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Ayer fue un día importante para la República; debe llenar de satisfacción a los ciudadanos que creen en la ley y en la ética, pues solo 13 de 45 senadores acudieron al Congreso para la sesión en la que un grupo de ellos pretendía aceptar la renuncia al cargo del presidente Horacio Cartes para habilitarle a jurar como senador electo, con lo que se iba a violar flagrantemente la Constitución, que le ordena ser senador vitalicio tras terminar su mandato. Si se agrega que tampoco asistieron 30 de los 80 diputados, puede afirmarse que, por una vez, la Cámara Alta y una buena parte de la Baja han cumplido su compromiso con el pueblo paraguayo al no prestarse a que la tramoya urdida por el Poder Ejecutivo en complicidad con el Judicial sea consumada.
No asombra que lo ocurrido haya escapado a los cálculos de Horacio Cartes y de sus estrategas, pues ya habían fracasado con la precandidatura presidencial de Santiago Peña en los comicios internos de la ANR. No es aventurado pensar, entonces, que este excelente precandidato haya fracasado más por su cercanía con su proponente y mentor, el actual Presidente, que por insuficiencias propias.
Lo llamativo es que el avezado y sagaz senador Juan Carlos Galaverna –uno de los dos únicos abdistas, junto con Silvio Ovelar, que asistió a la frustrada sesión– también se haya equivocado al afirmar, hace solo seis días, que “existe la cantidad de votos que se necesita para aceptar la renuncia”. Pero este auspicioso acontecimiento de ayer no pone fin al peligro que se cierne sobre la Patria de que su Carta Magna sea violada, y pese a que el citado viejo zorro político, tras la frustrada sesión de ayer y tras una conversación con el presidente Cartes, asegurara que este no pidió otra fecha para que se trate su renuncia.
Esta afirmación de ninguna manera debe traer tranquilidad a la población que desea vivir en un país donde rija el Estado de Derecho, pues es oportuno recordar que, apenas asumió el cargo hace cinco años, Cartes repitió varias veces que la Constitución no le habilitaba para buscar la reelección vía enmienda constitucional, para hacia el final de su mandato pisotear su palabra y embarcarse en una agresiva campaña en busca del “rekutu”.
En consecuencia, ese comentario de que Horacio Cartes no persistiría más en su intento puede ser una cortina de humo para que la ciudadanía baje la guardia, y el líder de “Honor Colorado” y sus seguidores reaparezcan con otra arremetida inconstitucional. Y dada la capacidad compradora de muchos de sus allegados y los inmensos recursos económicos con que cuenta el actual Primer Mandatario, en un país donde las decisiones legislativas no pocas veces se consiguen a platazo limpio –según testimonios de propios legisladores–, la gente de bien respetuosa de las leyes debe estar alerta para repeler cualquier otro intento de atraco a la Constitución, manteniéndose atenta al desarrollo de los próximos acontecimientos. “La fuerza que hoy tiene el dinero en la política es impresionante”, ha llegado a afirmar el entonces presidente del Senado y hoy presidente de la República electo, Mario Abdo Benítez.
Por lo tanto, ante el revés inesperado que han tenido los involucrados en esta intentona anticonstitucional, cabe maliciar ahora que, simplemente, se dispongan a elevar la oferta monetaria para hacerla tan irresistible que alguno cambie de postura sin importarle que ello sea atribuible al soborno puro y duro. Puede recordarse que el diputado y titular del Partido Colorado, Pedro Alliana, ha atribuido el triunfo electoral de Mario Abdo Benítez no solo a los votos cartistas sino también a la plata de quien sigue presidiendo la República. Ese es el lenguaje que dominan, y que pretenderán, en los días venideros, imponer a quienes ayer hicieron el vacío a sus miserables afanes, mostrando una dignidad que deben conservar pese a todas las seducciones monetarias que vayan a ensayarse.
Es deseable que Horacio Cartes concluya su mandato, el 15 de agosto próximo, con la lección aprendida de que no todo tiene un precio, de que hay legisladores paraguayos que no están en venta, y de que una ciudadanía expectante ha comenzado a movilizarse, cansada de soportar todo tipo de despropósitos a que la ha venido sometiendo la clase política.
Pese a que el peligro de atentar contra la Constitución continúa latente, el episodio vivido ayer en el Congreso permite alentar la esperanza de que, más temprano que tarde, los políticos paraguayos se regeneren, abandonando el lodazal de la corrupción en el que tantos de ellos están sumidos.
Para que historias deplorables como esta vayan desapareciendo en nuestro país, es preciso que los ciudadanos y las ciudadanas, y las instituciones y asociaciones que los nuclean, estén siempre vigilantes, observando la conducta de quienes ejercen cargos electivos, empezando por los del Congreso.