En una plausible declaración, tanto por su oportunidad como por su contenido, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) exhortó a la ciudadanía a “forzar un cambio radical en el funcionamiento del Poder Judicial y la Fiscalía, en su relación con los Poderes del Estado y otros poderes fácticos”. Si creyó conveniente dirigirse a los compatriotas es porque “ya no es posible esperar que la iniciativa del cambio surja de los líderes políticos” para poner fin al “sometimiento de la Justicia”. Ese noble objetivo solo podría lograrse mediante “la reacción masiva de repudio y la presión ciudadana”. Compartimos plenamente estas expresiones que reflejan la indignación generada por las muestras cada vez más notorias de la sumisión del Ministerio Público y de la magistratura a los dictados de los poderes políticos y económicos.
Al mismo espíritu responde el certero comunicado en el que la Unión Industrial Paraguaya (UIP) critica al Poder Judicial y afirma que nunca podrá funcionar correctamente mientras esté sometido a otro Poder del Estado. También los industriales tienen razón en instar a la ciudadanía a que actúe “para que de una vez por todas terminemos con esta Justicia sometida, impuesta por nuestros representantes”. En igual sentido, la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) –a través de su presidente, Carlos Jorge Biedermann– censura con todo acierto las “influencias externas en la administración de Justicia, con el consecuente daño a la seguridad jurídica” y, en particular, “el impiadoso accionar de un esquema político de presión y protección”, que impide impartir justicia.
Estos elocuentes comunicados, resultantes de la difusión de unos escandalosos audios que evidencian el descarado tráfico de influencias del expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el aún senador Óscar González Daher, dan cuenta de que el empresariado, que paga sus impuestos y sostiene al Estado, se ha decidido a levantar la voz, como nunca, ante una iniquidad de larga data. Es cierto que también en el pasado tuvo actitudes de rechazo ante las intromisiones en el Ministerio Público y en la magistratura, pero ellas fueron aisladas y tuvieron muy pocas consecuencias. Lo nuevo ahora, aparte del enérgico tono empleado, es que convoca a la ciudadanía a reaccionar ante tanto atropello, demostrando la misma indignación que siente cualquier persona de bien cuando advierte que fiscales y jueces, en vez de impartir justicia, responden a las instrucciones de los que mandan.
Con toda razón, los creadores de puestos de trabajo y contribuyentes del fisco están muy interesados en el buen desempeño de una administración de Justicia independiente y en la indispensable seguridad jurídica que ello implica, pues es necesario que el inversor pueda confiar en que podrá competir en el mercado, sin temor a ser perjudicado por quienes violan las leyes con la impunidad que les garantiza la protección de un poder político corrupto que da órdenes a quienes deben perseguir delitos tales como la evasión impositiva, el contrabando y la estafa. El cumplimiento de los contratos, de singular importancia en la marcha de los negocios, solo puede hacerse efectivo si hay jueces que aplican la legislación vigente, sin tener en cuenta el patrocinio con que cuenten los infractores.
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Es obvio que la inseguridad jurídica conspira contra la generación de empleos, de modo que, también desde este punto de vista, la ciudadanía tiene motivos para sentirse agraviada por el manoseo a que están expuestos quienes deben impartir Justicia. Es decir, el tráfico de influencias es repugnante no solo porque conlleva una injusticia flagrante, sino también porque impide que los desocupados puedan ganarse el pan mediante los puestos de trabajo generados por la colocación de capitales en el sector productivo.
El Gobierno podrá buscar atraer inversiones extranjeras, destacando las ventajas competitivas del país, como la baja carga tributaria, pero si no hay un Poder Judicial independiente, solo vendrán paracaidistas “piratas” dispuestos a dar una “comisión” a quienes les aseguren que no serán molestados si quebrantan las leyes.
Una Justicia de verdad torna imposible el chantaje y da a los empresarios la tranquilidad de que no estarán expuestos a una competencia desleal, apadrinada por unos sinvergüenzas de la misma calaña que el expresidente del Jurado, Óscar González Daher. Si ahora se han manifestado con tanta fuerza es también porque han llegado a la penosa conclusión de que ya no cabe esperar que los políticos hagan algo por el bien del país, sino que es preciso que la ciudadanía se una para sanear la Justicia. Este llamado debe ser escuchado por quienes creen que todos somos iguales ante la ley y ante la magistratura. Debe ser acompañado porque obedece a la acuciante necesidad de limpiar el país de delincuentes con “fueros” que manejan como marionetas a fiscales y jueces venales. Es hora de alzarse contra quienes prostituyen la administración de Justicia en beneficio propio, en el de sus allegados y en el de los financistas de su asqueroso tráfico de influencias.
Como se lee en uno de los mensajes referidos, el sometimiento del Poder Judicial condena al país a la falta de institucionalidad y al atraso. Por ende, si queremos preservar la República y vencer la pobreza, es preciso que los empresarios, los trabajadores y hasta los más humildes ciudadanos reúnan sus fuerzas y sus ideales para el saneamiento moral de la administración de Justicia. Somos testigos de que los políticos la manejan a su antojo, convirtiendo en letra muerta el postulado de la “justicia pronta y barata”. Es hora, entonces, de que la sociedad civil se movilice para erradicar la inmundicia instalada en el aparato estatal, sin aguardar inútilmente que sus propios causantes tomen la iniciativa.