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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ocupará mañana, en una audiencia pública, de la canallada que implica el reclamo de Juan Arrom y Anuncio Martí, presuntos autores del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, prófugos de la Justicia desde mediados de 2003, de que el Estado paraguayo les abone una indemnización de 63 millones de dólares. También pretenden que se erija un museo en su homenaje y que haya calles que lleven sus nombres. La insolente pretensión implica una falta de respeto al pueblo paraguayo.
Las infames “reivindicaciones” señaladas –hay otras de las que no vale la pena ocuparse– fueron planteadas con base en que los demandantes habrían sido torturados y “desaparecidos”, en enero de 2002, por los excomisarios Antonio Gamarra y José Schémbori, así como por el exdirector del Centro de Investigación Judicial, Javier Cazal. Los funcionarios aludidos fueron sobreseídos definitivamente en noviembre de 2003, a pedido de los agentes fiscales actuantes, debido a contradicciones tales como la de que Arrom había denunciado el extravío de sus documentos el 19 de enero, es decir, cuando supuestamente estaba en cautiverio. El fallo fue apelado por los abogados de los descarados de marras y confirmado en segunda instancia.
Nótese que confiaban en la Justicia paraguaya en la medida en que promovieron una querella particular, pero huyeron del país en agosto de 2003, antes de que se dictara sentencia y de que ellos, a su vez, fueran procesados por el crimen que habrían cometido. Se presentaron en el Brasil como perseguidos políticos y lograron allí, en muy mala hora, el estatus de refugiados. También las hermanas Arrom confiaron en la Justicia paraguaya al presentar en 2018 un pedido de habeas corpus genérico para que se declare la prescripción de la causa y se levante la orden de captura contra ambos, pretensión denegada por la Corte Suprema de Justicia, porque ambos estaban prófugos, entre otras cosas. O sea que los avivados, aparte de reclamar un insólito resarcimiento financiero y moral, pretendían liberarse de una eventual condena por el mero transcurso del tiempo, lo que bien podría interpretarse como una tácita admisión de su culpabilidad. Lo que deberían haber hecho, si en verdad fueran inocentes, es sentarse en el banquillo de los acusados con la convicción de que no se podrá demostrar su culpabilidad.
Valga lo antedicho para destacar que ni antes ni ahora el Estado paraguayo ha intentado o intenta castigar a los dos impresentables personajes por sus ideas políticas. Solo busca aplicar la ley por la comisión de un crimen que tuvo en vilo al país. En 2002 no imperaba una dictadura que hubiera dispuesto la desaparición forzosa y los tormentos que los dirigentes del hoy extinto Partido Patria Libre dicen haber padecido. En el hipotético caso de que, efectivamente, hayan sido víctimas de tales crímenes perpetrados por agentes estatales, la responsabilidad personal debe recaer sobre estos, siendo la responsabilidad del Estado solo subsidiaria. Es lo que dispone el art. 106 de la Constitución, ley suprema a la que siguen en orden de prelación los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados.
En otros términos, la demanda debió haberse planteado primero, en todo caso, contra los antes mencionados funcionarios. Pero, si la CIDH hiciera lugar a los atrevidos e indignantes reclamos, sobre quienes de hecho caerá el castigo serán todos los habitantes de este país, pues el dinero a ser abonado saldría necesariamente de sus bolsillos. ¿Por qué tendrían que pagar estos por el mal que supuestamente infligieron unos funcionarios? Aquí no hubo “terrorismo de Estado”, en el marco de una campaña contra personas políticamente indeseables, sino –en el peor de los casos– hechos punibles cometidos por iniciativa propia.
Si Arrom y Martí se salen con la suya, podrán darse la gran vida o promover la “revolución” con los fondos aportados –a través de los impuestos– incluso por la señora María Edith de Debernardi, víctima del secuestro atribuido a ambos y por cuya liberación se pagó la fortuna de un millón de dólares. Como es sabido, eso de impulsar la “revolución” sigue estando a cargo de la banda criminal EPP, brazo armado del Partido Patria Libre (PPL), fundado por los demandantes y que caducó en 2012 por no haber concurrido a las dos últimas elecciones. Lo dispuso la Justicia Electoral y no precisamente un régimen dictatorial. Es decir, el PPL siguió funcionando –teóricamente– hasta poco más de diez años después de que su brazo armado se haya presentado en sociedad con un repugnante secuestro. María Edith asistirá mañana a la audiencia pública junto al senador Fidel Zavala, secuestrado en 2009 y liberado tras el pago de un rescate de 550.000 dólares. No estarán allí Cecilia Cubas, secuestrada y asesinada en 2004 pese a haberse pagado 180.000 dólares para su liberación; ni Luis Lindstron, liberado tras el pago de 130.000 dólares pero luego también asesinado por la misma banda criminal; ni Obdulia Florenciano, la abnegada madre del suboficial Edelio Morínigo, en poder del EPP desde hace cuatro años y siete meses. Todos los sobrevivientes y familiares apoyan la campaña ciudadana “Ni un dólar para el secuestro”, que se opone al eventual pago de la millonaria suma a los osados pretendientes. “Si Paraguay llega a perder este juicio, lo que vamos a estar haciendo es financiar un nuevo secuestro, porque son ellos (Arrom y Martí) los responsables ideológicos del primero y de lo que hoy es el EPP”, sostuvo con acierto el senador Zavala.
Es plausible, en fin, que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, acompañen a las víctimas a San José de Costa Rica, para buscar evitar que el pueblo paraguayo sea burlado mediante la manipulación, por parte de unos miserables forajidos, de la noble causa de los derechos humanos.