No se puede detener el progreso

La oposición de los taxistas a la empresa Uber, que mediante una aplicación móvil gratuita conecta entre sí a los usuarios y a los conductores de vehículos registrados en ella para que se brinde un servicio de transporte a menor costo que el ofrecido por los protestantes, no podrá detener el progreso que supone el empleo de los avances tecnológicos en beneficio de la colectividad. Uno de los argumentos que utilizan los taxistas para oponerse a esta innovación en materia de transporte, y que ya funciona en varios países de la región, es que produciría desempleo. Si ese fuera el caso, deberíamos continuar usando máquinas de escribir mecánicas o habrá que impedir la instalación de robots en las fábricas, como ya está ocurriendo en muchos países. Es inevitable que se abran paso nuevas modalidades en la producción de bienes y servicios, si ellas satisfacen en mejores condiciones los requerimientos de la demanda. Por lo demás, esos avances, que no solo mejoran la calidad de la oferta sino que también favorecen el bolsillo del consumidor final, antes que crear desocupación, terminan generando nuevos empleos, en reemplazo de los que se volvieron obsoletos. El interés de 1.500 taxistas de Asunción debe ceder ante el derecho de la población a optar entre dos tipos de prestaciones.

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La oposición de los taxistas a la empresa Uber, que mediante una aplicación móvil gratuita conecta entre sí a los usuarios y a los conductores de vehículos registrados en ella para que se brinde un servicio de transporte a menor costo que el ofrecido por los protestantes, no podrá detener el progreso que supone el empleo de los avances tecnológicos en beneficio de la colectividad. La prestación en expectativa en nuestro país, que ya funciona en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, implicará que los usuarios tengan una nueva opción frente a un servicio, el de los taxis, no pocas veces cuestionado por el precio y por la calidad de los vehículos de su flota.

Uno de los argumentos que utilizan los taxistas para oponerse a esta innovación en materia de transporte es que produciría desempleo. Si ese fuera el caso, deberíamos continuar usando máquinas de escribir mecánicas o habrá que impedir la instalación de robots en las fábricas, como ya está ocurriendo en muchos países. Es inevitable que se abran paso nuevas modalidades en la producción de bienes y servicios, si ellas satisfacen en mejores condiciones los requerimientos de la demanda.

Por lo demás, esos avances, que no solo mejoran la calidad de la oferta, sino que también favorecen el bolsillo del consumidor final, antes que crear desocupación, terminan generando nuevos empleos, en reemplazo de los que se volvieron obsoletos. Puede recordarse aquí que en los inicios de la aparición de los grandes supermercados, algunos sectores lamentaron que tuvieran que desaparecer los pequeños almacenes de los barrios atendidos por sus dueños, pero ahora resulta evidente que, aparte de ofrecer mayor variedad de productos y a mejor precio –muchos de los locales en horario continuado–, los “súper” están dando ocupación a una enorme cantidad de gente. Un reciente informe elaborado por la Cámara de Supermercados y el Ministerio de Trabajo indica que en los últimos cinco años los supermercados y shoppings crearon 17.200 empleos directos y 80.000 indirectos.

Quienes han amenazado con tomar medidas de fuerza interfiriendo el tránsito en el centro capitalino también rechazaron en su momento el taxímetro y el sistema de radio-taxi, y hasta se opusieron a la inspección técnica vehicular, exigencias a las que finalmente se sometieron para bien de los usuarios. Ahora se evidencia que tampoco les gusta la competencia, inherente a la economía de mercado. Quieren seguir monopolizando el servicio de transporte de puerta a puerta al elevado precio que fija la Municipalidad asuncena y que genera pingües beneficios a la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), dueña de las 79 paradas habilitadas gratuitamente y presidida por Aristides Morales, exdirector de Tránsito de la Comuna capitalina.

¿Cuánto recauda la APTA por las autorizaciones que otorga a las decenas de propietarios que operan en cada parada? ¿A qué bolsillos va a parar ese dinero? Actualmente, a una persona que tenga un vehículo que quiera hacer operar como taxi le resulta imposible romper el monopolio que ejercen Morales y sus cómplices sindicalistas. Salvo, por supuesto, que el interesado esté dispuesto a pagar una suma sideral a algún integrante de las paradas que le quiera alquilar o vender su autorización.

Por otra parte, ¿en qué se basa el costo de la tarifa que cobran los taxis a sus usuarios? Por supuesto, allí no entra ningún canon que los taxistas abonen a la Municipalidad, ya que esta no percibe un solo centavo por la ocupación permanente que los mismos hacen de un bien de su dominio público. Está calculado, más bien, para que los dirigentes gremiales, dueños de la mayoría de los vehículos, se hagan de mucho dinero.

Y estos señores son los que se quejan de la “competencia desleal” que conllevaría Uber, como si estuvieran siendo esquilmados por un horrendo canon. A diferencia de la APTA, esa empresa pagará los impuestos que correspondan y ofrecerá un servicio más barato a los usuarios.

En cuanto a la operación de Uber, mediante una aplicación móvil de la empresa que los usuarios tendrán en su teléfono, estos podrán comunicarse directamente con el conductor que elijan de acuerdo al lugar en que se encuentre, y cuyos datos y las características de su vehículo aparecerán en el mismo sitio; los interesados deberán contar con una tarjeta de débito o de crédito, con la que pagarán mediante un pos del que dispondrá el conductor.

En cambio, para requerir los servicios de un taxista deberán recurrir a la central telefónica de la APTA, la que a su vez trasladará su pedido a los conductores de los taxis.

Como el costo para el pasajero será un factor decisivo a la hora de elegir uno u otro servicio, lo que la Municipalidad debería hacer es reducir razonablemente la tarifa de los taxis. Debe atenderse que en otros países el costo del servicio hoy en discusión es inferior en un 30% al del taxi tradicional, con lo cual salen ganando los usuarios. Lo que importa es su satisfacción, como la manifestada por el 94% de los chilenos en una encuesta de abril de 2016.

El interés de los 1.500 taxistas de Asunción debe ceder ante el derecho de la población a optar entre dos tipos de prestaciones. Muchas personas podrán tener ingresos adicionales ofreciéndose como conductores, en tanto que al pagar una suma menor por su traslado de puerta a puerta, los usuarios estarán en condiciones de efectuar otros gastos, favoreciendo a más oferentes de bienes o servicios.

Por supuesto, la habilitación de Uber o cualquier otra unidad de servicio de ese tipo, si lo hubiere, debe estar precedida del cumplimiento de las exigencias en materia de seguridad de los vehículos y de los pasajeros.

En ese sentido, existiendo un interés público, convendría que se dicte una ordenanza exigiendo a los prestadores de este servicio que tengan una póliza de seguros contra daños ocasionados a terceros, por un monto no inferior a veinte salarios mínimos, tal como lo dispone la ordenanza que regula el “servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler”.

Lo que resulta indudable es que no se puede ni se debe impedir el progreso, como ocurrió hace poco al prohibirse en nuestro país la actividad de los camiones bitrenes, debido a la presión de los transportistas de carga con vehículos convencionales. No tiene ningún sentido evitar las múltiples opciones que el desarrollo tecnológico pone a disposición de usuarios y consumidores, al solo efecto de proteger intereses creados. Más temprano que tarde, los diques que se alcen con ese propósito cederán ante el embate de los hechos. Lo que importa es la conveniencia de la generalidad, y si será mejor atendida por un nuevo servicio, habrá que darle la bienvenida que merece. Al fin y al cabo, deben ser los usuarios quienes decidan lo que mejor les convenga.

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