“Metamorfosis impositiva” para seguir apretando al contribuyente

Pese a que el ministro de Hacienda, Benigno López, había dicho que la reforma tributaria y la del gasto público serían promovidas en forma simultánea, ahora se anuncia que a fin de mes el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley que solo se ocupará de la primera cuestión, aunque el sector productivo no esté de acuerdo. Se evidencia así que solo se busca recaudar más, sin recortar los gastos superfluos ni, por supuesto, combatir a fondo la corrupción.

Desde luego, es mucho más fácil hacer que paguen más los contribuyentes de siempre, dejando en paz a los evasores consuetudinarios y a la vasta clientela política instalada en el aparato estatal. Ahora mismo, cuando en la mayoría de las instituciones ya no hay lugar para más sillas y escritorios, se continúan llenando las planillas públicas de allegados, como puede evidenciarse en el propio Congreso y en la Vicepresidencia de la República, por citar solo dos entidades, esta última sin funciones que requieran el batallón de personas que tiene. Con toda razón las entidades empresariales y muchos analistas se oponen a que se siga apretándoles las clavijas a los que trabajan para mantener a un ejército de zánganos.

En verdad, los contribuyentes no conforman un grupo de presión tan fuerte como el de los funcionarios y los políticos, y no sobornan a los corruptos para dejar de pagar lo que corresponde. La línea de menor resistencia resulta bastante clara, de modo que no debería sorprender el camino finalmente adoptado por el Gobierno, aunque el mencionado ministro haya hablado más de una vez de la necesidad de controlar los egresos. Si pretendía impulsar la reforma del gasto público para que, entre otras cosas, los gastos de personal no sigan afectando casi las tres cuartas partes de la recaudación tributaria, ha vuelto a experimentar una grave derrota, similar a la que sufrió al ser puenteado por jefes de entidades públicas y hasta por funcionarios, en vísperas de la aprobación del Presupuesto nacional vigente. Fue doblegado por los beneficiarios de la corrupción y del prebendarismo rampantes, tan bien representados en los tres Poderes del Estado. Obligar a que paguen más quienes se ajustan a la ley para que los sinvergüenzas y los parásitos sigan medrando a costa de ellos es una iniquidad manifiesta.

El sector productivo acaba de sostener, en palabras de Beltrán Macchi, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), que “la coyuntura que vive el país nos obliga a encarar seriamente el tema de la calidad del gasto y de la inversión pública”, incluyendo los servicios prestados por las muy ineficientes empresas estatales. Se trata de una inquietud reiterada, que el ministro López halló comprensible el año pasado. “Es normal que el empresariado no quiera pagar más impuesto porque no recibe un buen servicio”, dijo acertadamente. Cabe agregar que también debe estimarse normal que los ciudadanos comunes y corrientes –los que se ganan el pan con el sudor de la frente– se resistan a efectuar más desembolsos para alimentar a un ogro que no les brinda ni la salud, ni la educación ni la seguridad a las que tienen derecho, a lo que se suma que son periódicamente asaltados por las empresas estatales de servicios públicos, también infestadas de funcionarios.

No se trata solo de que la ANDE o la Essap son incompetentes, sino también de que la administración pública, en general, se distingue por la ineptitud y la corrupción. Los contribuyentes deben financiar este año 301.926 cargos ocupados, entre otros, por burócratas, docentes, policías, militares y enfermeros, distribuidos en 97 órganos de las administraciones central y descentralizada, varios de ellos creados en los últimos tiempos. A Juan Pueblo le cuesta mucho dinero financiar este hipertrófico aparato, a cambio de tan poco.

Es falso que si pagara más, estaría mejor atendido. Lo que se busca es solo contener el déficit fiscal, que este año llegaría a unos 3,8 billones de guaraníes (600 millones de dólares), provocado por el exceso de personal público, las sobrefacturaciones, la evasión fiscal y el derroche.

El objetivo es plausible, pero habría sido preferible que el Ministerio de Hacienda se atreviera a reducir el gasto público inútil, achicando el Estado, persiguiendo a los corruptos y a los evasores y promoviendo la austeridad. Solo se le ocurre meter aún más las manos en los bolsillos de los contribuyentes, mediante una “metamorfosis impositiva”, al decir del viceministro de Tributación, Fabián Domínguez. La metáfora kafkiana no puede llamar a engaño e induce a recordar que el entonces presidente electo de la República, Mario Abdo Benítez, había anunciado en la Expo Santa Rita 2018 que los impuestos serían competitivos durante los próximos años.

Se trata de una vieja historia, que empezó allá por el 2004, cuando el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos se limitó a impulsar una reforma tributaria, olvidándose de la prometida en cuanto al gasto público. El de Horacio Cartes creó una Comisión Técnica Económica Tributaria, que el 12 de septiembre de 2018 presentó un informe final, sugiriendo que en una “primera etapa” se evite subir las tasas impositivas y que luego el impuesto a la renta personal sea progresivo y se extienda el gravamen al valor agregado a bienes exonerados o con tasas reducidas, como remedios y productos de la canasta familiar. Parece que la “primera etapa” ya fue superada, pues en la citada Comisión ya habría un consenso en cuanto al IVA y a la renta del pequeño contribuyente, entre otros impuestos.

El viceministro de Tributación señaló que “estamos en un momento histórico, donde podemos mejorar el sistema tributario y sin descuidar (...) el gasto público, que tenemos que atacar en una segunda fase”. Así como van las cosas, esta fase empezará el día de las calendas griegas, porque no existen ni el coraje ni el interés políticos de gastar menos.

Para que el déficit fiscal no supere el equivalente al 1,5% del producto interno bruto, se corta el hilo por lo más delgado. Los contribuyentes deben organizarse también, así como lo están los políticos y su clientela, para hacerle saber públicamente al Gobierno que ya no están dispuestos a que los vividores les sigan esquilmando.