Aún está fresca en la memoria colectiva de la sociedad paraguaya, sobre todo en la de los sectores que sufrieron lo indecible por sus nefastas consecuencias, el despilfarro que el gobierno de “unidad nacional” del presidente de facto Luis Ángel González Macchi hizo de los US$ 395 millones del crédito chino obtenido por su antecesor en el cargo, Raúl Cubas Grau, supuestamente para el desarrollo del país. De los ministerios e instituciones del Estado que se repartieron a mansalva el botín de guerra obtenido con el “marzo paraguayo”, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo la titularidad de José Alberto “Icho” Planás, pasó a la historia como el antro de la máxima y desembozada corrupción, con el affaire de “los empedrados chinos”.
A estar por testimonios fidedignos de empresarios viales de la época, la fraudulenta ingeniería financiera de la que se valió el codicioso ministro –a quien su colega de entonces, el ministro de Hacienda, Federico Zayas, calificó públicamente como “ministro monda”– fue descaradamente expeditiva. Infló los precios de los caminos a ser construidos hasta US$ 280.000 por kilómetro; dispuso un generoso anticipo del 20 por ciento a la firma del contrato a las empresas selectivamente adjudicadas. Y estableció una criminal modalidad de coimas consistente en que, para recibir el anticipo contractual, las empresas adjudicatarias debían anticipar la entrega de una suma de dinero equivalente al 2 por ciento, no del monto del anticipo, sino del monto total del contrato. A esto se sumaba un adicional del uno por ciento del valor del anticipo y de cada certificado a cobrar, hasta la finalización de la obra.
¿Qué pasó después? Planás disponía de US$ 30 millones para el financiamiento de la construcción de caminos empedrados en diversos puntos del país. Con los anticipos y la jugosa coima asegurada a priori (seguramente, con la premonición de que no pudiera durar en el cargo, como efectivamente por fuerza sucedió), agotó el presupuesto asignado para el proyecto. Cuando los contratistas comenzaron a reclamarle pagos por lo que iban ejecutando, el voraz ministro recurrió a su colega de Hacienda, quien se negó tajantemente a desembolsarle más dinero, quejándose al Presidente de la República de que Planás quería llevarse la plata en “valijas”.
A raíz de esto, los contratistas –siempre bien informados de lo que pasaba en el Ministerio–, al enterarse de que la institución había quedado sin recursos para el pago de las obras, nada sonsos, optaron por construir algo hasta cubrir el monto del anticipo recibido y luego abandonaron los trabajos. Algunos pillos, ni siquiera iniciaron los suyos. Nunca se supo, tampoco, que alguno de ellos haya devuelto el anticipo recibido.
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La posibilidad de que pudiera repetirse el patético escenario de irresponsabilidad institucional de “los empedrados chinos” de la era Planás ha sido públicamente insinuada por el ministro Ramón Jiménez Gaona, al reaccionar airado contra los senadores que por mayoría rechazaron la aprobación del crédito obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su cartera de Estado, no para el financiamiento de un proyecto de infraestructura específico, sino para pagar deudas a contratistas de obras viales actualmente en ejecución. Ciertamente, el exabrupto del ministro no ha dejado de llamar la atención de la gente, sobre todo de aquellos que de alguna manera han sentido en carne propia las ruinosas consecuencias del despilfarro del empréstito de bancos de Taiwán hecho por el gobierno de Luis González Macchi, y que el pueblo contribuyente sigue pagando hasta hoy día.
En particular, la irritación de la que dio muestra el ministro Jiménez Gaona ante la negativa del Senado de la República de aprobarle el crédito para calzar el deficitario presupuesto de su cartera, mucho se parece al chasco que se llevó su corrupto antecesor en el cargo mencionado, ante la tajante negativa del honesto y austero exministro de Hacienda Federico Zayas, de feliz memoria. Así como Planás adjudicó a precios inflados los contratos de los “empedrados chinos” sin tener asegurados los recursos para financiarlos, por lo visto, así también el ministro Jiménez Gaona procedió a adjudicar más de 450 contratos viales, de los cuales su cartera les da prioridad a 117 contratos.
Habiendo conocido el tremendo perjuicio económico para el Estado, y ni qué decir para los cientos de miles de paraguayos de las empobrecidas áreas rurales que esperaban beneficiarse con los “empedrados chinos” para el transporte de sus productos a los mercados de consumo, la anunciada paralización de obras viales por la irresponsabilidad institucional del ministro Jiménez Gaona al contratar su construcción sin tener asegurados los recursos pertinentes, no solo va a afectar –como dice– a 50.000 personas, sino a 5 millones de habitantes; víctimas de la estafa intelectual de la que por lo visto viene sufriendo el pueblo paraguayo bajo el gobierno del “nuevo rumbo” de Horacio Cartes, quien, a cambio de apoyo a su reelección, viene prometiendo al pueblo el oro y el moro, endeudando irresponsablemente al país.
Así como en su momento fue institucionalmente atinada la rotunda negativa del ministro de Hacienda, Federico Zayas, a comprometer las finanzas públicas para calzar la corrupta inversión física del ministro Planás con los “empedrados chinos”, así también la negativa del Senado a aprobar el crédito de US$ 200 millones del BID para el MOPC es vista por la ciudadanía como un acto de patriótica responsabilidad institucional y no como mera veleidad política, como lo pretende el ministro Jiménez Gaona.
Sin duda, las obras de infraestructura vial son esenciales para el desarrollo de un país, pero necesariamente ellas tienen que ser impulsadas de acuerdo a una sensata y bien calculada capacidad de pago.
El Paraguay tiene recursos fiscales potenciales, como los provenientes de la ampliación de la base tributaria y de un mejor sistema de control de los impuestos. Así también, un replanteamiento de los ingresos provenientes de la venta de energía paraguaya de las usinas hidroeléctricas binacionales podría posibilitar recursos adicionales para que el MOPC financie sus proyectos viales. Ahora mismo, por ejemplo, Argentina adeuda a nuestro país más US$ 121 millones por nuestra electricidad que ella se lleva de Yacyretá. En vez de los US$ 200 millones solicitados al BID, el presidente Horacio Cartes muy bien podría negociar con su par argentino el inmediato pago de esa deuda atrasada indebidamente, suficiente para financiar más de la mitad de los proyectos que supuestamente pararían si el Senado no revé su negativa.
Paraguay es también acreedor de Yacyretá o de Argentina, de US$ 900 millones por territorio inundado, así como de otros US$ 150 millones como compensación por el tramo de nuestro histórico ferrocarril de Artigas a Encarnación inutilizado por dicho embalse, que están pendientes de cobro y que ninguno de nuestros inútiles gobiernos hasta ahora hizo el mínimo esfuerzo por cobrar.
Por si todas esas opciones fueran insuficientes, el Gobierno todavía tiene en sus manos la posibilidad de utilizar los recursos asignados a supuestos “gastos sociales” en las binacionales y que anualmente rondan los US$ 200 millones para cada margen. Redireccionarlos para atender la emergencia financiera aducida por el ministro del MOPC sería el uso más apropiado de los mismos, pues con ello se evitaría la catástrofe social anunciada por el ministro del área.
Por tales razones, los senadores patriotas que aún restan deben seguir negándole al gobierno del presidente Horacio Cartes nuevos endeudamientos del país, hasta que este haya agotado las posibilidades que tiene el Estado paraguayo a su alcance para financiar las obras de infraestructura que nuestro país necesita para su desarrollo.