El presidente Horacio Cartes podría ser relegado a la trastienda de la historia. En las postrimerías de su mandato, queda al descubierto la gran estafa intelectual de que fue víctima el pueblo paraguayo que creyó en la sinceridad de su programa electoral y lo eligió presidente de la República. Lamentablemente, el corrupto y autoritario desempeño de su Gobierno ha sido un rotundo mentís a su promesa de cambiar el anodino derrotero por el que venían conduciendo la nave del Estado sus predecesores en el cargo desde el derrocamiento de la dictadura stronista.
Ahora el pueblo paraguayo se da cuenta de que Horacio Cartes usó dos caretas para engañarlo. La primera, la del “nuevo rumbo”, que constituyó el soporte de su programa electoral como candidato presidencial. La segunda, la de la “honestidad y patriotismo”, con que gobernaría de ser electo, como prometió solemnemente ante la tropa formada del histórico Regimiento Escolta Presidencial el 15 de junio de 2014, en ocasión de celebrar esta unidad militar el 170° aniversario de su creación.
La promesa del “nuevo rumbo” no pasó de ser un cliché de calcomanía para adorno de las ventanillas y parachoques de los vehículos de sus adherentes; un mero eslogan, sin ningún contenido programático; una mentira. En cuanto a su promesa de “gobernar con honestidad y patriotismo”, fue una cínica impostura, un engaño total hasta este momento, cuando faltan apenas seis meses para que termine su gestión.
Dentro de su refinada hipocresía, fungiendo ya como presidente electo, Horacio Cartes comenzó a correr con la vaina a los ministros y presidentes de empresas públicas del corrupto gobierno de Federico Franco, amenazándolos con el “cháke” de que estaba pagando de su bolsillo una discreta auditoría externa de todos los ministerios y entes públicos, y que de constatar anomalías en el manejo administrativo de las reparticiones públicas, mandaría a Tacumbú a los culpables. Que no le temblaría el pulso para “cortar la mano” a los ladrones de cuello blanco que metieran la mano en la lata del fisco.
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No sabemos si los ministros ladrones del presidente Federico Franco dieron pelota al cacareado “cháke” de auditoría del presidente electo. Lo cierto es que, tras asumir el cargo, este se olvidó de tales supuestas auditorías. Es más, no mandó a la cárcel a ninguno de los concusionarios del Gobierno saliente, por más que a posteriori saltó a conocimiento público que algunos de ellos fueron acusados de cometer grandes estafas contra el patrimonio público, como en el MOPC, bajo la gestión del ministro Salyn Buzarquis, y en el MAG, bajo la de Enzo Cardozo, por citar los más cuantiosos y desembozados.
Así las cosas, la ciudadanía esperaba que con la “selección nacional” de ministros y altos funcionarios del nuevo Gobierno, habría efectivamente un drástico golpe de timón en cuanto a la honestidad en la administración del Estado. Por razones obvias, los ojos de la gente se centraron particularmente en los nuevos titulares del MOPC y del MAG, Ramón Jiménez Gaona y Jorge Gattini, respectivamente, por haber sido las reparticiones públicas donde más dinero público se manejó sospechosamente al término del mandato del gobierno liberal de Federico Franco.
La gente creyó que ambos ministros de la “selección nacional” honrarían con creces la confianza puesta en sus personas por el flamante Primer Mandatario, limpiando la administración de tales instituciones del estiércol de la corrupción allí acumulado. Y que para ello les bastaría con llevar al cargo la honestidad de que habían dado muestras en la vida privada.
La gran ironía fue que ambos ministros, en vez de drenar el estero de corrupción con que se encontraron, se metieron en él hasta el pescuezo, superando a sus inmediatos antecesores en el cargo. Gattini fue destituido por haber dilapidado US$ 30 millones en un supuesto programa de ayuda a agricultores pobres. Se constató que de esa suma apenas el 40 por ciento llegó a los destinatarios; el resto quedó por el camino.
Llamativamente, no ocurrió lo mismo con el ministro Jiménez Gaona, quien continúa en el cargo. Y por una razón obvia: lo hizo intocable su condición de hijo de un “Barón de Itaipú”. Su padre, el ingeniero llamado también Ramón Jiménez Gaona, está ligado por parentesco con el expresidente Juan Carlos Wasmosy, y como tal, accionista de CONEMPA y de CIE e integrante del Consorcio de empresas viales TAPE PORÃ, adjudicado con un contrato de mejoramiento y mantenimiento del tramo final de la Ruta 7, de Coronel Oviedo hasta Ciudad del Este. Contrato que, faltando aún siete años para su vencimiento, fue mañosamente renovado por 30 años mediante una ley que, para guardar las apariencias, fue impulsada por diputados colorados títeres del departamento del Alto Paraná.
A la postre, la gente se ha dado cuenta de que el ministro Jiménez Gaona es el pivote del engranaje empresarial liderado por el presidente Cartes y vinculado con la construcción y usufructo de las infraestructuras viales, portuarias y aéreas que existen y que se ejecutan en el país durante este Gobierno. Chanchullos que lo han llevado a convertirse en un verdadero “Zar” de los concusionarios dentro del actual Gobierno. No debe extrañar, entonces, que el MOPC se haya convertido bajo su administración en la niña mimada del Presupuesto nacional, con una asignación anual para gastos de inversión que ha ido creciendo de unos US$ 350 millones en 2014 hasta unos US$ 800 millones en 2017.
Para abonar lo que afirmamos más arriba se debe tener en cuenta que, increíblemente, casi ninguna de las licitaciones más importantes del MOPC ha estado libre de polémicas y sospechas. Ahí están como botones de muestra la insistencia para entregar la explotación de los servicios del Aeropuerto Silvio Pettirossi a la empresa Sacyr, de pésima reputación contractual en varios países; el metrobús, que sin completarse 100 metros de extensión, ya ha recibido un aumento del 30 por ciento adicional a lo inicialmente presupuestado; el “superviaducto”, que aparece en denuncias en España sobre presuntas coimas pagadas en nuestro país; Royal Seguros, aseguradora del secretario general de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, que tiene asegurados 99 contratos viales del MOPC y “perdonada” en el momento de ejecutar millonarias pólizas de seguros; adjudicación irregular de instalaciones de peajes; adjudicación amañada de los contratos para la construcción de las rutas del llamado Corredor de Exportación; adjudicación fraudulenta del Puerto de Concepción; la reparación de los templos de Yaguarón y de Yabebyry, que desde inicios de este Gobierno están en proceso y nunca terminan, entre otros escandalosos casos.
Con la Justicia sometida a los políticos que tenemos, poca esperanza cabe por el momento de que el latrocinio sea combatido en nuestro país. No obstante, la primavera de honestización que está despuntando en la región y una manifestación pública firme y sostenida de los ciudadanos y las ciudadanas, hasta en las calles, pueden conducir también aquí, más temprano que tarde, a que los corruptos –miembros del Gobierno o empresarios particulares– que se enriquecieron y se enriquecen a costa del dinero de los contribuyentes vayan a la cárcel, como corresponde.