Uno de los principios que rigen la prestación de los servicios públicos en cualquier país es que todos los usuarios deben recibir el mismo trato, pero en el nuestro ocurre que los funcionarios de la ANDE, por ejemplo, solo pagan la mitad de la energía eléctrica que consumen, y los de Petropar reciben cada año gratificaciones por el supuesto “buen desempeño” que tuvo la empresa pública, lo que de hecho constituye un aguinaldo adicional o un aumento salarial encubierto.
Casos similares de irritantes privilegios en favor de los funcionarios se dan en muchas entidades públicas. Como el dinero no sale de sus bolsillos, a sus jerarcas no les cuesta nada otorgarse a sí mismos y a sus subordinados beneficios extraordinarios indebidos. Es la manera más fácil de evitar que los sindicalistas les causen problemas y de conseguir que hagan la vista gorda ante sus diversas corruptelas. En otras palabras, compran la paz laboral y el encubrimiento de sus fechorías a costa de los usuarios y de los contribuyentes. Ese comportamiento abusivo en beneficio propio responde a la errada convicción de quienes trabajan en una entidad pública de que son dueños de ella. Los sindicalistas, en particular, le quieren hacer creer a la ciudadanía que las empresas estatales pertenecen “al pueblo”, pero en la realidad se comportan como si ellos y sus jefes fueran los dueños. Nada les resulta más fácil que negociar contratos colectivos de trabajo abusivos u obtener gratificaciones exorbitantes. El grave problema es que así generan una discriminación odiosa en contra de todos los demás habitantes del país y un costo adicional que aumenta el gasto público, y que de hecho se traslada a los indefensos usuarios y contribuyentes, como se está pretendiendo ahora con los aumentos tarifarios solicitados por la ANDE y la Essap.
En efecto, quienes pagan por un pésimo servicio o abonan sus impuestos regularmente se hallan desprotegidos porque no están organizados, como bien acaba de señalar el Presidente de la República. A ellos no se los escucha. Es cierto que hay una Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay, que todavía está muy lejos de ser un grupo de presión influyente como lo es el agresivo sindicalismo del sector público, por lo demás estrechamente vinculado con la clase política.
Quienes desean mantener sus privilegios indebidos suelen invocar unos supuestos “derechos adquiridos”; varios de ellos se fundan en contratos colectivos de trabajo, firmados entre gallos y medianoche, que ni siquiera han sido aprobados por la Secretaría de la Función Pública, y que, por lo tanto, devienen ilegales. Pero, más allá del incumplimiento de este requisito, la cuestión de fondo es que las concesiones inicuas de las que goza el funcionariado no solo atentan contra la moral y contra el principio de igualdad, sino que también constituyen una pesada carga para el erario. ¿Por qué los funcionarios de la ANDE deben pagar menos que los usuarios en general o por qué los de Petropar deben recibir gratis combustible y gas doméstico por los que los demás deben pagar? Los paraguayos no son iguales ante esas empresas estatales, con el agravante de que los desfavorecidos, como si fueran esclavos, son los que pagan los absurdos privilegios de esos ávidos funcionarios. Los toman por idiotas porque los saben inermes, debido a la complicidad de quienes deberían precautelar sus intereses, empezando por los legisladores.
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La ciudadanía no puede seguir atada a unas prácticas aberrantes de las que en las últimas décadas se ha venido haciendo gala en la administración pública y que han sido reconocidas por el propio Poder Ejecutivo. El presidente Horacio Cartes afirmó que no autorizará el reajuste tarifario solicitado por la ANDE y la Essap antes de que esas empresas eliminen los beneficios discriminatorios incluidos en sus contratos colectivos de trabajo. Es de esperar que se mantenga en esa atinada posición y que la medida se extienda a todo el sector público, incluyendo en la exigencia a las indignantes gratificaciones. Es hora de poner fin al repugnante desvío del dinero de todos a las faltriqueras de los supuestos servidores públicos. Quienes les pagan sus sueldos –los habitantes del país– rechazan continuar tolerando ser esquilmados aviesamente, bajo el pretexto de las remuneraciones “adicionales” o de los contratos colectivos de trabajo leoninos. No hay ni puede haber “derechos adquiridos” en contra de la ley.
Se debe poner fin al carnaval de derroche del dinero del pueblo que realizan los sindicatos con las instituciones del Estado paraguayo.