Es conocida la anécdota que se cuenta en la biografía del zar de Rusia, Pedro I el Grande, acerca de su célebre canciller y ministro de Hacienda, Piotr Pávlovich Shafírov, un judío de la rama askenazí que se asentó en Europa Central y del Este, que de humilde vendedor de un almacén moscovita pasó a ser un alto personaje del Imperio ruso, como favorito del emperador. Políglota, vivo y despabilado, llegó a ocupar el cargo de canciller y de ministro de Hacienda. Sin embargo, era un incorregible ladrón de caudales públicos que no desaprovechaba ocasión para meter la mano en la lata del fisco; un consumado cleptómano que llegó a amasar considerable fortuna a su paso por la alta función pública.
Harto el monarca de sus fechorías, un día lo convocó a su presencia increpándolo airadamente: “Ya no tienes remedio, Shafírov; voy a hacerte cortar la cabeza por ladrón”, le espetó el zar. “Y por qué solo a mí”, respondió este. “A todos los concusionarios que como tú roban al Estado”, le replicó el monarca. “Majestad, entonces usted se va a quedar solo”, acertó a responderle su antiguo favorito.
La digresión precedente viene a cuento de la receta que para la cura de la corrupción propuso el presidente Cartes cuando aún fungía como mero candidato a la presidencia de la República: “Que se le corten los brazos al que pide coima”. Ya como Primer Mandatario, reafirmó su compromiso de moralizar la administración pública diciendo: “Paren de robar (…). Si aparece un ladrón, ustedes van a ver que le vamos a cortar la mano, porque el dinero del pueblo seguirá siendo del pueblo”.
Tras más de cuatro años en el cargo, la fábula del presidente Horacio Cartes se ha convertido en verdad de Perogrullo: lo que hace desde el Gobierno no coincide con lo que dice. Lejos de promover en la opinión pública una sensación de real interés en combatir la endémica corrupción que desde hace más de medio siglo corroe a la administración pública, más bien la ha apuntalado para tornarla más desembozada y dañina.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Mientras en los países vecinos de la región y en otras partes del mundo soplan vientos de moralización pública con la vara de la justicia en manos de fiscales y jueces con integridad moral y responsabilidad en el cumplimiento de sus cometidos, haciendo que el sentimiento anticorrupción de la sociedad alcance grado de fiebre, aquí en Paraguay, en cambio, los Poderes del Estado fungen como amparo y reparo de la corrupción, activando el funcionamiento efectivo de sistemas diseñados para enriquecer a los poderosos, al tiempo de poner paños fríos a los reclamos ciudadanos por mayor seguridad, justicia, salud, educación y trabajo.
Bajo el gobierno del presidente Cartes, las élites empresariales a él ligadas se han constituido en bases de soporte personal desde las cuales se dedican a explotar al Estado y la economía, instrumentando a las instituciones públicas para proteger sus ganancias por cualquier medio necesario. Un caso típico de esta prepotencia institucional y de irrespeto a la ley lo constituye la pertinaz insistencia del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, en concesionar la administración y operación del Aeropuerto Silvio Pettirossi a favor del consorcio liderado por la empresa española Sacyr, caracterizada por el incumplimiento de contratos y de extorsiones al Estado en varios países del hemisferio, incluso en la propia España.
Otro caso emblemático de atropello al Estado de derecho lo constituye la desembozada maniobra burocrática perpetrada por el propio Presidente de la República, quien, modificando irregularmente una ley de preservación ambiental decreto mediante, ha deforestado a toda prisa decenas de miles de hectáreas de bosques nativos en el Chaco, dentro de su estancia, a fin de sustituirlos por pastura para ganado. Para cuando ese decreto sea derogado –como ciertamente lo será– el daño ya estará hecho, y será irreparable. Mientras tanto, muchos otros sinvergüenzas a él ligados harán lo mismo.
Bajo el Gobierno de quien prometió cortar la mano a los ladrones que medran a expensas del interés público, la totalidad del aparato burocrático y de seguridad existen primariamente para extorsionar y no para servir, facilitando toda forma de bandidaje, con lo que se crea la imagen de que el Paraguay es un Estado corrupto y criminalizado, como aparece con frecuencia en la prensa internacional.
Con el fiasco del corte de manos de los ladrones que roban al Estado, ha quedado claro que lo que se necesita en nuestro país para reducir la corrupción son esfuerzos por parte de líderes de la sociedad con integridad moral para persuadir a todos los ciudadanos de que, dejando de votar por los candidatos corruptos a cargos electivos, se podrá combatir con más eficacia la corrupción, pues se tendrá un Estado de derecho efectivo, que hoy día brilla por su ausencia.
La gran ironía es que si el presidente Horacio Cartes hubiese cumplido su promesa de cortarles las manos a los ladrones de las arcas públicas, a esta altura el Paraguay ya hubiera sido un país de mancos, parafraseando la advertencia del canciller y ministro de Hacienda Shafírov al zar de Rusia.