El conocido empresario Guillermo Caballero Vargas, directivo de la principal industria textil del Paraguay, Manufactura de Pilar SA, manifestó en los últimos días que existe una poderosa rosca mafiosa que maneja el contrabando en nuestro país, que está por encima de los ministros e, incluso, “por encima de los presidentes” (de la República). Agregó que hace 35 años viene pidiendo a los ministros de Hacienda un control de lo que ocurre en Aduanas, pero que a esta altura ya se resignó. Sostuvo también que de vez en cuando se realizan incautaciones de mercaderías, pero que estas son más “cortinas de humo” que un combate real al citado mal que mantiene en jaque a la producción y la industria locales.
En verdad, Caballero Vargas no dijo nada nuevo, pues se conoce de sobra lo de las mercaderías de contrabando, que se comercializan libremente en las calles y en varios comercios que no expiden documentos legales. Lo que llamó la atención fue la respuesta del titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández, quien contraatacó tirándole un misil al sector denunciante, en el sentido de que también hay empresarios corruptos que sobornan a los funcionarios. “Hay una rosca de empresarios que tratan de sobornar para evadir impuestos, alegan que pierden competitividad en el mercado con otros oferentes”, sostuvo el funcionario. “Se presentan como santos, pero no tienen prontuario limpio”, agregó.
En verdad, lo que sostuvo Fernández tampoco es una novedad. Lo que llama la atención es que, conociendo esta realidad, no se haya preocupado de tomar medidas para destituir a los funcionarios infieles y denunciar a los empresarios corruptos. Por alguna razón desconocida, aunque sospechable, se deja que continúe el repudiable esquema.
Fernández anuncia ahora una nueva “movida”, que significa trasladar a los aduaneros que no estaban dando los resultados esperados o sobre quienes, seguramente, había sospechas de corrupción. Pero esta “movida” es semejante a los traslados de policías bandidos o de obispos abusadores, que reciben nuevos destinos adonde van con sus mismos vicios para, al poco tiempo, volver a incurrir en sus detestables prácticas.
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En efecto, nadie ignora que la DNA es un antro de corrupción de larga data. Allí se defrauda rutinariamente al fisco, cualesquiera sean el Gobierno de turno y el director del momento, como si esa práctica delictiva formara parte de las atribuciones de un funcionario aduanero. Se recordará que, poco después de haber asumido el cargo, el anterior jefe de Estado, Horacio Cartes, convocó a las altas autoridades de la DNA para instarles a elevar la recaudación, es decir, a no robar ni a dejar robar tanto. Como ocurre tras cada cambio de Gobierno o de director, se registró de inmediato un notable aumento de los ingresos aduaneros. Poco después, las cosas volvieron a la normalidad y los “maletines” se distribuyeron de nuevo con la diligencia habitual.
Como era previsible, lo mismo ocurrió tras el último 15 de agosto. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció muy ufano, el 1 de noviembre, que de los cuatro récords históricos de recaudación, tres correspondían a su Gobierno, habiendo llegado el de octubre a más de un billón de guaraníes (178 millones de dólares). No fue necesario que hiciera exhortación alguna al respecto, ya que los experimentados funcionarios de la DNA saben que, al principio, deben hacer buena letra. Como no se han anunciado nuevos récords, es presumible que se haya repetido lo de siempre y que las subfacturaciones o la entrada “en frío” de los bienes importados hayan vuelto a la orden del día. Los aduaneros corruptos seguirán en lo mismo y sus nuevos protectores políticos estarán muy satisfechos.
Acaso por eso, el ministro de Hacienda, Benigno López, creyó atinado visitar al jefe de la DNA, Julio Fernández, subordinado suyo en virtud del art. 384 del Código Aduanero y del Anexo I del Decreto reglamentario Nº 4672/05. Tradicionalmente, sin embargo, los directores se han reportado más al titular del Ejecutivo que a su jefe natural. Esto indica la tremenda importancia que tienen los aduaneros como “recaudadores para la corona”, pues suele comentarse que responden a tal o cual político, bien posicionado con el presidente de la República. Es decir, es el tercero en concordia, que se suma al funcionario y al empresario deshonestos a los que aludió el titular aduanero: es el personaje ligado al poder político que recibe los consabidos “maletines”.
Discrepamos con el empresario Caballero Vargas en que en nuestro país existe una organización “invisible”, que impide imaginar una lucha exitosa contra la sobrefacturación y el contrabando. Ocurre que los resultados de esa sobrefacturación y el impune contrabando no son invisibles, sino que están a la vista, en forma de un escandaloso enriquecimiento de los aduaneros de todos los tiempos, quienes jamás podrán justificar con sus ingresos reales sus mansiones, sus vehículos de alta gama, sus inversiones diversas, sus fabulosas vacaciones en familia y otros lujos de los que carece una persona “normal”, como diría el inefable diputado liberal Carlos Portillo. Una investigación de nuestro diario ha sacado a la luz los nombres y los bienes de muchos de ellos. Hasta hoy solo fueron imputados –pero no se abrió aún el juicio oral y público– por enriquecimiento ilícito o lavado de dinero de Luis Pintos, Elvis Carrera, Francisco Solano Pérez, César Samaniego, Luis Vysokolán y Javier Agüero. Hay otros más, como Nitder Samudio, Osvaldo Molinas, Adolfo Almirón, Gustavo Kirmser, Marcos Rodríguez, Carlos Vaccaro... Para ilustrar sus portentosas habilidades financieras sirva el dato de que el citado Pintos, funcionario de la DNA desde 2013, acumuló un caudal de 3.700 millones de guaraníes, con un salario de quince millones y medio de guaraníes mensuales. Por algo se conoce a los aduaneros como los “magos de las finanzas”. Es difícil esperar que sean perseguidos para mandarlos a la cárcel para que devuelvan lo robado, pues en cada campaña electoral son los primeros en fotografiarse con los candidatos con chances, para asegurarse protección.
En su Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Mario Abdo Benítez prometió que en la DNA se implementarían tecnologías capaces de evitar el contrabando y la corrupción. No sabemos si lo hizo, pero si lo hizo, la rosca aduanera no se enteró. A juzgar por las palabras de Caballero Vargas y de Julio Fernández, sigue gozando de excelente salud. ¿Será que alguien se atreverá algún día a ponerle el cascabel al gato?