El calamitoso estado de la educación pública no podrá remediarse aumentando, simplemente, el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias, que hoy se eleva a unos 813 millones de dólares, equivalentes al 20% del total asignado a la administración central del Estado, porcentaje mínimo fijado por la Constitución. Está claro que se podría invertir más dinero, ya que la suma referida corresponde a solo el 4% del producto interno bruto, en tanto que la Unesco sugiere que llegue a por lo menos el 7%. Pero el problema no está en aumentar cada año el monto asignado al MEC, sino, fundamentalmente, en mejorar la calidad del gasto en ese sector.
En efecto, abundan los órganos, cargos y gastos superfluos que podrían eliminarse para destinar a la enseñanza los recursos que hoy se consumen en vano. El año pasado, por ejemplo, se descubrió que el MEC contaba con 140 Direcciones Generales, tras lo cual una nueva Carta Orgánica, promulgada el 27 de enero de 2017, dispuso reducir esa enorme cantidad a solo dieciséis Direcciones Generales. Y si se rebuscara con mayor ahínco, probablemente puedan descubrirse otras numerosas oficinas y funcionarios que no prestan ningún servicio de relevancia a la educación y que, por tanto, pueden eliminarse o reducirse sustancialmente.
O sea que se podría mejorar la calidad del gasto público haciendo que el MEC, sin aumentarle su presupuesto, tenga más dinero para que los niños, los jóvenes y los propios docentes reciban los conocimientos y las habilidades que se requieren en el competitivo mundo de hoy. De poco serviría un aumento si una gran parte de los recursos va a parar en los bolsillos de los burócratas, instalados en una jungla de oficinas superfluas, o si se crea –a instancias de la “reina del norte”, la diputada colorada Cristina Villalba– un cargo de supervisora pedagógica y otro de supervisora administrativa solo para instalar allí a una concejala colorada de Itanará, según se supo recientemente, es decir, por razones políticas antes que por una exigencia educacional.
Si la infraestructura escolar del Paraguay es la peor de América Latina, de acuerdo a un informe conjunto de la División de Educación del BID y de la Oficina Regional de la Unesco, publicado este año, no es necesariamente porque falta dinero. Sobran oficinas y empleados... y ladrones.
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También está el drama de la simple ineptitud, que impide la ejecución íntegra del presupuesto o la distribución oportuna de los kits escolares, revelando, una vez más, que no todo depende de contar con fondos suficientes: es indispensable que la administración sea eficiente, algo incompatible con el nepotismo, el padrinazgo político y la filiación partidaria como principales requisitos para incorporarse al plantel ministerial.
Desde luego, no se debe olvidar la plaga de la corrupción, cuya incidencia se ha reflejado en la malversación masiva, por parte de numerosos intendentes y gobernadores en complicidad con empresarios corruptos, de los recursos del Fonacide que deberían destinarse a la infraestructura educativa. Este latrocinio infame, cometido en perjuicio de alumnos provenientes de familias de bajos o medianos ingresos, ilustra tanto la codicia de esas autoridades como la indiferencia de los propios docentes –que ahora se movilizan en reclamo de aumento salarial y otras reivindicaciones–, que durante tantos años guardaron y guardan un vergonzoso silencio ante lo que no podían ni pueden ignorar. Es cierto que el MEC no administra esos recursos del Fonacide, pero no cumple con su deber de fiscalizar las obras, lo que facilita notablemente el enriquecimiento ilícito.
En la corrupción, que tanto incide en la catástrofe educativa, no solo intervienen los burócratas que amañan licitaciones públicas o los políticos comunales que desvían fondos, sino también las autoridades docentes, según se desprende de lo que acaba de informar el ministro Enrique Riera. En efecto, habría unos 130.000 “alumnos fantasmas”, que están registrados en los centros educativos sin cursar estudios. No se trata solo de un problema estadístico, sino de uno que tiene que ver con el robo, liso y llano, pues cuando los directores y supervisores reportan más alumnos que los existentes, reciben una mayor cantidad de kits escolares y de “dinero por gratuidad”, es decir, una suma destinada a los colegios para exonerar del pago de matrículas. En palabras del ministro. “Cada kit cuesta 300.000 guaraníes, y por 130.000 alumnos fantasmas, el costo es de más de 6 millones de dólares. ¿Adónde iban esos rubros? Algunos quedaban en el depósito y otros iban a parar a librerías particulares”. Es realmente lastimoso el nefasto comercio a costa de la educación de los niños y jóvenes, lo mismo que el hecho de que funcionarios inescrupulosos se enriquezcan a costa de la salud de la población cuando venden medicamentos destinados a la gente.
El MEC debe denunciar formalmente este escandaloso negociado de emitir documentos públicos de contenido falso para defraudar al erario, o, si no lo hace, el Ministerio Público debe intervenir de oficio, como corresponde. Por de pronto, se constata que hay delincuentes que dirigen o supervisan centros educativos, en los que se están formando los ciudadanos del mañana, mientras los docentes están en huelga porque quieren ganar más y no precisamente porque les interese una mejor educación pública. De hecho, Gabriel Espínola, eterno secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (A), ha creído oportuno señalar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no define la educación como un servicio “imprescindible”, como sí lo hace la Ley de Función Pública. O sea que, a su criterio, los docentes pueden paralizarla cuando se les antoje, porque el papel que cumplen no es tan importante, al fin y al cabo. Se entiende, entonces, que cierren los ojos ante las fechorías de las autoridades nacionales y locales, así como las de sus directores y supervisores, que no tengan mucho interés en capacitarse y que no les preocupe que los alumnos pierdan cada año unas irrecuperables horas de clase.
En las deplorables condiciones en que se halla el sistema educativo, tan bien ilustradas por estas últimas perlas, no tendría mucho sentido invertir en él más dinero sin antes revisar el organigrama del MEC, liberarlo de la influencia político-partidaria y expulsar a los burócratas y docentes improductivos y corruptos. No todo pasa por el presupuesto global, pues, como se apunta en el informe conjunto del BID y de la Unesco, antes citado, la calidad de la infraestructura escolar no depende necesariamente de la situación económica de un país, sino del grado de priorización, planificación, eficiencia y honestidad en la gestión de las políticas públicas. Este es el drama que se debe solucionar en el Paraguay.