El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, urgió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que sentencie en la acción de inconstitucionalidad promovida por su antecesor, Enrique García, contra sendos fallos de un juez de primera instancia y de la Cámara de Apelación en lo Penal, Primera Sala, que admitieron un recurso de amparo planteado contra la negativa de la Contraloría a entregar a un periodista copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercieron altos cargos públicos entre 1998 y 2017. La Sala Constitucional dio trámite a la citada acción el 20 de julio de 2018 y este es el día en que aún no ha corrido traslado de ella a la Fiscalía General del Estado para que dictamine, ni ha resuelto en las recusaciones planteadas contra las ministras Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña.
Se entiende, pues, que el contralor crea necesario que la cuestión planteada se decida cuanto antes, aunque sea paradójico que el oportuno urgimiento provenga del órgano que arbitrariamente, bajo la administración de Enrique García, denegó la petición referida sin emitir una resolución fundada. Felizmente, quien hoy lo encabeza es de la correcta opinión de que las declaraciones juradas de bienes y rentas deben ser públicas. Sin embargo, está impedido de darles tal carácter por la consuetudinaria morosidad de la máxima autoridad judicial. Excepcionalmente, ella demostró mucha celeridad cuando el 2 de octubre del año pasado, dos días antes de que el Senado trate una propuesta de modificar ciertas normas de la ley reglamentaria del art. 104 de la Carta Magna, hizo llegar un inaudito dictamen –no solicitado– en el que sugirió “modificar la redacción del proyecto de ley” para no afectar otros derechos. En una palabra, la Corte recomendó, con la firma de su entonces presidente José Raúl Torres Kirmser, que los ciudadanos no puedan acceder a las declaraciones juradas de bienes y rentas.
Ya se pudo sospechar que sus miembros tenían algo que ocultar en la materia cuando impugnaron de inconstitucionales varias normas de la mencionada ley reglamentaria. Como era previsible, suspendieron sus efectos con respecto a ellos mismos, quedando así exentos del deber de presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas. El insólito Auto Interlocutorio N° 6/18, emitido en causa propia, fue revocado debido a un supuesto “error material”, que no se habría detectado si la escandalosa decisión no hubiera sido repudiada por la ciudadanía. No debería sorprender, pues, que los ministros de la suprema instancia judicial se tomen muchísimo tiempo para dictar un fallo cuya importancia se ha evidenciado más que nunca en los casos del ex contralor general Enrique García y del senador Dionisio Amarilla, cuyos respectivos patrimonios habrían tenido en los últimos años un desmesurado incremento. De hecho, los ministros siempre han sido funcionales a los dictados de políticos y legisladores, de quienes dependen tanto su ingreso como su remoción del cargo.
Es indudable que el secretismo favorece el enriquecimiento ilícito y que la transparencia lo dificulta. Como quienes en este país ejercen una función pública suelen tener mucho que esconder, incluso tras haberla abandonado, es comprensible que haya gente interesada en encubrir sus caudales. Hay claros indicios de que incluso los ministros de la Corte –salvo Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón– no tienen el menor interés en que sus respectivos patrimonios sean de conocimiento público. De hecho, puede entenderse que ya prejuzgaron en la materia al perpetrar aquel absurdo documento remitido al Senado.
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Es inadmisible que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado aún no haya podido dictaminar por falta de traslado y que las recusaciones planteadas continúen irresueltas. Lo primero es una cuestión de mero trámite, en tanto que el examen de lo segundo no puede requerir meses. Que no vengan con el cuento del “recargo de trabajo” quienes tienen más de medio centenar de relatores para aliviarlo, aunque presten mucha atención a los asuntos meramente administrativos. Como se sabe, la morosidad implica un mal desempeño de la función judicial, según la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados. Ella no rige para los miembros de la Corte, pero es lógico que también sea una causal para destituirlos, vía juicio político. Por tal motivo, en 2014, la Cámara Baja llegó a acusar ante el Senado a César Garay Zuccolillo, aunque hace un par de meses retiró la acusación.
La sociedad civil sabe de la trascendencia de la cuestión que nos ocupa y, por tanto, debería sumarse al urgimiento del contralor Benítez Aldana. Los bienes escandalosamente acumulados por el defenestrado senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), por ejemplo, dan la pauta de por qué los políticos presionan a los pusilánimes ministros para que mantengan bajo siete llaves sus declaraciones de bienes y rentas. Por eso, la ciudadanía debe hacer oír su voz para que la Cámara Alta vuelva a tratar el proyecto de ley ya aprobado por ella en octubre de 2018, que ordenaba la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas, pero que fue totalmente desvirtuado en la de Diputados, en abril último. Frente a los nuevos acontecimientos que vienen ocurriendo y al “cajoneo” del expediente comentado por parte de la Sala Constitucional de la Corte, es preciso que el Senado se ratifique en la versión original para que ella entre en vigencia cuanto antes. Así como están las cosas, la máxima autoridad judicial transmite la impresión de que está protegiendo a los corruptos.
