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La emboscada tendida por miembros del grupo ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la localidad de Arroyito, distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción, el pasado sábado 27, en la que fueron acribillados el subteniente de Caballería Félix Fernández Duarte y siete de sus comandados, ha conmocionado profundamente a la opinión pública por dos razones principales. Por una parte, el repudiable ensañamiento con que los terroristas ultimaron a sus víctimas y, por la otra, la criminal irresponsabilidad del comandante que les ordenó cumplir una misión táctica peligrosa en un teatro de operaciones bajo comprobado control enemigo sin las más mínimas condiciones de seguridad y apresto operacionales.
En su despliegue operativo en la zona norte del país con la misión de atacar y capturar o aniquilar al minúsculo grupo de criminales agavillados, desde un comienzo la FTC adoptó la táctica de accionar no con la contundencia de una unidad militar de combate, como debiera, sino como una fuerza de mera demostración de “presencia”, para proporcionar a la población lugareña “sensación de seguridad”, con ruido de botas y ostentación de falso poderío bélico. Esta estrategia elucubrada por el responsable de la seguridad interna del país, el inútil ministro del Interior, Francisco de Vargas, y aceptada sin rezongos por el alto mando de las Fuerzas Armadas, aseguró al EPP la libertad de acción con la que actúa y la iniciativa para asestar sus vandálicos golpes de secuestros, destrucción y muertes donde mejor se le antojara.
Así se explica que rara vez las unidades de combate de la FTC se hayan atrevido a adentrarse en los raleados montes de su zona de acción buscando encontrar y atacar los vivaques de las células del EPP, acampadas generalmente a apenas algunos centenares de metros de las orillas de los montes, a la vera de caminos vecinales y rutas. Esta renuncia de misión institucional y la comodidad de no tener que sobrellevar el rigor de un apresto permanente de combate –como debería ser– hicieron que cundiera en sus unidades operativas orgánicas el relajamiento de la disciplina, el espíritu militar y la voluntad de vencer que caracterizan a cualquier ejército en campaña, desde el general comandante hasta el sargento jefe de un grupo de combate, pasando por los oficiales superiores y subalternos de la gran unidad.
Tres años fungiendo de milicianos, cuidando estancias y holgazaneando despreocupadamente en puestos de retenes acabaron por minar la moral combativa de oficiales, suboficiales y soldados subalternos, muchos de los cuales recibieron un buen entrenamiento profesional en el extranjero y que, de haber tenido comandantes pundonorosos y con agallas, bien podrían haber acabado con el EPP ya hace mucho tiempo, evitando así mancillar el honor del glorioso Ejército Paraguayo, que en dos guerras internacionales dio muestras de heroísmo sin par, al tiempo de impedir o al menos reducir la pérdida de vidas humanas.
Un antiguo refrán militar dice que un comandante administra vidas humanas, por lo que es responsable de cuidar la de sus soldados más que la suya propia. Esto parece que no lo entiende, o no lo quiere entender, el alto mando militar con relación al crimen que ha cometido al enviar desaprensivamente a la muerte al subteniente Fernández y sus infortunados camaradas. De lo contrario, ¿cómo se entiende que los efectivos de la FTC hayan estado viajando en un camión con escasa protección por una zona de guerra altamente peligrosa y sin sus armas prestas para repeler cualquier ataque enemigo? Porque, evidentemente, eso es lo que ha ocurrido para que los ocho efectivos fallecidos hayan sido sorprendidos tan estúpidamente, por una fuerza igual en número o menor, sin posibilidad de reaccionar y hacer frente a los atacantes. ¿Qué instrucciones les dan sus superiores –si es que lo hacen– para enfrentar estas situaciones límite? Por lo que se comprobó, ninguna en absoluto.
Decimos esto porque, tal como sucediera con la muerte del capitán Enrique Piñánez en Cuero Fresco hace casi dos años, el comandante en Jefe, ahora, en vez de destituir de inmediato y enjuiciar a los responsables directos de haber ordenado una tan desaprensiva misión de patrullaje en una zona altamente peligrosa dominada por el enemigo, ha accionado para que la Fiscalía se encargue supuestamente de “investigar” el hecho. Si no fuera tan grave el tema, daría risa.
¿Qué es lo que van a investigar los civiles Joel Cazal y sus colegas? ¿Van a identificar a los criminales? ¿Cómo y dónde? ¿Van a incursionar en los montes de Arroyito para traerlos “del jopo” y sentarlos en el banquillo de los acusados? Lo que aquí corresponde es hacer lo que los familiares de las víctimas y la ciudadanía reclaman: que el Presidente de la República honre su palabra de no permitir que la banda criminal le siga marcando la agenda y que, en su carácter de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, actúe con la firmeza que exige la situación, procediendo a la destitución del comandante de la FTC, general José Alvarenga, y del comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Garcete, los dos máximos responsables en la cadena de mando militar en que se inserta la FTC, para que estos asuman, en la instancia respectiva, la responsabilidad que les corresponde.
Ahora el presidente Cartes promete de nuevo ponerse “personalmente al frente de esta guerra contra el terrorismo y obtener resultados contundentes en lo que resta de mi mandato”. No es eso lo que corresponde ni la ciudadanía espera, ni pide que la haga. A esta altura de la debacle ya no le pide, le exige que demuestre que tiene algo entre las piernas, que destituya a la manga de inútiles que han fracasado con tanta vergüenza para las Fuerzas Armadas en la misión que se les encomendó y que ponga al mando del operativo a militares que demuestren que los paraguayos somos buenos para la paz, pero mejores para la guerra.