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Las desagradables informaciones de ocupaciones violentas de predios privados retornaron a nuestros noticieros en las últimas semanas. Es la reanudación de las conocidas actividades definidas como “invasiones”, ejecutadas por grupos organizados que se presentan ante el público como si estuviesen reclamando sus plenos derechos y con legítimos títulos habilitantes para instalarse donde les interese, por medio de actos de usurpación y violencia.
Esto es precisamente lo que acaba de suceder con un caso de ocupación de un terreno particular situado en el Km 10, Monday, en Ciudad del Este, por parte de gran número de personas, que tuvieron que ser desalojadas con orden judicial y participación activa de la policía. Pero la operación no fue cumplida y aceptada pacíficamente, como debió ser, sino que halló una violenta resistencia de los invasores, que utilizaron armas como hondas y machetes contra las fuerzas del orden. El enfrentamiento causó heridas a cuatro policías. Medio centenar de agresores fueron detenidos.
Para que la intención de los ocupantes quede bien clara, el martes pasado unas cincuenta personas reincidieron en la ocupación clandestina del predio antes liberado. La policía de la jurisdicción se limitó a informar de lo que sucedía al fiscal Julio César Paredes, como si la orden judicial anterior ya hubiera caducado. Hasta hoy, el agente fiscal aún no reactivó el procedimiento de recuperación del predio, de tal suerte que, según este extraño criterio, cada vez que penetre alguien en un inmueble ocupado y liberado sucesivamente, deberá reiniciarse un trámite judicial desde fojas cero.
Poco antes, unas 700 familias tuvieron que ser desalojadas con la fuerza policial de un terreno de 46 hectáreas perteneciente a una empresa inmobiliaria, en la jurisdicción de Coronel Oviedo, que fue invadido hace un año y siete meses. Para ejecutar la orden judicial tuvieron que intervenir 500 efectivos del Grupo Especial de Operaciones y de Investigación de Delitos de nada menos que tres departamentos: Caaguazú, Guairá y Cordillera. Al conductor de la operación, el fiscal Alfredo Mieres, se sumaron el director departamental de la Policía Nacional y hasta representantes de “derechos humanos”.
El miércoles de la semana pasada, un predio de 68 hectáreas ubicado en Luque, perteneciente a la Copaco, tuvo que ser desalojado también con el empleo de la fuerza policial. El lugar estaba invadido desde junio del año pasado, a instigación de algunos “gestores”, hoy identificados como Cristina Aquino Saucedo y Néstor Noceda, que organizaron una red de recaudadores que exigían a cada familia ocupante pagar 800.000 guaraníes para ingresar y ocupar, más una cuota semanal de 20.000. La violentísima resistencia de los usurpadores al desalojo produjo una consecuencia particularmente dramática: un disparo de proyectil privó de su ojo izquierdo al joven policía Cristian Galeano.
La ocupación ilegal de inmuebles se convirtió en una actividad lucrativa que se regentea como cualquier otra, con el agravante de que se compromete y se engaña a la gente más pobre y más desvalida. Además, se la incita a la agresividad y se la despoja de todo sentido de legalidad y prudencia. Los “gerentes” u organizadores de estos negociados (a los que algunos llaman cínicamente “líderes”) gozan de una especie de protección o inmunidad, porque, al parecer, la Justicia no les suele alcanzar y pueden ir saltando de un intento a otro.
En el caso de la ocupación de Luque, el juez de San Lorenzo, Atilio Rodríguez, ordenó la prisión de los citados Aquino Saucedo y Noceda. Es evidente que el magistrado comprendió que personas como estas no deben disfrutar de libertad de movimiento porque son expertas en agitar resentimientos sociales y crear situaciones de violencia, que fácilmente podrían degenerar en hechos fatales e irreversibles.
Lo que viene a coronar de insensatez la actuación de las autoridades gubernamentales es que los ocupantes del predio de la Copaco, pese a la violencia de la ocupación y del irrespeto de los derechos de propiedad establecidos clara e indubitablemente en la Constitución y las leyes, recibieron el premio de ser invitados a participar de una “mesa de diálogo”. Se presenta como su promotor el ministro de Urbanismo, Dany Durand, quien habla de la posibilidad de promover una negociación para la compra del terreno invadido.
La ocupación de tierras por la fuerza, con el fin de crear conflictos y obligar a propietarios y autoridades a ceder y transar, a sentarse con ellos en “mesas de diálogo”, es un mal que ya se extendió a lo largo y ancho del país y que se repite desde hace décadas. Consiste en cohonestar un modo de delinquir peculiar, que manipula a gente ignorante y pobre. La situación creada de este vil modo se etiqueta con el nombre de “problema social”, lo que es hábilmente explotado por los oportunistas que saben aprovechar estas circunstancias y hacerse llamar “líderes”.
Este mal no se corrige de modo definitivo, entre otras razones porque, en la mayoría de los casos, las autoridades no escarmientan a los usurpadores –muchas veces dirigidos por inescrupulosos– con todo el rigor de la ley, sino que los tratan con condescendencia, consienten sus atropellos y les prometen legalizar el terreno violentado. En estas negociaciones participan a veces dirigentes partidarios, intendentes, gobernadores, concejales y otros personajetes de la politiquería criolla, en pos de un provecho electoral y económico.
Es innegable que hay muchos compatriotas que no cuentan con tierra propia, a quienes deben buscarse soluciones en el marco de la ley. Lo que debe cortarse de raíz es la legalización de las ocupaciones violentas, para evitar que continúe un lucrativo negocio que beneficia a “líderes” sociales y políticos inescrupulosos.