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El metrobús, la obra de infraestructura de transporte urbano para la capital de la República que actualmente lleva adelante el Gobierno nacional, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –administrado según la normativa del mismo–, ha condenado al pueblo paraguayo a una solución por el desastre en cuanto a la problemática del transporte público de pasajeros. Sin estudio de factibilidad y, consecuentemente, sin proyecto constructivo, la obra se ha convertido en un caótico escenario de improvisación y chapucería, donde lo único concreto y predecible es el tremendo perjuicio económico y ambiental que está causando a los frentistas asentados con sus negocios y residencias a ambos lados de su traza, así como a los miles de automovilistas obligados a desplazarse diariamente por calles alternativas mal señalizadas y en pésimas condiciones de tránsito.
Miente el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, cuando dice que el trazado ya fue aprobado por la Municipalidad de Asunción. El intendente Mario Ferreiro sostiene que para la correspondiente aprobación municipal del proyecto dentro del ejido municipal capitalino el MOPC debe presentar la versión ejecutiva del mismo, con todos los detalles constructivos y el estudio de impacto ambiental y urbanístico correspondiente, obligación que, insólita e irresponsablemente, las autoridades del MOPC han derivado a la empresa contratista del tramo 1. 1., aduciendo que ella lo tendrá listo en tres meses más.
Las serias anormalidades técnicas y de gerenciamiento que se registran actualmente en el inicio mismo de los trabajos del metrobús confirman la sospecha ciudadana de la hora prima, cuando una calificada mayoría de senadores se opuso a la aprobación del crédito del BID debido a la llamativa exigencia de que la administración del mismo quedara bajo responsabilidad del representante del banco en nuestro país, el señor Eduardo Almeida. Más aún teniendo en cuenta que este alto funcionario venía con menguada credencial de honestidad de gestión en Haití, en la primera década de este siglo.
La desprolijidad evidente en el tramo inicial de los trabajos y el inopinado sobrecosto, rápidamente reconocido a la empresa contratista Mota Engil cuando ni siquiera había completado cien metros de la traza, hacen que la gente –especialmente la afectada por los perjuicios ocasionados– considere al señor Almeida como partícipe del negociado. De no ser así, no se explica que el mismo demuestre tanta prodigalidad con el dinero que al final de cuentas el pueblo paraguayo contribuyente deberá devolver al BID. Como si el dinero fuera suyo, se toma la atribución de reconocer dudosos sobrecostos determinados con base en meros anteproyectos constructivos. Eso demuestra que lo del metrobús fue y es un negociado inmundo traído de los pelos e impulsado con absoluta incompetencia. Un entuerto concertado entre gallos y medianoche en el hall de la sede central del banco en Washington, entre concusionarios paraguayos y lobistas prendidos del saco de los representantes del BID en los países miembros del mismo. El préstamo para la financiación del metrobús y la reconversión del centro histórico de la ciudad tiene las consiguientes mañas para una manganeta: falta de proyecto constructivo acabado, generosa previsión presupuestaria para pago de consultorías (el rubro donde están camufladas las coimas), sobrecostos por encima del límite máximo permitido por la pertinente legislación nacional, etc.
Independientemente de quiénes hayan sido los promotores de este ladino préstamo, los dos principales responsables de administrarlo en los hechos son, sin duda, el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y el representante residente del BID en nuestro país, el señor Eduardo Almeida. Si no por acción, al menos por omisión, o complicidad, ambos son los culpables de la estafa al país derivada de su insensatez al no realizar el estudio bien meticuloso que correspondía para evitar perjudicar a tanta gente, como está sucediendo, antes de iniciar un proyecto de esta envergadura.
A esta altura de los daños ya producidos que son de público conocimiento y sufrimiento, para la opinión pública nacional, el ministro Jiménez Gaona es un hipócrita y un desaprensivo por haber dicho que el metrobús iba a significar una plusvalía “muy importante” para las propiedades de los frentistas, agregando –en son de burla– que encima no se les iba a pedir que paguen por tal beneficio.
Nuestro diario ha advertido hasta el cansancio sobre estos problemas que están emergiendo y otros que ya desde un comienzo se vislumbraban claramente que irían a presentarse por la desprolijidad con que siempre se manejaron y manejan este torcido proyecto y su financiamiento.
La verdad es que nadie sabe cómo, cuándo ni cuánto terminará costando esta maldita odisea del metrobús. Ante esta incertidumbre, lo más prudente sería, ahora, frenar los trabajos y los gastos, evaluar la situación y buscarle a este elefante blanco un final más sensato y menos doloroso para el pueblo paraguayo. El ciudadano que salga electo presidente de la República el próximo 22 de este mes debería ordenarlo de inmediato.