del Pueblo, Miguel Godoy, y su adjunto, Carlos Alberto Vera Bordaberry, también son colorados. Ambos fueron elegidos por los mismos legisladores. Resulta evidente, entonces, que hubo una curiosa componenda en la que los méritos y las aptitudes de quienes integraban las respectivas ternas propuestas por el Senado fueron mucho menos relevantes que las conveniencias políticas del momento. Los coaligados, que votaron en bloque en todos los casos, siguieron el mismo criterio con que habían sido elaboradas las ternas de candidatos, es decir, el de la filiación político-partidaria como factor determinante de la elección. El carnaval con los cargos del Estado continuará si los ciudadanos y las ciudadanas no manifiestan en forma pública su repudio, y no toman en cuenta estos tratos mafiosos para castigar a los responsables en las próximas elecciones.

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“Lamento que se haya llegado a un acuerdo tan prebendario e inoportuno”, manifestó el senador Miguel Ángel López Perito con relación a los nombramientos de las máximas autoridades de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo, gracias a 38 diputados colorados “cartistas”, dos de la concertación Avanza País y uno del Partido Encuentro Nacional. El nuevo contralor, José Enrique García, integra la mencionada concertación, en tanto que su segundo, Camilo Benítez, es colorado. Por su parte, el flamante defensor del Pueblo, Miguel Godoy, y su adjunto, Carlos Alberto Vera Bordaberry, están afiliados a la ANR. Ambos fueron elegidos por los mismos legisladores.

Resulta evidente, entonces, que hubo una curiosa componenda en la que los méritos y las aptitudes de quienes integraban las respectivas ternas propuestas por el Senado fueron mucho menos relevantes que las conveniencias políticas del momento. Resulta impensable que en una elección semejante, en la que están en juego varias personas y más de un cargo, los votos y la procedencia partidaria de los votantes coincidan plenamente. Los variopintos coaligados, que votaron en bloque en todos los casos, siguieron el mismo criterio con el que habían sido elaboradas las ternas de candidatos, es decir, el de la filiación político-partidaria como factor determinante de la elección.

Las audiencias públicas convocadas por la Cámara Alta habían sido apenas un teatro montado para engañar a la opinión pública y a las personas de buena fe que se postularon creyendo que los cargos serían ocupados según la trayectoria y la idoneidad. Desde un principio, corrieron versiones acerca de la probable repartija de la torta en cuestión, de modo que lo acontecido está lejos de ser sorprendente. Lo llamativo es que la distribución haya resultado de un acuerdo entre el oficialismo y un sector de la izquierda, escasamente representado en la Cámara Baja. Por lo visto, encabezar un órgano constitucional bien valía una misa y compartir el pan con el adversario ideológico, dejando de lado tanto las virtudes o los vicios de los postulantes como los respectivos “proyectos de país”. La cuestión era quedarse con una tajada, haciendo de tripas corazón.

Este tipo de componendas son comunes entre los partidos tradicionales. Pero de repente aparecen nuevos movimientos o concertaciones que condenaban tales prácticas y se presentan como alternativas para salvar a la Patria de tan impúdicos prevaricadores. Sin embargo, muy pronto tales nuevos actores se revuelcan también en el fango de las apetencias políticas que no dudan satisfacer aun siguiendo caminos espurios. Encontrar un lugar para los amigos llega a ser más importante que el deseo de servir a la Nación.

En estas condiciones, es muy dudoso que quien se convirtió en contralor mediante los votos de los colorados cartistas vaya a ser riguroso a la hora de examinar las cuentas del Poder Ejecutivo, así como las de las gobernaciones y municipalidades dirigidas por sus correligionarios afines. Tampoco es probable que verifique con esmero las rendiciones de la Municipalidad capitalina, en la que fungió de asesor jurídico, con dudosas actuaciones. Es mucho más probable que haga la vista gorda.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, de la que la ciudadanía apenas ha tenido noticias desde que entró a “funcionar” con mucho atraso en 2001, seguirá sin causar ningún problema, y mucho menos al Poder Ejecutivo actual. En su momento, costó mucho lograr las mayorías necesarias en ambas Cámaras para integrar la terna y designar al defensor del Pueblo, hasta que se tuvo la ocurrencia de crear, por una ley, el cargo de adjunto, lo que permitió llegar a un rápido acuerdo en función de la repartija.

Es de señalar que la ANR tomó muy en serio la transada, a costa de la institucionalidad republicana, tanto que su presidente, el diputado Pedro Alliana, informó que los ocho legisladores colorados que no votaron por José Enrique García serán juzgados por el Tribunal de Conducta de su partido. Mayor desfachatez, imposible. Aún más, el diputado Alliana calificó lo resuelto como una “gran victoria” para la ANR, como si se hubiera librado una batalla política. Quizá no le falte razón, pero lo cierto es que un atraco a las instituciones no puede tener ninguna “victoria” que celebrar. Las transadas, las componendas, los cuoteos, no pueden festejarse, ya que constituyen arteras puñaladas a las instituciones nacionales.

Como se ve, el problema del país no radica en la Constitución, sino en los hombres y mujeres que deben cumplirla y hacerla cumplir, porque la visión de Estado de los politicastros que tenemos se reduce a darle un tarascón al presupuesto, a como dé lugar, mediante el acceso a los puestos públicos, que ellos consideran “espacios de poder”.

El carnaval con los cargos del Estado continuará si los ciudadanos y las ciudadanas no manifiestan en forma pública su repudio, y no toman en cuenta estos tratos mafiosos para castigar a los responsables con sus votos en las próximas elecciones.

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