Los repudiables hechos violentos producidos el 31 de marzo pasado frente al edificio del Congreso, cuando manifestantes enardecidos atacaron sus instalaciones provocando incendios y hasta robos, constituyó un episodio particularmente confuso, en el cual intervinieron muchas personas y se desataron muchas pasiones. Y especulaciones.
Hasta el momento se sabe de dos procesos abiertos, uno para el caso del asesinato del joven Rodrigo Quintana, en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), del cual se tiene el testimonio irrefutable de una filmación de cámara de seguridad; y otro para el caso que involucra a las siguientes personas: Stiben Patrón, Brian Esteban Martínez, Osvaldo Aquino, Luis Sánchez y Rubén Galeano, jóvenes adherentes del PLRA.
A Stiben Patrón la fiscalía lo acusó con una velocidad inusual (lo que se explica porque el presidente Horacio Cartes lo señaló públicamente como culpable). De inmediato, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla ordenó su prisión en el penal de Emboscada, involucrándolo en un proceso por supuestos hechos punibles conexos de la Ley 4036/10 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”. El juez Amarilla no le concedió al procesado ninguna de las ventajas que ordinariamente se otorga a los acusados, pese a que las pruebas con que cuenta son harto dudosas y notoriamente débiles, pues ninguna de ellas vincula irrefutablemente al procesado con los hechos que afectaron al local del Poder Legislativo.
Entretanto, el proceso por el asesinato del joven Rodrigo Quintana, que compromete a personal de la Policía, no avanzó un milímetro. Esta diferencia abismal entre ambos casos nos remite directamente a verificar cuán manipulable es el Ministerio Público, es decir, son los agentes fiscales, por parte de los políticos poderosos, que los manejan como titiriteros.
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Hasta aquí, el relato sucinto de una secuencia de acontecimientos e investigaciones judiciales repletos de dudas, fallas, torpezas, mala fe y politiquería. Una mezcla que hizo, como en muchas otras ocasiones anteriores, que los hechos verdaderos quedaran ocultos tras los embustes y las maniobras destinadas a obtener réditos políticos.
Este descrédito de la Justicia paraguaya se convierte, así, en suficiente argumento para que –con razón o sin ella– cualquiera que sea procesado por hechos ilícitos, o que esté por serlo, posea suficiente justificativo para pedir asilo en otro país. La frase “con la Justicia paraguaya no hay garantías de ninguna clase”, dada su evidente veracidad, da pie a que gobiernos que sí poseen sistemas judiciales autónomos y respetuosos de la ley concedan rápidamente esos asilos.
En este caso, sin embargo, los violentos hechos ilícitos sí sucedieron, como lo muestran las filmaciones de la preparación de artefactos que se asemejan a cócteles molotov en el local del PLRA. Nos preguntamos, entonces: si esto mismo hubiera sido filmado, por ejemplo, en el local del Partido Colorado, ¿no se hubiera provocado un escándalo? Con toda seguridad, la oposición hubiera lanzado el grito al cielo, con manifestaciones condenatorias y exigido una investigación urgente.
Ante esta situación, los dirigentes liberales, más bien, debieron aconsejar a sus jóvenes correligionarios recientemente refugiados en Montevideo que se quedaran en este país a defenderse de las acusaciones que se les hacen en los tribunales. Si no hay pruebas de que hayan participado directamente en los violentos sucesos del Congreso, tendrían una posición ventajosa para desvirtuar las acusaciones fiscales. Pero si realmente aparecieran indicios de participación, deben ponerse a disposición de la Justicia y afrontar las consecuencias.
El asilo es una antigua forma de defenderse de regímenes autoritarios que gobiernan países donde no funciona el estado de derecho. Mucha gente inocente y valiosa salvó su vida mediante él, bajo las dictaduras que se sucedieron en el Paraguay desde 1947. Mas también puede constituirse en un recurso para lograr la impunidad, como, por ejemplo, ocurrió con Juan Arrom y Anuncio Martí, acusados con evidencias jurídicamente solventes de cometer el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, de cobrar rescates multimillonarios y de poseer armas prohibidas para ser usadas con finalidad subversiva, todo eso entre los años 2001 y 2003. Desde entonces, ambos están exiliados en el Brasil, gozando de la protección que les brinda esta figura jurídica que fue creada para proteger a inocentes, pero no a posibles culpables.
Las filmaciones de lo sucedido en el interior del local del PLRA, aquella noche del 31 de marzo pasado, dan suficiente pie para el avance de la investigación de la fiscalía y la producción de acusaciones judiciales formales. Allí, según las imágenes, hubo gente fabricando lo que aparentemente son elementos inflamables, algo que, hayan o no sido utilizados, constituyen de por sí un acto reprochable, por lo que sería conveniente que los indiciados limpien sus nombres.
El PLRA debería ser el primer interesado en que la cuestión se dilucide. Si los cuatro jóvenes que solicitaron asilo en el Uruguay tuvieron algo que ver con hechos ilícitos como la fabricación de cócteles molotov, las autoridades de ese partido, en vez de buscarles impunidad, debieron tratar de presentarlos ante los estrados judiciales de nuestro país. De esta forma, aun cuando la ecuanimidad, la autonomía y la eficiencia de nuestros fiscales y jueces no son muy confiables, al menos se podría salvar la reputación institucional del PLRA y la de los acusados, mediante una defensa contundente y convincente.
Si cada vez que ocurran hechos graves de violencia política, como en los casos de la muerte del vicepresidente Luis María Argaña, de la masacre de Curuguaty y de estos hechos recientes, se meten de por medio los políticos y la politiquería para distorsionar hechos o desaparecer evidencias, mentir para confundir, sacar partido del enmarañamiento del proceso y hacer pasar inocentes por culpables y viceversa, entonces ninguno de estos graves casos podrá ser aclarado nunca, para descrédito de nuestras instituciones y pésima fama del país mismo.