El descontrol reinante en la Justicia Electoral llega a tal extremo que allí funciona hasta una agencia financiera: Ideas Empresariales SRL, entre cuyos accionistas figuran Narciso Ramírez y Cynthia Álvarez, funcionarios de la Dirección de Administración-Rendición de Cuentas. Otorga préstamos bajo la cobertura del Círculo de Funcionarios Administrativos de la Justicia Electoral-Cifunaje, cuya secretaria general es precisamente Cynthia Álvarez, la accionista de la financiera. Las operaciones de la firma se extienden al menos hasta la Contraloría General de la República, con cuya asociación de funcionarios firmó un contrato, en virtud del cual le paga una bonificación del 2,5% sobre las cuotas cobradas por los créditos otorgados. Para más datos, Narciso Ramírez y Cynthia Álvarez, que tienen prestados nada menos que 734 millones de guaraníes a los miembros de la asociación, son los funcionarios que rinden cuentas a la Contraloría de la ejecución presupuestaria de la Justicia Electoral.
Allí opera, pues, un grupo de financistas que se vale de los recursos materiales de la institución para ganar dinero dentro de la entidad, pues la oficina en la que se realizan “trámites de préstamos”, en la sede central, está dotada de computadoras, impresoras, muebles y hasta máquinas de café que forman parte del inventario de la institución. Es de suponer que los accionistas le dedican una buena parte de la jornada laboral a una actividad por lo demás bastante lucrativa, ya que cobran un interés del 15% por un crédito de un millón de guaraníes a tres meses de plazo. El cobro no ofrece ninguna dificultad, pues los funcionarios de la Justicia Electoral y los de la Contraloría autorizan a las respectivas administraciones a descontar sus salarios, sin límite alguno.
Es decir, el aparato administrativo de esas entidades está al servicio gratuito de Ideas Empresariales SRL, con la ventaja adicional de que los accionistas mencionados integran justamente la Dirección encargada de los descuentos. No hay deudas incobrables, porque el Estado se ocupa de que la firma acreedora reciba la devolución de lo invertido, como si fuera una agencia de cobranza. El Ministerio Público debe tomar nota de que, según el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, estaríamos ante un caso de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito, hechos punibles a los que cabría agregar el de la usura y el de la eventual colusión con funcionarios de la Contraloría. Por de pronto, resulta intolerable que el dinero público solvente el negocio financiero de una claque inescrupulosa empotrada en una entidad pública.
La Justicia Electoral no es, por cierto, la única en la que el aparato administrativo del Estado trabaja para unos prestamistas, ya que lo mismo ocurre en aquellas instituciones en las que los créditos provienen de las asociaciones de empleados, generalmente encabezadas por quienes tienen un buen poder económico. Es de lamentar que las iniciativas que apuntaban a prohibir esta práctica aberrante no hayan prosperado debido a la presión ejercida por las asociaciones de funcionarios sobre unos legisladores pusilánimes temerosos de enemistarse con sus dirigentes.
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En el caso comentado, no hace falta ninguna nueva ley para que se disponga la prohibición inmediata del escandaloso negocio financiero “mau” realizado ante las narices de los tan cuestionados miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.