Cargando...
En coincidencia con su antecesora Sheila Abed, la nueva ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, tiene como prioridad la construcción de cárceles en Ciudad del Este, Emboscada y otros lugares. El proyecto es muy plausible, y solo cabe desear que lo antes posible se obtengan los 115 millones de dólares que se necesitarían para al menos reducir en gran medida el hacinamiento que sufren unos 13.000 reclusos en todo el país, salvo aquellos que por un privilegio indebido ocupan las “celdas vip”.
El Presidente de la República habría impartido una “orden contundente” en el sentido de destrabar el proceso licitatorio para llamar a una licitación pública. Por de pronto, los fondos que se requieren no están previstos en el presupuesto nacional vigente, de modo que habría que buscar la forma de conseguirlos antes de iniciar el procedimiento de contratación. En última instancia, habrá que recurrir a un crédito internacional, aunque ello implique un mayor endeudamiento, que en este caso sería admisible dada la gravedad de la situación reinante en el sistema carcelario, que fue graficada acertadamente por la anterior ministra con la palabra “polvorín”.
Es intolerable que las condiciones de reclusión sean inhumanas y que después se pretenda la readaptación social de los condenados y de los procesados, que por cierto comparten el mismo espacio, en contra de lo dispuesto por la Constitución. Esta también dice que los reclusos deben hallarse en “establecimientos adecuados”, lo que resulta a todas luces desmentido por la dolorosa realidad. Aquí están en juego los derechos humanos, de los que también gozan quienes están privados de su libertad, por si haga falta subrayarlo. La penitenciaría de Tacumbú, la principal del país, alberga a unos cuatro mil reclusos, pese a que su capacidad real llega solo a 1.500. Es una verdadera vergüenza, a la que se debe poner fin cuanto antes.
La ministra Bacigalupo está en lo cierto cuando afirma que se deben buscar soluciones de fondo para reducir los niveles de violencia e inseguridad y que se deben emplear medidas alternativas a la pena carcelaria. Toda vez que estas medidas se apliquen adecuadamente y no para favorecer a delincuentes famosos, a recomendados y poderosos, como ocurre hoy día. Lo que sucede es que las políticas públicas que deberían implementarse al respecto no tendrán un efecto inmediato, ni mucho menos. Entretanto, la sociedad debe ser protegida mediante la pena privativa de libertad, como también lo manda la Constitución, sin que ello implique, en absoluto, que quienes la agredan deban estar espantosamente hacinados, viviendo como animales.
La dramática situación penitenciaria es de larga data y tiende a agravarse cada vez más, de modo que la prioridad mencionada es de la mayor urgencia. El Poder Ejecutivo tiene ahora la voluntad de poner manos a la obra; así que resta esperar consiga los fondos necesarios y que, una vez obtenidos, la maquinaria administrativa trabaje con una eficiencia y una honestidad mucho mayor a las acostumbradas. Que ya no existan “cárceles fantasmas” como las que se creaban en las planillas para desviar los recursos públicos.