En una reciente sesión extraordinaria, el Senado conformó cuatro ternas para que la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios, designe a las máximas autoridades de dos órganos de origen constitucional. Los propuestos para ejercer el cargo de contralor general de la República son Ramón Ignacio Ferreira, José Enrique García y Alba María Talavera, mientras los candidatos a ocupar el de subcontralor son Camilo Daniel Benítez, Clara Elizabeth Ruiz Díaz y Héctor Parodi. Por su parte, la terna aprobada para nombrar al defensor del Pueblo está compuesta por Miguel Godoy, Jorge Rolón Luna y Yudith Rolón. Con otros 125 postulantes a la Contraloría General de la República y 74 a la Defensoría del Pueblo, los actuales candidatos habían presentado sus planes de acción en las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y por la de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.
En esas audiencias públicas, que en un sentido amplio pueden considerarse parte de la democracia participativa, los ciudadanos tuvieron ocasión de formular preguntas a los aspirantes durante diez minutos, previa inscripción personal, telefónica o vía correo electrónico, ante la Oficina de Atención Ciudadana. El público estaba integrado en su mayoría por parientes de los expositores, lo que sugiere que el llamado no despertó un gran interés en la ciudadanía, pese a la gran importancia de los cargos a ser ocupados. Es de lamentar que ella no haya aprovechado mejor la ocasión para intervenir en el proceso de selección y no solo para hacer preguntas sobre los proyectos de los postulantes, sino también para opinar e informar acerca de sus méritos y aptitudes, más aún porque muchos de ellos ya ocuparon u ocupan cargos públicos. Así, existía la posibilidad de que los interesados juzgaran su actuación anterior y de que, eventualmente, objetaran a más de uno. El curriculum vitae y los planes que tengan quienes deseen ingresar a la función pública no son garantía suficiente de un buen desempeño posterior. Es indispensable que la idoneidad sea reforzada por la integridad moral, que puede ser juzgada por cualquier ciudadano que conozca a los candidatos y tenga algún sentido de la decencia.
La honestidad es siempre de capital relevancia. El contralor, por ejemplo, está encargado de fiscalizar nada menos que los bienes públicos y el patrimonio del Estado, así como los de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, los del Banco Central y los de los demás bancos estatales o mixtos, los de las entidades autónomas, autárquicas o descentralizadas, así como los de las empresas del Estado o mixtas. Quien llegue a ser designado para este cargo por la Cámara Baja deberá tener la fortaleza moral de resistir no solo el tráfico de influencias o las presiones políticas en beneficio de algún pez gordo de la corrupción, sino también, obviamente, la tentación de caer en el chantaje.
En el caso del defensor del Pueblo, el testimonio de vida debe ser un factor significativo a la hora de encargar a alguien que investigue las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y emita censura pública por actos o comportamientos opuestos a ellos. Aparte de honradez y capacidad intelectual, es preciso que el designado tenga real vocación por la defensa de los derechos humanos, algo de lo que sus conciudadanos bien podrían dar fe o no.
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Es una pena que las audiencias públicas previas a la constitución de las ternas no hayan tenido el saludable efecto que, al menos en parte, han tenido las últimas convocadas por el Consejo de la Magistratura. Estas sirvieron, en efecto, para que los presentes cuestionen a más de un aspirante por sus antecedentes personales, siendo de esperar que tengan un eco similar las que convoque próximamente para elaborar la terna de candidatos a fiscal general del Estado, cuyo nombramiento compete al Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
El escrutinio de la opinión pública, que tanto tiene que ver con la transparencia, se hace más necesario que nunca cuando están en juego altos cargos públicos. En nuestro pequeño país, donde no cuesta mucho saber quién es quién, lo que se sepa al respecto debe ser transmitido responsablemente, porque es de interés general que quienes ejerzan las más altas dignidades tengan un pasado y un presente irreprochables.
Es necesario que los reparos que se crean justificados sean hechos a tiempo, antes de que concluyan los procedimientos. En vez de deplorar después el hecho consumado por culpa de la indiferencia de la gente, hay que auscultar a los candidatos y revelar su historia de vida para que los malos no superen el filtro de la participación popular. En el caso comentado, aún es posible que se den a conocer, a través de las redes sociales y de los medios de prensa, los impedimentos de orden moral que puedan tener las personas mencionadas para dirigir la Contraloría y la Defensoría.
Es necesario, pues, que los ciudadanos y las ciudadanas participen en estas elecciones y reaccionen a tiempo para frenar el acceso de impresentables a los lugares donde se deciden cuestiones que hacen a la vida y los bienes de la gente.