El 21 de mayo el Tribunal Superior de Justicia Electoral dictó el fallo que declaró electos como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente, al exsenador Mario Abdo Benítez y al exdiputado Hugo Velázquez. La ceremonia de proclamación se realizó cuatro días más tarde, con la asistencia de Horacio Cartes, quien renunció a su actual cargo el 28 de mayo para intentar asumir el 30 de junio una banca senatorial ilegítima. El 30 de mayo el Congreso no pudo aceptar o rechazar su dimisión por falta de quorum en la Cámara Alta.
Y bien, esta es la fecha en que aún no ha sido dictado el decreto que conforme el “equipo de transición”, con miembros del actual Gobierno y de allegados a quien dirigirá la administración general del país desde el 15 de agosto, para asegurar un traspaso ordenado del mando. El Gobierno entrante debe conocer, entre otras cosas, los programas que están siendo implementados y el grado de ejecución presupuestaria en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo.
El futuro ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor –responsable del equipo constituido para el efecto por Abdo Benítez–, ignora por qué aún no se firmó el decreto. Una primera respuesta a su inquietud sería la de que Horacio Cartes está con recargo de trabajo y que, por lo tanto, le falta tiempo para tomar la lapicera. Empero, el hecho de que desde el 30 de mayo ya no asista a actos oficiales debería permitirle un respiro en su tarea diaria para atender la importante cuestión pendiente, propia de su función gubernativa. Si se hizo de un espacio en su recargada agenda para desahogarse en Mburuvicha Róga ante apoderados de Honor Colorado por la falta de quorum provocada por la ausencia de senadores “añetete”, muy bien podría haberse ocupado de atender un asunto de interés general, mucho más relevante que el de su vanidad herida. Y lo que es más grave: está tomando decisiones que debió haber dejado en manos del próximo presidente de la República, como los costosos traslados de funcionarios del servicio exterior, la liberación del precio de la nafta común y el sospechoso nombramiento como “asesor” del exdiputado Elio Cabral, para “comisionarlo” de inmediato a la Dirección Nacional de Aduanas, de donde en 2010 fue destituido por corrupto.
Estas medidas no urgentes ni convenientes pueden considerarse como señales de hostilidad hacia su reemplazante y, en consecuencia, canallescas. Presentar relevantes hechos de Gobierno consumados, sin previa consulta con Abdo Benítez, a un par de meses de abandonar el cargo, implica una condición moral despreciable.
Si Horacio Cartes está sangrando por una herida abierta, debe tratar de cicatrizarla si le resta una pizca de patriotismo. En la situación planteada, las víctimas de su deliberada negligencia no serán tanto Abdo Benítez y sus seguidores de “Añetete”, sino el propio Estado cuya jefatura –lamentablemente– aún ejerce. El país no tiene por qué sufrir las consecuencias de una mala relación entre ambos, provocada por la correcta actitud de ciertos senadores. Claro que, aparte de la malquerencia, la falta de conformación del “equipo de transición” también puede achacarse a que no se desea brindar informaciones al futuro gobernante antes de que la gavilla saliente adjudique importantes contrataciones públicas o realice compras directas, por la “vía de excepción”.
El 22 de abril de 2013, un día después de los comicios en los que resultó electo, Horacio Cartes se reunió con el entonces presidente Federico Franco y le pidió que se detengan los procesos licitatorios que no estaban en su última etapa ni se relacionaban con necesidades básicas. La sensata petición fue atendida, al menos con respecto a una licitación para la compra de programas informáticos por parte del IPS, en tanto que las negociaciones para la instalación de una planta de aluminio fueron suspendidas.
Por cierto, el decreto por el cual se conformó el “equipo de transición” en 2013 fue emitido el 25 de mayo, de modo que la falta de transparencia es hoy más prolongada que antes. Todo indica que ella responde a un serio malestar personal, que es compatible con el afán de instalar a los acólitos de Horacio Cartes en cargos donde la posibilidad de coimear es la constante y con el de dar los últimos zarpazos al erario.
La rastrera actitud que está exhibiendo el titular del Poder Ejecutivo merece una firme condena de la opinión pública. Está saboteando de entrada al próximo Gobierno y, por extensión, a la ciudadanía toda, demostrando así que le importan un bledo el futuro desempeño de Abdo Benítez y las necesidades del país. Está recurriendo a todos los mecanismos, incluso a los inconfesables, para lograr que su espuria renuncia sea aceptada por el Congreso, tanto que los apoderados de su movimiento se permitieron lanzar a Abdo Benítez una velada amenaza de juicio político. El hecho de que el decreto relativo al “equipo de transición” aún no haya sido dictado también se inscribe en ese “escenario donde ir hacia adelante se hace cada vez más difícil”, en palabras del encargado por el presidente electo para representarlo en dicho equipo.
La dificultad responde a la mala fe de Horacio Cartes, que está apelando al chantaje para salirse con la suya y dejando unos legados postreros que el próximo Gobierno deberá enfrentar. Un miserable final para una pobre gestión.