Lo que viene ocurriendo en Ciudad del Este está demostrando el verdadero rostro de una mayoría de políticos inescrupulosos que hicieron de esa localidad el verdadero centro de sus ambiciones personales, quedando lejos, en segundo plano, los intereses de la ciudadanía esteña. A juzgar por el resultado de la intervención de la Comuna local dispuesta por el Congreso y las encarnizadas disputas diarias que venimos presenciando en ella, será difícil equivocarse si se compara esa institución con un verdadero antro de corrupción.
El contundente informe final de la interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, María Carolina Llanes, presentado a la Comisión Permanente del Congreso dentro del plazo constitucional de noventa días, no solo confirma que allí se cometieron las quince irregularidades denunciadas por una mayoría absoluta de concejales, sino que también se mencionan otras doce de similar gravedad. El documento de unas mil páginas, incluidos los respectivos elementos probatorios, implica el fracaso de las diversas trabas que Sandra McLeod interpuso al examen de su desastrosa gestión. Como sabía mejor que nadie que su resultado sería condenatorio, recurrió a la Justicia, a sus subordinados y a sus aliados políticos para evitar que saliera a la luz la basura acumulada bajo la alfombra durante largos años. Tampoco faltaron las amenazas a la interventora, a través de terceras personas, ni la pretensión de presentarse como víctima de una persecución política.
Evidentemente, había mucho que ocultar. Claro que la ciudadanía ya ha tenido, a través de la prensa, numerosos indicios de que el clan Zacarías Irún había manejado la administración comunal a su antojo, vulnerando a diario la ley y la moral, en beneficio propio y en el de sus allegados. Fue por eso que los esteños salieron a las calles para repudiar a la intendenta y demandar la intervención, exponiéndose a ser agredidos por funcionarios municipales al servicio de la patrona. Ahora los diputados podrán comprobar, con más detalles que los recogidos durante las audiencias previas a la intervención dispuesta, que la ciudadanía tenía sobrados motivos para manifestar su indignación. Más aun, tendrán la oportunidad de advertir que la solicitud de la Junta Municipal se quedó corta, en lo que al listado de las presuntas ilicitudes se refiere.
A juzgar por algunos detalles adelantados de la intervención, los pobladores de Ciudad del Este eran lisa y llanamente saqueados. Entre las causales invocadas para pedir la auditoría gubernamental, ahora corroborada, figuró la presunta malversación de más de 36.000 millones de guaraníes. Un dato específico, brindado por la Dra. Llanes en una conferencia de prensa, ilustra hasta qué punto llegaba la infamia: en una “Caja 9” se cobraba el impuesto inmobiliario, pero el dinero no era ingresado, de modo que el contribuyente se sorprendía el año siguiente con la noticia de que estaba en deuda. Así de simple, así de canallesco era el manejo de esa comuna, por obra y gracia de quien hoy ya está imputada por los delitos de declaración jurada falsa y lesión de confianza. Es saludable que la interventora haya exhortado a las víctimas a presentar sus respectivas denuncias, es decir, que no se haya limitado a revisar los papeles que pudo haber hallado en ese bastión de la corruptela. Según la misma fuente, allí también se mentía mediante, por ejemplo, la presentación de un balance general amañado, en el que se encubría la deuda real de la Municipalidad, lo que implica la comisión de un delito, denunciado por la Junta Municipal y constatado por la intervención.
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Pero los presuntos delitos no solo aparecen en el plano económico, sino que, al parecer, también se compraban conciencias. ¿A qué atribuir, si no, que el concejal Celso Miranda (Kelembu), hasta hace pocos días uno de los más acérrimos críticos al clan Zacarías Irún, haya dado un repentino giro de 180 grados? En efecto, de repente “vio la luz” y cruzó a la vereda de enfrente, plegándose a sus antiguos enemigos, a quienes criticaba con suma dureza.
No es imposible, pero sí improbable, que su repentino cambio de bando responda a que llegó a la conclusión de que estuvo errado durante muchos años y de que Sandra McLeod es una persona honesta, al igual que su esposo Javier y su cuñado Justo. Por su parte, la opinión pública difícilmente cambie de opinión como Kelembu, más aun después de conocer detalles del informe final comentado que, vale repetir, no hace más que ratificar y ampliar lo que ya se sabía.
La rapaz administración municipal no desentonaba con la pésima fama de Ciudad del Este, uno de los pilares de ese importante centro de operaciones delictivas llamado Triple Frontera. Allí circula y se lava mucho dinero sucio, incluso para financiar organizaciones terroristas, según serias denuncias. Dada la impunidad reinante, cuesta imaginarse que quienes ejercen un cargo público en la capital del Alto Paraná no se vean tentados a enriquecerse ilícitamente y hasta a exhibir sus bienes mal habidos. Es lo que hacía el matrimonio Zacarías Irún-McLeod, que nunca abonó el impuesto a la renta y que, en su codicia, llegó a intervenir en una fallida maniobra irregular para que un socio comercial, también vinculado al hoy prófugo Darío Messer, instale ilegalmente un hotel casino en un predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos.
El Ministerio Público, que ya ha estado investigando a integrantes del clan Zacarías Irún, debe ocuparse ahora también de los hallazgos de la intervención, con independencia de lo que resuelva la Cámara de Diputados. Los elementos de juicio aportados por la Dra. Llanes ameritan que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción tome cartas de inmediato en este grave asunto en el que se revela, por si aún hacía falta, que la Intendencia Municipal de Ciudad del Este era algo muy parecido a una cueva de ladrones. Es de esperar que se actúe con rapidez y rigor, independientemente del poder político y económico de los involucrados, para lo cual es imperioso que el órgano encabezado por Sandra Quiñónez cumpla con su deber de defender el patrimonio público afectado por una administración escandalosa.